Señor presidente:

Que vería con agrado la conformación de una MESA DE DIÁLOGO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD MINERA en la Provincia de Catamarca.

Dicha comisión podría estar integrada por representantes de altas autoridades del Ministerio del Interior, la Secretaría de Minería de la Nación, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, representantes de la Universidad Nacional de Tucumán y del Sistema Universitario Nacional en calidad de miembros del directorio de YMAD (Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio), las autoridades locales que el Eje- cutivo de la Provincia de Catamarca considere conveniente; representantes de las cámaras del sector minero, del ámbito sindical correspondiente y las organi- zaciones sociales, políticas, no gubernamentales, de Derechos Humanos y Asambleas de Vecinos de las distintas localidades de dicha jurisdicción.

En calidad de garantes y facilitadores del diálogo podrían participar representantes del Poder Legislativo Nacional y Provincial, la Defensoría del Pueblo de la Nación, el Servicio de Paz y Justicia, y otros organismos de Derechos Humanos en el ámbito nacional con interés de participar.

Asimismo, considera como temas de importancia prioritaria para una posible agenda de trabajo de dicha Mesa:

1- La modificación del marco regulatorio de la actividad minera en la provincia.

2 - El cumplimiento de la Ley 26.639 de Protección de Glaciares en el ámbito de la provincia, especialmente en cuanto a la realización del Inventario y lo previsto en el art. 7º sobre participación ciudadana en la Evaluación de Impacto Ambiental, en forma pre- via a la autorización y ejecución de proyectos.

3 - La protección de la biodiversidad y sustentabilidad de los recursos hídricos de la provincia, garantizando el Derecho Humano al Agua, estableciendo prioridad para el consumo, saneamiento y actividades básicas de la población en la provisión de agua potable.

4 - El cumplimiento de los mecanismos de consulta previa previstos en el Convenio 169 de la OIT y demás Convenios Internacionales subscriptos por nuestro país en relación a los Pueblos Originarios que habitan dicha provincia. Revisión de los proyectos aprobados sin contemplar estos requisitos.

5 - El establecimiento de mecanismos de control y participación en el desarrollo de las actividades de explotación minera de YMAD, especialmente las referidas al cierre de mina del proyecto La Alumbrera.

6 - El establecimiento de mecanismos de consulta previa a las localidades que cuenten con solicitudes para el establecimiento de proyectos de minería a cielo abierto.

7 - La investigación y sanción correspondiente a los funcionarios responsables de las represiones en las distintas localidades del interior de la provincia, en febrero de 2010 y en enero y febrero de 2012.

8 - El desprocesamiento de los/as personas judicializados/as en protestas o manifestaciones vinculadas a la actividad minera en la provincia.

De igual manera, consideraría conveniente hasta tanto se expida la Mesa de Diálogo en los temas mencionados, que sus integrantes se comprometan a:

- Establecer una moratoria para todos los proyectos mineros a gran escala y para el otorgamiento de nuevas concesiones mineras.

- Suspender los bloqueos selectivos a proveedores de las empresas mineras y cualquier otra medida que interfiera el desarrollo de la actividad en la provincia.

FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

En febrero de 2012, en el marco de un acto en Casa de Gobierno, ante las declaraciones y reclamos de un trabajador minero en Olavarría, la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner llamó a una "discusión en serio" sobre la actividad minera en nuestro país, considerando que se debe exigir "calidad ambiental a las empresas", y "responsabilidad y seriedad en los planteos" a aquellas personas que se oponen a la megaminería con posturas "dogmáticas y cerradas".

Inmediatamente la Cámara Argentina de Empresarios Mineros y el Grupo de Empresas Mineras Exploradoras de la República Argentina, en un comunicado expresaron "Esta- mos convencidos de que el diálogo serio y responsable es la condición indispensable para avanzar en el desarrollo de esta industria".

El día anterior a las declaraciones de la Presidenta, una violenta represión había sofocado una protesta en la localidad de Tinogasta, en Catamarca, donde pobladores realizaban un bloqueo selectivo a camiones proveedores de la industria minera. El resultado fue una importante cantidad de heridos y más de 50 manifestantes judicializados por llevar adelante la protesta. Previamente en otras localidades del interior de la provincia se habían realizado operativos de intimidación, en Santa María y Belén, también en protesta por la actividad minera. Ya en febrero de 2010 hubo una respuesta similar en la localidad de Andalgalá, donde manifestantes expresaban el rechazo al proyecto minero Agua Rica, también allí hubo varios heridos y vecinos con procesos judiciales abiertos.

En febrero de este año, luego de la represión en Tinogasta, un grupo de manifestantes a favor de la minería bloqueó la entrada de Andalgalá, decidiendo quién ingresaba y quién no a dicha localidad, impidiendo el ingreso entre otros, a concejales de dicha localidad, miembros de organismos de Derechos Humanos y legisladores nacionales que intentaban ingresar buscando una salida política al conflicto, todo esto ante la presencia indiferente de la policía provincial.

A cinco meses de las declaraciones de la primer mandataria, continúan los bloqueos selectivos en dicha provincia y lejos de iniciar vías de diálogo con los manifestantes, la gobernadora Lucía Corpacci, en mayo pasado, solicitó a la presidenta de la Corte de Justicia, Amelia Sesto de Leiva, y al procurador general del máximo tribunal, Enrique Lilljedahl que "arbitren los mecanismos conducentes a los efectos de hacer cesar el impedimento de tránsito que afecta a la libre circulación de las rutas, la libertad de trabajar, la libertad de comercializar y a la libertad de ejercer industria lícita en la ruta 60", desoyendo el pedido de audiencia solicitada en reiteradas oportunidades por los manifestantes.

En respuesta, a principios de junio, la jueza titular de la Corte provincial, Sesto de Leiva manifestó públicamente en relación al bloqueo de Tinogasta sobre ruta 60, que "la cárcel es la solución para los ambientalistas, ya que se llevaron a cabo todos los trámites y diligenciamientos por parte de la Justicia y los cortes no se pudieron levantar", y que "es la policía la responsable directa de desalojar la ruta", anunciando que junto con el resto de los ministros de la Corte se reunirán con funcionarios de la policía Federal y Gendarmería, que tienen competencia por tratarse de una ruta nacional.

Para el 14 de julio del corriente año, asambleas de distintas localidades de Catamarca anuncian el inicio de un nuevo bloqueo selectivo, en la intersección de las rutas 60 y 40, en el paraje conocido como Cerro Negro, casi al límite con la provincia de La Rioja.. Días previos, una posta policial se ha instalado en el mismo lugar, en clara actitud intimidatorio ante quienes se detienen en el lugar.

Desde el inicio de actividades de Minera La Alumbrera, a la fecha el proyecto de megaminería más grande del país, se presentaron denuncias y reclamos por contaminación y fallas en su funcionamiento. El propio Director de Ambiente de Tucumán, Juan A. González, inició en 1999 la primera denuncia penal contra la empresa por violación de la Ley de Residuos Peligrosos, por las pérdidas en el canal DP2. Por esa causa, en mayo de 2008 el Juzgado de Tucumán dictó el procesamiento de Julián Rooney, Vicepresidente de la empresa, causa que sigue abierta a la fecha.

En 2003 el ex inspector de Calidad Minera de la Provincia de Catamarca, Héctor Nievas, demostró las filtraciones del dique de colas de la mina. En 2004 la empresa reconoció públicamente un derrame en el río de Villa Bil, en Belén, en la estación de bombeo II; dos nuevos derrames en el 2006, en Villa Bil y en Ampoujaco; en el 2007 en Santa Ana; y el último a fines de mayo del 2012, nuevamente en Villa Bil. En 2005 el Defensor del Pueblo de Santiago del Estero se presentó como querellante en la causa ante el Juzgado Federal por contaminación del Dique de Termas de Río Hondo. A partir de 2009 distintas unidades académicas del Sistema Universitario Nacional decidieron rechazar los fondos previstos en la Ley 14.771, de creación de YMAD, principalmente por los fuertes cuestionamientos y denuncias que pesan sobre la empresa. La Universidad de Córdoba, la de Río V y la de Luján son algunas de las que se pronunciaron en ese sentido.

Sin embargo, tanto la empresa como el gobierno provincial -el actual y el anterior- siguen negando rotundamente la contaminación y los daños causados en todos estos años, situación que ha generado una legítima preocupación de pobladores de distintas localidades sobre las garantías de control que pueden ejercer las autoridades sobre dicha actividad.

Las comunidades de Tinogasta y de Andalgalá no eligieron en primera instancia la metodología del corte de ruta para expresar su desacuerdo; es la vía a la que las han llevado las mismas autoridades provinciales, no sólo con la falta de respuesta a sus legítimos reclamos en estos casi veinte años de lucha, sino también por la imposibilidad de manifestar su voluntad a partir de los mecanismos institucionales previstos por el sistema democrático, cercenados al menos en dos oportunidades por la propia Justicia provincial.

En ambas localidades, vecinos y vecinas lograron que sus Concejos Deliberantes dictaran ordenanzas habilitando plebiscitos de consulta en torno a emprendimientos que sin lugar a duda afectarían su comunidad. A fines de 2007 la Corte Suprema provincial dio lugar a un pedido de amparo presentado por la Fiscalía de Estado y suspendió la consulta del Tinogasta, 48 hs antes de su realización. Los vecinos llevaron adelante igualmente la votación, a pesar de no ser reconocida logró una importante adhesión, con un amplio rechazo a la instalación del proyecto.

En Andalgalá, en el mes de marzo de 2010, luego de la represión mencionada anteriormente, el Concejo Deliberante sancionó una ordenanza habilitando un "referéndum facultativo" por el sí o no al proyecto Agua Rica. La Justicia provincial nuevamente suspendió la medida, haciendo lugar al amparo presentado por el intendente José Perea reclamando la inconstitucionalidad de la norma.

Ninguno de los mega emprendimientos mineros presentados o en funcionamiento en la provincia cumplió con los mecanismos de consulta previa a las comunidades de pueblos originarios involucradas en el territorio ni se habilitaron audiencias públicas para las Evaluaciones de Impacto Ambiental. En relación a los pueblos originarios, uno de los impedimentos concretos tiene que ver con el reconocimiento de las comunidades y su territorio en la provincia. Según el informe presentado ante el Relator Especial de Naciones Unidas (ONU) para Pueblos Indígenas, James Anaya, elaborado por Organismos de Derechos Humanos en diciembre de 2011, en el caso de Catamarca el relevamiento territorial se lleva a cabo de manera centralizada por el INAI. Lamentablemente, a pesar del tiempo transcurrido desde la sanción de la ley 26.160, ninguna comunidad de la provincia ha podido lograr que el INAI otorgue una resolución administrativa delimitando el territorio ancestral que viene ocupando tradicionalmente.

Múltiples sectores de la sociedad se han hecho eco del reclamo de un "diálogo serio y responsable" en torno a la minería en nuestro país, a partir de los conflictos planteados en distintas provincias. Existen antecedentes de creación de mesas de diálogo por conflictos desatados en el interior del país, entre ellas la constituida a partir del conflicto de la Comunidad Qom La Primavera y el gobierno de la provincia de Formosa. Instancias que plantean importantes desafíos para fortalecer la democracia y la participación en situaciones críticas, que requieren una compleja resolución. Pero que a pesar de las dificultades sin duda se plantean superadoras a la vía represiva.

Por todo lo expuesto es que solicito a los compañeros/as diputados/as acompañen con su voto el presente proyecto