Su profunda preocupación por la solicitud efectuada por el Sr. Juez, a cargo del Juzgado Nacional en lo Penal y Económico Nº 4, Dr. Alejandro Catania, con relación a los periodistas que hayan tratado temas vinculados con los índices inflacionarios desde el año 2006 por considerarla una actitud intimidatoria y violatoria de la libertad de expresión.

Señor presidente:

Con gran preocupación hemos recibido la noticia de la requisitoria que el Juzgado Nacional en lo Penal y Económico Nº 4, a cargo del Dr. Alejandro Catania, está realizando con relación a los periodistas que tratan temas vinculados con los índices inflacionarios.

Esta situación se produce en el marco de la causa penal que el Secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, inició contra los economistas Carlos Melconian y Rodolfo Santangelo, titulares de M&S Consultores, por difundir índices de precios diferentes al del INDEC.

Según publica el diario El Cronista: "En un exhorto con fecha 15 de septiembre, Catania insta informar, en el plazo de cinco días, si El Cronista ha "facturado espacios para publicaciones a M&S Consultores o a Carlos Melconian o Rodolfo Santangelo, desde el año 2006 hasta la fecha". También pidió "suministrar la nómina, dirección y teléfonos de contacto de los periodistas -editores, redactores, etc.- que hayan publicado en el referido diario noticias vinculadas a índices inflacionarios" a partir del año 2006".

Según el matutino la orden judicial se dirige a los periódicos El Cronista Comercial, Ámbito Financiero, Clarín, La Nación y Página 12.

En el mismo sentido, el juez habría solicitado al Fondo Monetario Internacional que le informe como elabora el índice de inflación de la Argentina.

Este hecho constituye un acto de extrema gravedad que afecta directamente el derecho de libertad de expresión consagrado por la Constitución Nacional, artículos 1º, 14, 14 bis y 43 y la Convención Americana de Derechos Humanos - Pacto de San José de Costa Rica- Artículo 13.

Más aún cuando mediante la reforma constitucional de 1994 se incorporó el artículo 43 "in fine" que establece la protección de las fuentes periodísticas tutelando el secreto de las fuentes de información lo que se pone de manifiesto en el derecho del periodista de negarse a revelar la identidad del autor de la información al empleador, a los terceros y a las autoridades públicas o judiciales. Pero también en el deber que tiene el periodista de no revelar públicamente las fuentes de información recibidas confidencialmente.

El hecho de solicitar los datos personales de los trabajadores de prensa no se puede interpretar de otra forma que no sea un intento de confeccionar una nómina detallada de aquellos periodistas que emiten opiniones o difunden información que el gobierno quiere acallar. De otra manera es injustificable este accionar por parte de un magistrado nacional.

Este tipo de prácticas intimidatorias nos remite a los peores hechos del pasado político reciente, al ser el mismo Estado, a través de uno de sus poderes el que violenta los derechos que se supone debe proteger.

Tales acciones resultan ajenas al estado de Derecho Constitucional y merecen nuestro más profundo y enérgico repudio.

Por lo expuesto Sr. Presidente, le solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.