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Foto Diputado de la Nación Gerardo Milman

Gerardo Milman

Diputado de la Nación

PRO

Período: 10/12/2021 - 09/12/2025

PROYECTO DE RESOLUCION

Expediente: 3442-D-2012

Sumario: PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LA DISTRIBUCION DE LA PUBLICIDAD OFICIAL EN MEDIOS DE COMUNICACION DURANTE EL AÑO 2011.

Fecha: 28/05/2012

Publicado en: Trámite Parlamentario N° 56

Proyecto
Dirigirse al Poder Ejecutivo para solicitar que informe, a través de los organismos correspondientes, sobre distintas cuestiones referidas a la distribución de la publicidad oficial en medios de comunicación durante el año 2011:
1. Monto total de pauta oficial distribuida.
2. ¿Qué organismos estatales ejecutaron campañas publicitarias y:
2.1. ¿en qué medios fueron difundidas?
2.2. ¿cuáles fueron los fundamentos de bien público que llevaron a la toma de las decisiones en la elección del espacio publicitario de un programa u otro, en un medio u otro y los montos a asignar en cada medio o programa?
2.3. ¿cuál fue la finalidad de la publicidad en cada caso y cómo se planeó el tipo de segmentación al que se quiso llegar?
3. ¿Cuáles fueron los medios de comunicación que se presentaron como aspirantes a recibir publicidad oficial durante 2011 y no la obtuvieron. ¿Cuáles fueron las razones que sustentaron las respectivas denegatorias?
4. Señale si han existido modificaciones entre 2010 y 2011 con respecto al porcentaje de pauta oficial otorgada a los grupos Veintitrés, Crónica, y Página 12.
5. Si es cierto que el grupo UNO recibió un incremento tuvieron en 2011 en promedio 920% más de pauta oficial que en 2010.
6. ¿Cuál fue el porcentaje de pauta recibida durante el año 2011 por los diarios La Nación, Clarín, Olé, La Razón y Perfil? ¿Se ha incrementado o disminuido su participación con relación a 2010?
7. Con relación a los puntos 4, 5 y 6 explique las razones de incrementos o disminuciones, si los hubiera.
8. Detalle las actuaciones administrativas que oficializaron transferencias de partidas presupuestarias durante el año 2011 para ejecutar en concepto de publicidad oficial.
9. A partir de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, "Editorial Río Negro SA" y "Editorial Perfil" ¿qué medidas se tomaron para evitar que el manejo de la pauta publicitaria oficial perjudique el libre ejercicio del derecho de libertad de prensa en la Nación y en las localidades del interior del país.

FUNDAMENTOS

Proyecto
Señor presidente:


Nuevamente nos dirigirnos al Poder Ejecutivo para solicitar informes sobre un tema que nos preocupa de manera sustancial y que desde 2003, período parlamentario tras período parlamentario, no ha recibido un tratamiento legislativo acorde a su importancia y menos aún respuesta oficial que aclare sus términos.
Se trata del gasto en publicidad oficial, y más aún, de la distribución de la pauta oficial; ambas cuestiones denunciadas permanentemente por su arbitrariedad en los medios audiovisuales perjudicados, y numerosas veces planteadas sin éxito en esta Cámara a través de proyectos de pedidos de informe nunca respondidos..
A los datos disponibles sobre el gasto correspondiente a la pauta oficial presupuestada por la Jefatura de Gabinete de Ministros para 2011 y que reflejaban un incremento del 38% frente a la cifra estipulada en la Ley de Presupuesto 2010 (aumentando luego durante el año a través de reasignaciones presupuestarias), se suman ahora los resultados recientemente divulgados por la prensa que hablan de un nivel de discriminación sorprendente entre los beneficiarios.
Aparentemente y según un informe publicado por el Diario La Nación del 2 de febrero de este año, los periódicos del grupo Uno (Vila Manzano), tuvieron en 2011 en promedio 920% más de pauta oficial que en 2010. Particularmente, el diario Uno, de Santa Fe, habría recibido del Estado nacional 1500% más, Uno, de Paraná, creció 1131% y Uno, de Mendoza, 518 por ciento. La Capital, de Rosario habría facturado el año pasado $ 15 millones en publicidad oficial, 913% más que en 2010 (ese año recibió $ 1,5 millones).
El informe referido establece que estas cifras son las únicas disponibles "hasta que el Gobierno difunda los datos oficiales" y que las mismas "muestran la inversión bruta y no incluyen los posibles descuentos que muchos medios realizan sobre sus tarifas publicitarias".
Como se trata de cifras elaboradas en ámbitos privados, es que elevamos el presente pedido de informes convencidos, - y esperanzados una vez más -, de que es el procedimiento adecuado para conocer los datos reales.
Sobre la distribución de la pauta oficial en nuestro país, el reporte de la ONG Human Rights Watch para 2011 expresa que: " La falta de criterios transparentes en la asignación de contratos de publicidad oficial en el ámbito federal y en algunas provincias genera un riesgo de discriminación política contra medios que critican a funcionarios gubernamentales".
Por su parte, y en nuestro país, la ONG ADC (Asociación por los Derechos Civiles) denomina su informe sobre este tema "El precio del silencio" relacionando la cuestión con la instauración de un sistema de censura previa; al tiempo que se pregunta: ¿Cuáles son los límites de la publicidad del Gobierno, del Estado y del partido político al frente de la gestión?
Indudablemente solo podremos establecerlos con una regulación apropiada que contenga la desmesura e impida que se trasgredan límites deseables y esperables en una república. Además, la falta de regulación genera desigualdades y dificulta el control.
Lo remarcable en esta situación es que la cuestión de los medios y la comunicación obsesiona al actual Gobierno nacional con profundas contradicciones incluidas. Por un lado, son completamente válidos y loables sus argumentos sobre la democratización de la información, los derechos humanos y la lucha contra los grandes monopolios. Pero, por otro lado, proponen mecanismos de persecución política encubierta a través de la falta de regulación y control de la Publicidad Oficial, no promueven de ninguna manera la sanción de una ley de Acceso a la Información Pública y no responden a ningún pedido de informes que indague sobre estos temas.
Aunque la presidenta Cristina Kirchner, ha expresado más de una vez en Cadena Nacional la importancia del derecho a la información y recalcado que este derecho abarca a "toda la información", no ha enviado al Congreso ningún proyecto sobre Acceso a la Información Pública, ni sobre publicidad oficial.
Por supuesto que no dejan de hacerse presentes en nuestra consideración las palabras que la Dra Kirchner pronunció al retomar su actividad presidencial en estos días: "Los que piensan diferente lo que tienen que hacer es participar en un partido político, postularse para presidente y si te votan podés hacer lo que quieras"
En esto de "hacer lo que uno quiera si vence a los demás", está comprendida toda una concepción sobre qué significa la vida en democracia, la república y el respeto a las diferencias, en definitiva el respeto a los derechos humanos.
La aprobación de la Ley de Publicidad Oficial permitiría acordar los criterios para la distribución de la publicidad del estado; se eliminarían los premios y castigos en función de las líneas editoriales así como también la publicidad se circunscribiría a comunicar cuestiones que interesen y deban conocer los ciudadanos. Sería un paso importante en la tan proclamada calidad de las instituciones por parte del propio gobierno.
Coincidiendo con las mismas palabras del informe 2003 de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decimos que "la carencia de un marco legal específico y adecuado para la definición de los objetivos, la asignación, contratación y control de la pauta estatal permite una utilización arbitraria de estos recursos en detrimento de la libertad de expresión".
Por último, y dada su importancia, recordamos los importantes antecedentes judiciales y legislativos en la materia:
a) Fallos de la Corte Suprema de Justicia
En "Editorial Rio Negro S.A.", septiembre de 2007, la Corte Suprema sostuvo "que la actora carece de un derecho implícito o explícito basado en la Constitución Nacional a recibir la distribución de publicidad oficial, lo que no obsta a admitir la revisión judicial frente a las decisiones administrativas adoptadas en casos de exclusión negativa de publicidad oficial, cuya arbitrariedad ha sido invocada, mediante el remedio del amparo." (Fallos: 330:3908),
En Jefatura de Gabinete de Ministros - SMC s/ amparo ley 16.986", la Corte Suprema confirmó la sentencia de la sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, que a su vez había citado como fundamento los argumentos esgrimidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación al resolver el caso del diario Río Negro: "nuestro más Alto Tribunal ha recordado que el Estado -si dispone la realización de publicidad de sus actos y de la concreción de sus proyectos- no puede asignar los recursos disponibles de manera arbitraria, en base a criterios irrazonables".
b) Antecedentes legislativos consultados para la redacción de este proyecto:
1. Pinedo (2374-D-2004) sobre pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre la asignación de partidas para publicidad oficial en el periodo 2003 - 2004.
2. Bertol y otros. (1.997-D.- 2006.) Orden del día nº 0980/2006 - dictamen conjunto de los expedientes 5854- D-2005 y 1997-D-2006 sobre Pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre el presupuesto anual asignado y el criterio de distribución para las pautas publicitarias y/o oficiales en los distintos medios audiovisuales y gráficos, y cuestiones conexas.1. Montenegro. (5.854-D.-2005.) 2. Bertol y otros. (1.997-D.- 2006.).
3. Morandini Norma y otros (4977-D-2007).
4. Giudici, Silvana Myriam y otros (1460-D-2010).
5. Bullrich, Patricia (4802-D- 2011.
Sin más queda fundamentado este proyecto de resolución solicitando a nuestros pares su pronto tratamiento y la respuesta del Poder Ejecutivo Nacional.
Proyecto
Firmantes
Firmante Distrito Bloque
BERTOL, PAULA MARIA CIUDAD de BUENOS AIRES PRO
MILMAN, GERARDO BUENOS AIRES GEN
THOMAS, ENRIQUE LUIS MENDOZA FRENTE PERONISTA
Giro a comisiones en Diputados
Comisión
COMUNICACIONES E INFORMATICA (Primera Competencia)