Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que, a través de los organismos competentes, informe a la brevedad -y acompañe copia en caso de corresponder- sobre la empresa IATASA, firma que tenía por objeto auditar el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE). En particular, se solicita informe sobre:

1) Las licitaciones en las cuales se presentó la empresa IATASA desde 2003 a la fecha y en las que quedó seleccionada.

2) Detalle de los contratos realizados entre el Estado Nacional y la empresa IATASA desde 2003 hasta la fecha.

3) Los antecedentes de la empresa IATASA que sirvieron como base para que fuera seleccionada para auditar el Sistema Único de Boleto Electrónico.

4) El plan estratégico o plan de acción presentado por la empresa IATASA al momento de la licitación o al quedar seleccionada, según corresponda, que permite conocer las acciones de la empresa a fin de auditar el SUBE.

5) Si existen contratos, desde 2003 hasta la fecha, entre el Estado Nacional y la empresa Consular S.A. De existir los mismos, informe cada uno de ellos.

6) Si existen contratos, desde 2003 hasta la fecha, entre el Estado Nacional y las empresas Global Infrastructure, IRV y González Fischer y Asociados. De existir, informe cada uno de ellos.

7) Las razones por las cuales desde el Estado Nacional se suspendió el contrato de licitación para auditar el SUBE con la empresa IATASA.

Señor presidente:

En los últimos meses, el sistema de transporte de nuestro país -y en particular el interurbano del AMBA- ha sido noticia. La tragedia de once, que dejó un saldo de 51 muertes, destapó lo que muchos ya veníamos denunciando desde hace años: un entramado de corrupción pública y privada, con millones de pesos circulando y con un servicio altamente deficiente, cuyos principales afectados son los sectores medios bajos y bajos, los mayores usuarios del servicio público.

Los mismos funcionarios a cargo de la Secretaría de Transporte -que tuvieron que dejar su cargo luego del trágico accidente y que están siendo investigados por la justicia- son los responsables del Sistema Único de Boleto Electrónico, que está empapado de irregularidades y sospechas de corrupción. Desde su lanzamiento, el SUBE fue mal comunicado e implementado. Recordemos las largas colas de personas tratando de obtener su tarjeta, a principios de año, luego del anuncio del gobierno -a través de una publicidad en la televisión- en donde se informaba que el boleto pasaría a costar más caro si no se pagaba a través del SUBE. La implementación del costo diferencial se implementó en julio de 1012, 8 meses más tarde.

Pero esta no es la mayor irregularidad -aunque si sirve de muestra de una forma de hacer política irresponsable y desprolija, por lo menos-. Las sospechas en la licitación para otorgar el control del Sistema dieron lugar a una investigación judicial y a la suspensión del contrato. Las empresas a las que les fue otorgado este negocio son viejas conocidas del Ministerio de Planificación, organismo del cual dependía hasta hace poco tiempo la Secretaría de Transporte y contratante de las firmas investigadas.

IATASA y Consular S.A. son empresas que han ganado varias licitaciones desde el 2003 tanto a nivel nacional como en la provincia de Santa Cruz. Asimismo, IATASA formó un consorcio con Global Infrastructure, IRV y González Fischer y Asociados para la licitación de la SUBE, sin embargo Global Infraestructure resultó ser una empresa fantasma, sin sede en el país y con una dirección "trucha" en Londres. A pesar de todas estas irregularidades, se les otorgó este contrato millonario de alrededor de 65 millones de pesos.

Pero los vínculos no terminan allí. Varios de los directores de IATASA y de Consular S.A. fueron aportantes de la campaña de Cristina Fernández de Kirchner en 2007. Si bien es legítimo que ciudadanos aporten a campañas electorales resulta sospechoso que lo hagan empresarios que obtienen frondosas licitaciones públicas. A esto se le suma irregularidades en los datos de los aportantes, como por ejemplo, documentos de identidad falsos o femeninos asociados a un nombre masculino.

La corrupción en la Secretaría de Transporte no sólo hace perder millones de pesos al Estado argentino. Cuando los fondos se destinan para engrosar bolsillos de funcionarios y empresarios amigos y no para mejorar el sistema de transporte público terrestre pasan los accidentes que, lamentablemente, estamos acostumbrándonos a que ocurran.

Por todo lo expuesto, les solicito a mis colegas, me acompañen con su firma en este proyecto de resolución.