Su más enérgico repudio por la persecución y el desalojo sufrido por la Comunidad Indio Colalao, Pueblo Originario Diaguita, así como el arresto de dos personas pertenecientes a la misma y la orden de detención de 25 de sus miembros, en el marco de un conflicto por el territorio que habitan ancestralmente en el Departamento de Trancas, Provincia de Tucumán.

Señor presidente:

La Comunidad Indio Colalao vive desde hace tiempo una fuerte y sistemática persecución por la titularidad y tenencia de las tierras que tradicionalmente habitan, tal como sucede con muchos otros pueblos indígenas, pero en este último mes la situación se ha agravado notablemente.

La comunidad perteneciente al Pueblo Diaguita se encuentra en Base Riarte, departamento de Trancas, provincia de Tucumán. El pasado 4 de julio fue desalojada de dichos territorios por fuerza policial tucumana, tras semanas de resistencia pacífica y en medio de una polémica suscitada por la propiedad de alrededor de 19.000 hectáreas que son reclamadas por dos particulares: Freddy Moreno Núñez Vela y Jorge Posse.

Más de 250 policías participaron del desalojo, intimidando a los comuneros con tiros al aire y palos. Ya la última semana de junio la comunidad había sufrido un "allanamiento". Desde entonces, 20 camionetas y tres colectivos policiales estaban apostados en las cercanías a la espera de la orden judicial para desalojar a los aborígenes de su territorio.

La comunidad estableció un campamento pacífico desde el 4 de julio en el margen sur del río Anta, en defensa de su territorio, y allí realizaban asambleas y debates, sin obstruir el tránsito.

El viernes 27 la policía de la provincia procedió al arresto de dos personas pertenecientes a dicha población originaria, Beco Mercado y Manuel Pastrana, a raíz de una orden dictaminada por el Fiscal de la X Nominación, Guillermo Herrera, en una causa iniciada por Nuñez Vela, en la que se ordenó detener a cerca de 25 miembros de la comunidad.

La ley 26.160 que suspende los desalojos de tierras habitadas por comunidades indígenas se encuentra vigente pero es letra muerta en la mayoría de las provincias argentinas. Son habituales los enfrentamientos judiciales entre terratenientes y pueblos originarios en los que los jueces aplican el derecho civil, desconociendo absolutamente el derecho específico, el derecho indígena, favoreciendo a particulares en desmedro de los que la constitución ha declarado preexistentes a la Nación...

Los relevamientos territoriales que ordena la ley 26.160 se demoran y en algunos casos ni siquiera se han iniciado, los desmontes son moneda corriente y la frontera agrícola se expande avanzando sobre territorios ancestrales.

La comunidad Indio Colalao denuncia: "Detrás del desalojo y las detenciones están el modelo sojero y los terratenientes. La justicia y el poder político en Tucumán vuelven a actuar en conjunto y con llamativa celeridad resuelven causas y detenciones en una clara criminalización de la protesta". "Estamos ante la presencia de una clara persecución política apuntada a acallarnos. Entraron a las casas, violentaron los domicilios, destrozaron el patrimonio nuestro, nuestra identidad, nuestra memoria, es una situación inentendible en pleno siglo XXI", comentó Ovejero sobre el procedimiento dispuesto el pasado 27 de julio.

El estado nacional y los estados provinciales continúan en deuda con las comunidades indígenas, debemos encontrar urgente y necesariamente un camino de paz y justicia que otorgue los títulos que les corresponden, la tranquilidad de no tener que luchar día a día por retener lo que es suyo y poder generar alternativas reales para que cada comunidad se desarrolle de la forma que les es propia.

La criminalización de la protesta social y el poder represivo estatal a disposición de particulares son parte de un modelo netamente neocapitalista y antidemocrático. Lamentablemente son resortes que se han tornado habituales en los conflictos territoriales que tienen como protagonistas a los pueblos originarios, que a pesar de los discursos siguen formando parte de la Argentina invisibilizada.

Por lo antes expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto.