Expresar repudio por la represión llevada a cabo por la policía de la Provincia de Tucumán contra la Comunidad Indio Colalao, en cumplimiento de la decisión del Poder Judicial para desalojar el territorio donde está asentada la Base de Riarte de esa comunidad, en el De- partamento Trancas, de dicha provincia, incumpliendo lo establecido en la ley 26.160, de suspensión de desalojos hasta tanto concluya el relevamiento terri- torial en las comunidades de pueblos originarios.

De la misma manera expresar pre- ocupación por la violación sistemática a los derechos humanos sufridas por los miembros de esa comunidad, a pesar de las reiteradas denuncias presentadas ante las autoridades correspondientes.

Señor presidente:

El 7 de junio de 2012 miembros de la Comunidad Indio Colalao se manifestaron en la capital de Tucumán para hacer conocer la situación de vulnerabilidad de derechos por la que atraviesan, sobre todo en Riarte Norte (Trancas, Tucumán). Allí intentaron reunirse con Daniel Fernández, presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

Según Cinthia Ove- jero de la Comunidad Indio Colalao, los conflictos que los movilizaron "se vie- nen suscitando en todos los territorios de las comunidades desde hace mucho tiempo y se han recrudecido con el inicio del relevamiento territorial. En nuestra comunidad en el año 2010 se inició este proceso, y aún así se ha cerrado un camino vecinal que fue utilizado por nuestros abuelos y por nosotros siempre. El único camino que permite el acceso de vehículos". Los habitantes de las co- munidades - comuneros - no pueden ser auxiliados en casos de accidentes porque ningún vehículo -ambulancias por ejemplo- puede llegar a la zona. De- nunciaron "el cierre de la escuela primaria Nº 31, por lo que hoy nuestros niños tienen que recurrir por educación a la provincia de Salta, o sea que la provincia no se está haciendo cargo de esto" y además hay "personas que se quieren apropiar de nuestro territorio, en nuestro caso son Fredy Moreno Núñez Vela perteneciente a la firma Zanja Honda y Jorge Posse perteneciente a la firma Agro Avance".

Como resultado de esta moviliza- ción sólo lograron declaraciones de Fernández y reunirse con funcionarios en la Defensoría del Pueblo de Tucumán. El 15 de junio desterraron un comunero no vidente en la Base Riarte, Don Elías Apaza. El terrateniente pretende apoderar- se de 19.000 hectáreas, una extensión que representa más del doble de super- ficie que el propio departamento capital de Tucumán". Ante esto, la comunidad retomó a ese territorio y se constituyó en asamblea permanente en el lu- gar.

Unas horas después, la policía de Trancas se hizo presente en el lugar con intenciones de desalojar y reprimir a los miembros de la Comunidad Indio Colalao que allí se encontraban. Éstos re- sistieron durante el día y la noche del lunes los embates policiales. Del operati- vo, participó también la policía de Salta con la excusa de resguardar que no se presente ningún grupo armado o se produzca algún ataque, según informaron desde Riarte.

Pero el hostigamiento de los terra- tenientes no es nuevo. En octubre de 2010 denuncian que los terratenientes cerraron el único camino vecinal que permite el ingreso con vehículos a la zo- na.

En la mañana del martes 18, hubo un nuevo intento de la policía de Trancas también resistido por los comuneros. También informaron desde Riarte que lograron que ingrese una ambulancia para atender a dos abuelos, Don Mercado y Doña Cardozo, quienes requerían asistencia médica; y que por el corte del camino, realizado Fredy Moreno Núñez Vela y Jorge Posse, antes no podía ingresar ambulancia ni vehículo algu- no.

A continuación, reproducimos el comunicado difundido por la propia comunidad:

"A la opinión Pú- blica, a los Organismos de DD HH, Movimientos Sociales, Partidos Políti- cos:

La Base de Riarte perteneciente a la Comunidad Indio Colalao, PJ 33/11-ReNaCI, de la Nación Diaguita nos constituimos en asamblea permanente en nuestro territorio para impedir nuevamente la violación de derechos elementales hacia nuestros her- manos y proteger la posesión ancestral que tenemos como pueblo preexisten- te.

Desde hace tiempo esta Comunidad denuncia la violación constante y sistemática de derechos por parte de Freddy Moreno Núñez Vela y Jorge Posse, quienes comenzaron un plan de expulsión de nuestros hermanos que allí habitan, manejándose como verdaderos encomenderos en pleno siglo XXI: matan animales, impiden a nues- tros hermanos sembrar, bloquean el agua de acequia que utilizan para riego y consumo. Pero su violencia recrudeció al comenzar la aplicación en la Provincia de la ley 26160: desde septiembre del año 2010 cerraron el único camino veci- nal que permite el acceso con vehículos, con un portón con candado; enviaron allí personas ajenas al lugar, armadas cuya función era y es controlar el ingreso y salida, llegando inclusive a pedirles Documento Nacional de Identidad a nues- tros comuneros.

Su impunidad llega a punto tal que durante el ultimo Censo Nacional realizado el 27 de octubre de 2010, no se censaron a todas las Familias de la Base, mientras que las que fue- ron censadas lo hicieron en presencia de una escribana y de Sebastian Moreno (hijo de Freddy Moreno Nuñez Vela), todo ello quedo constatado en la corres- pondiente denunciadas al Indec. Pero amparados en sus vínculos locales, conti- nuaron con sus ataques y en Diciembre se presenta en Riarte el Juez de Paz de Trancas Ciro Castro, a pedido de Freddy Moreno Nuñez Vela, y violentando el domicilio del delegado de Base Benito Toledo, le retiran todas sus pertenencias para dejarlas posteriormente en el juzgado de Paz de El Jardín Provincia de Sal- ta, a cargo de Ismael Abadia.

En esta política de desarraigo se cerró la escuela Primaria Nº 31 y desde el año 2006 la Comuni- dad viene reclamando su reapertura al Ministerio de Educación de la Provincia de Tucumán, reiterando el pedido en numerosas oportunidades; mientras tanto nuestros niños deben recorrer 14 km diarios para poder suplantar esta carencia de Educación en la Provincia de Salta.

Freddy Moreno Nuñez Vela y Jorge Posse cuentan con todo el aparato policial a su disposición para atentar contra nuestros comuneros. Tal es la situación que la Policía de Tucumán atraviesa constantemente la Provincia de Salta, violando su jurisdic- ción, para reingresar a hostigar a nuestros hermanos de la Base Riarte.

La comunidad vie- ne denunciando estos hechos de violencia en todos los organismos de Derechos Humanos Provinciales y Nacionales, como el INADI Tucumán y Nacional, Secre- taria de Derechos Humanos de la Provincia y Nación, Defensoría del Pueblo de la Nación y de la Provincia de Tucumán, Comuna de San Pedro de Colalao, y por supuesto ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas; pero no ha teni- do respuesta hasta el momento de ninguno de ellos.

Denunciamos que Moreno Nuñez Vela y Posse pretenden apropiarse de 19.000 ha. de monte nati- vo donde se encuentra la Base Riarte Norte, en función de que en el año 2003, en connivencia con la Familia Prat Gay, encubrieron un negociado resultado del vaciamiento del Banco de Crédito Rural. En ese momento el actual diputado del ARI Alfonso Prat Gay, presidía el Banco Central de la República Argentina, enti- dad que tenía como garantía el territorio Colalao por la deuda contraída por Jorge Prat Gay, resultado de sucesivos préstamos solicitados. El uso de nuestro territorio para sus negociados derivo en la entrega por parte del BANCO CEN- TRAL DE LA NACIÓN ARGENTINA de nuestros hermanos que allí habitan como un elemento más del paisaje.

Durante los últimos días se produjo la expulsión de uno de nuestros comuneros, Don Elias Apaza, un abuelo no vidente con serios problemas de salud. Ante este nuevo e indig- nante atropello la Base Riarte ha decidido no permitir que se continúe violando sus derechos colectivos, por ello se constituye en asamblea permanente en el territorio en conflicto hasta que toda esta situación se resuelva y los derechos de nuestros hermanos se hagan efectivos.

Con esta realidad histórica que hoy nos toca vivir pero con la firme decisión de cambiarla es que solicitamos a la sociedad en general, organizaciones de derechos humanos, ambientalistas y a nuestros hermanos de Pueblos Originarios, que se solidaricen con nuestro reclamo; ya que hemos entregado todo para ver a NUESTRA MA- DRE Y HERMANOS LIBRES. Contactos: 0381- 155331179, 0381-155238241, ayllucolalao@gmail.com"

El antecedente del crimen del co- munero Javier Chocobar de la Comunidad Indígena de Chuschagasta (también en Trancas) el 12 de octubre de 2009 tiene demasiados puntos en común con los conflictos en Riarte.

En los primeros días de julio ya es inminente el desalojo de la comunidad en esa zona, más de 250 efectivos poli- ciales se han hecho presentes para hacer efectiva la orden de la Justicia, des- conociendo leyes fundamentales como la 26.160, que prohíbe los desalojos hasta tanto no se culmine el relevamiento territorial en las comunidades.

Por todo lo expuesto es que solici- to a los compañeros/as diputados/as acompañen con su voto el presente pro- yecto