Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional, para que a través de los Organismos que correspondan, se sirva informar a esta Cámara, con el mayor detalle posible, la situación patrimonial de la Compañía de Valores Sudamericana S.A., cuya intervención transitoria por 60 días fue dispuesta mediante Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1338/2012.

A tales efectos, se solicita al Poder Ejecutivo Nacional se sirva remitir a esta Cámara, copia certificada de la siguiente documentación:

Balance General

Estado de Resultados y Patrimonio Neto

Estado de Origen y Aplicación de Fondos

Notas y aclaraciones a los estados anteriores

Actas de las asambleas societarias que los aprobaron

Inventario general de bienes, incluyendo:

Identificación de los bienes muebles registrables y no registrables

Identificación de los bienes inmuebles e inscripciones registrales

Valores de adquisición

Valores actualizados, si fueran distintos a los de adquisición

Coeficientes de amortización

Prendas, embargos, hipotecas y cualquier otra limitación a su uso o disponibilidad

Estado de uso

Señor presidente:

El Gobierno Nacional, mediante su Mensaje N° 1337/12 (Expediente PE-127/12) ha dispuesto la remisión al HONORABLE CONGRESO DE LA NACION de un Proyecto de Ley a través del cual se propicia la declaración de utilidad pública y sujeta a expropiación de la COMPAÑÍA DE VALORES SUDAMERICANA S.A.

Asimismo, y por medio del citado DNU 1338/2012, el PEN dispuso la intervención transitoria, por un período de 60 días, de la Compañía de Valores Sudamericana S.A.

En los fundamentos de esta última medida, el PEN indicó que para asegurar el total y absoluto cumplimiento de las medidas que se proponen a través del referido Proyecto de Ley, "resulta imperioso disponer la intervención transitoria de la COMPAÑÍA DE VALORES SUDAMERICANA S.A. por un plazo de SESENTA (60) días con el fin de asegurar la continuidad de las actividades de la empresa y la preservación de sus activos y de su patrimonio".

Por efecto de la intervención ya dispuesta, los funcionarios designados por el PEN tienen acceso a la totalidad de la documentación de la compañía, y ejercen el control de todos los bienes que conforman su patrimonio.

El conocimiento por parte del Congreso de la Nación del estado de la situación patrimonial de la empresa intervenida, cuya declaración de utilidad pública se ha propiciado, resulta indispensable tanto para analizar el Proyecto de Ley, como para completar el trámite previsto para el Decreto de Necesidad y Urgencia, ya que constituyen elementos de juicio sin los cuales no será posible tomar decisiones basadas en elementos objetivos, a fin de resguardar el interés público.

En ese sentido, el cuerpo necesita conocer cuáles son las deudas que eventualmente gravan el patrimonio que será declarado de utilidad pública, puesto que el Estado Nacional no debería en ningún caso hacerse cargo de pasivos que no estén estrictamente basados en la utilidad pública que se pretende poner a salvo en beneficio de la comunidad, y no para desvincular a quienes operaron la empresa de las obligaciones previamente contraídas.

Por otra parte, debe tenerse presente que el artículo 5° de la Ley 21.499, invocada en el Proyecto de Ley enviado por el PEN, establece que "La expropiación se referirá específicamente a bienes determinados. También podrá referirse genéricamente a los bienes que sean necesarios para la construcción de una obra o la ejecución de un plan o proyecto; en tal caso la declaración de utilidad pública se hará en base a informes técnicos referidos a planos descriptivos, análisis de costos u otros elementos que fundamenten los planes y programas a concretarse mediante la expropiación de los bienes de que se trate, debiendo surgir la directa vinculación o conexión de los bienes a expropiar con la obra, plan o proyecto a realizar. En caso de que la declaración genérica de utilidad pública se refiriese a inmuebles, deberán determinarse, además, las distintas zonas, de modo que a falta de individualización de cada propiedad queden especificadas las áreas afectadas por la expresada declaración".

Desde este punto de vista, resulta pertinente establecer cuáles son los bienes directamente ligados a la utilidad pública, puesto que el estado no debería hacerse cargo de activos redundantes o innecesarios, de las deudas que eventualmente los graven, ni del perjuicio que para sus arcas implicaría una diferencia entre el valor de tasación y el valor de realización en subasta pública de aquello que no resulta útil para el objetivo buscado. Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen con su voto afirmativo este proyecto.