Dirigirse al Poder Ejecutivo para que, a través del organismo que corresponda, informe a la brevedad y por escrito sobre distintos aspectos relacionados al Programa de Ingreso Social con Trabajo, a saber:

1. Recursos económicos destinados a solventar el desarrollo del referido Programa.

2. Partidas ejecutadas a la fecha.

3. Criterios para la selección de los municipios y provincias donde implementar el Programa, así como de la cantidad de beneficiarios por municipio y provincia.

4. Indicadores y/o datos estadísticos de población en situación de pobreza y vulnerabilidad social sobre los cuales se diseñó el programa. Remita copia de los mismos a esta Honorable Cámara.

5. Cantidad de municipios donde el Programa ha sido implementado a la fecha, detallando para cada uno fecha de comienzo de la implementación y cantidad de beneficiarios.

6. Próximos municipios y provincias donde será implementado, y criterios de selección.

7. Mecanismos de selección de las cooperativas y de los beneficiarios, y grado de competencia y/o nivel de intervención de los municipios y provincias en dicha selección. Especifique mecanismos de control de la misma y exigencias y/o directivas del Poder Ejecutivo Nacional al respecto.

8. Cantidad de tarjetas de cobro entregadas a la fecha, especificando cuántas pertenecen al Banco Nación y cuántas al Banco Credicoop Coop. Ltdo. Especifique qué criterios se siguen para determinar la tarjeta a través de la cual se cobra.

9. Detalle monto total, componentes de los "módulos" de trabajo, y si los mismos varían por región.

10. Especifique a qué se refiere la página del Ministerio de Desarrollo Social cuando indica que los cooperativistas recibirán un "Ingreso mensual como anticipo de excedente, que será completado al término de las obras, oportunidad en que se distribuirá el resto de lo producido por la cooperativa". Detalle el mecanismo a través del cual se distribuirá el mismo una vez finalizadas las obras.

11. Detalle participación de las Universidades Nacionales y remita copia de los convenios suscriptos a tal fin.

12. Mecanismos de control para verificar que cada cooperativa contratará un seguro de vida personal y ante terceros, cuyo costo forma parte -y esta estipulado a tal fin- del Programa.

13. Detalle qué mecanismos de articulación y coordinación se han implementado con las distintas provincias y municipios, así como entre los distintos Ministerios y Secretarias de Estado y de éstos con sus pares provinciales, con la finalidad de lograr una correcta y eficaz administración de los recursos destinados a la implementación del Programa. Remita a esta Honorable Cámara copia de los convenios suscriptos a tal fin.

14. Mecanismos de monitoreo y evaluación de la ejecución del Programa, especificando qué organismos serán responsables de su correcta implementación.

15. Cantidad de cooperativas inscriptas en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) afectadas al Programa, especificando qué requisitos deben cumplir las mismas para su inscripción.

16. Porcentaje y monto total de los recursos del Programa destinados al pago de sueldos.

17. Porcentaje y monto total de los recursos del Programa destinados a capacitación, detallando criterios para la contratación de personal destinado a capacitar a los cooperativistas y sueldos que los mismos perciben. Informe si se han firmado convenios con algún organismo y/o institución a los fines de brindar dicha capacitación. En caso de resultar afirmativo, remita copia de los mismos.

18. Porcentaje y monto total de los recursos del Programa destinados a la compra de materiales para la ejecución de las obras.

19. Porcentaje y monto total de los recursos del Programa destinados a la compra de herramientas e insumos.

20. Remita copia a esta Honorable Cámara de los pliegos licitatorios para la compra de materiales para la ejecución de las obras, herramientas e insumos, detallando: características del proceso licitatorio, adjudicaciones a la fecha, monto total de los gastos efectuados a tal fin, listado completo de las empresas beneficiarias del proceso licitatorio y copia de los expedientes correspondientes.

21. Remita copia de los módulos de capacitación en primeros auxilios, salud, oficios de construcción y seguridad laboral, cooperativismo y oficios, reglamento interno de las cooperativas, y cualquier otro que el Programa estipule. Detalle asimismo requisitos para obtener el certificado de salud.

22. Métodos para garantizar la autogestión de las cooperativas, evitando que las mismas queden a disposición para su utilización por parte de los gobiernos municipales y/o provinciales en labores que difieren de los establecidos en el Programa.

23. Grado de competencia y/o nivel de intervención de cada uno de los Ministerios y Secretarias de Estado en la instrumentación del Programa.

24. Qué responsabilidad tiene en la implementación del Programa el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, en cuyo ámbito se encuentra la Dirección Nacional del Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales (SIEMPRO).

25. Detalle qué especificaciones y/o directivas ha dictado el Poder Ejecutivo para garantizar una correcta y transparente publicidad previa de los operativos de inscripción de los potenciales beneficiarios.

26. Informe proyectos a desarrollar por las cooperativas, especificando qué organismo es el encargado de centralizar esa información y aprobar los planes de obra.

27. Cantidad de planes de obra aprobados, detallando características y ubicación de las mismas.

28. Función de las provincias y municipios en la planificación de las obras a desarrollar.

29. Detalle mecanismos de rendición de cuentas por parte de las cooperativas, municipios y provincias. Informe cuál es el organismo responsable de centralizar y monitorear esta información.

30. Remita copia a esta Honorable Cámara de los "Informes de avance de obra" que los distintos Municipios y provincias han entregado al día de la fecha.

31. Si las cooperativas de trabajo del Programa se insertan en el marco normativo compuesto por las leyes N° 20.337 de Cooperativas, y sus normas complementarias, y Nº 20.321 de Asociaciones mutuales, y sus normas complementarias, siendo la autoridad de aplicación que surge de dichas leyes y decretos reglamentarios el INAES, habida cuenta que el Decreto 1.067/09 y la Resolución 3.182/09 del Ministerio de Desarrollo Social enmarcan el Programa en el ámbito de la Economía Social, articulándose a través de la participación de cooperativas de trabajo y mutuales.

32. Cuál es la función que desempeña la Federación de Cooperativas de Trabajo (FECOTRA) en la implementación del Programa. Remita a esta Honorable Cámara copia del convenio de cooperación firmado con la misma.

33. Remita a esta Honorable Cámara evaluaciones y conclusiones provisorias del Ministerio de Desarrollo Social en relación a la implementación del Programa.

34. Remita a esta Honorable Cámara evaluaciones y conclusiones provisorias del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, en tanto espacio articulador de planificación y coordinación de la política social nacional, en relación a la implementación del Programa.

35. Plazo previsto de duración del Programa.

36. Cualquier otra información que sirva al presente.-

Señor presidente:

La presidenta Cristina Fernández, y la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, anunciaron en diciembre de 2009 que, a través del Programa Ingreso Social con Trabajo, ya se habían creado 58.000 nuevos empleos en distintos municipios del Conurbano Bonaerense, encontrándose inscriptas 128.900 personas, siendo que de ese total de inscriptos había en aquel momento 58.596 capacitándose y trabajando en los módulos de infraestructura social. Asimismo, siempre según declaraciones oficiales, 40 mil personas estarían comenzando la capacitación entre enero y febrero de este año

Las cooperativas de trabajo del Programa que aquí nos ocupa están conformadas por 60 trabajadores y se inscriben en el Registro del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES). Las mismas tienen un Presidente, Vicepresidente, Tesorero, Secretario y dos Vocales. Las cooperativas se dividen en cuatro cuadrillas de 15 personas, siendo que cada cuadrilla tiene un responsable ("capataz" o "coordinador" de cuadrilla).

Según estipula el Programa, a las cooperativas no podrán ingresar quienes tengan ingresos por el Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados, Programa de Empleo Comunitario, Pensiones no Contributivas u otros. La excepción es el Plan Familias y un alto grado de vulnerabilidad certificado. Esto ha ocasionado en la práctica numerosas demoras debido a que, para la aceptación de los anotados, se cruzan 650 bases de datos por cada uno de ellos (a través de los registros de la Anses, el SINTyS -Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social- y la AFIP). Estas complicaciones han dejado en evidencia la imperiosa necesidad de un registro unificado de beneficiarios de planes sociales que facilite el seguimiento e implementación de todas las políticas sociales en marcha. Sucesivos informes realizados por parte de la AGN y la Sigen advierten sobre la dificultad que esta situación acarrea a los efectos de un mejor control de los programas, provocando asimismo la superposición de los mismos.

Los trabajadores son inscriptos como efectores sociales, por lo que tienen acceso al monotributo social, al cual deberá ser inscripto por parte de los municipios intervinientes. Monotributo que garantiza a los trabajadores aportes jubilatorios y un adicional por hijo. Este es otro de los puntos oscuros de la implementación del Programa, habida cuenta de la enorme cantidad de denuncias por parte de los trabajadores en las cuales se dejaba constancia que los municipios incumplían esta obligación.

Los cooperativistas reciben los ingresos mensuales a través de una tarjeta personal del Banco de la Nación Argentina o del Banco Credicoop., que no tiene costo. Al respecto la ministra Alicia Kirchner expresó el 20 de enero del corriente, en la localidad bonaerense de Lanús, que "por decisión de la presidenta, Cristina Fernández, todos cobran con tarjeta del Banco Nación o del Credicoop, según la obra que se esté realizando". En tal sentido solicitamos al Poder Ejecutivo que informe qué criterios se siguen para determinar la tarjeta a través de la cual se cobra.

Las cooperativas realizarán obras públicas locales para mejorar la calidad de vida en los barrios más vulnerables. Oficiliamente no deberán suplir el trabajo que realizan de manera permanente los trabajadores municipales o de las empresas en la que los municipios tercerizan servicios. Sin embargo, hemos tomado constancia de que esto no ha sido así. En varios municipios los cooperativistas son obligados a ocupar puestos de trabajo de los municipales efectivos (en Obras Publicas, en Tránsito, en jardines de infantes, en hospitales como telefonistas, en las municipalidades como administrativos, etc.). Esta situación resulta en una precarización de todo el trabajo del estado municipal en el distrito, y un debilitamiento de la organización gremial municipal.

De los miles de trabajadores inscriptos en las cooperativas del Programa Programa de Ingreso Social con Trabajo, han ingresado muy pocos debido a la discriminatoria selección de beneficiarios. En efecto, distintas organizaciones sociales independientes nucleadas en el Frente de Lucha (Frente Popular Darío Santillán, CTD Anibal Verón, MTL Rebelde y FOL) han presentado una denuncia ante las autoridades del INADI por sentirse víctimas de un accionar discriminatorio, por parte del Gobierno Nacional, a través del actuar del Ministerio de Desarrollo Social a cargo de la Sra. Alicia Kirchner y del Subsecretario de Organización de Ingresos Sociales. Discriminación que han sufrido y denunciado otras organizaciones como la Corriente Clasista y Combativa, el Movimiento Barrios de Pie, el Polo Obrero, la Coordinadora de Unidad Barrial (CUBa), el MST Teresa Vive, el Movimiento Territorial de Liberación (MTL) y el Bloque Piqutero Nacional. En conjunto, estas organizaciones representan la enorme mayoría de los movimientos sociales no alineados con el gobierno.

En la denuncia presentada ante el INADI las referidas organizaciones alegan que, a pesar de haber cumplimentado con todos los requisitos legales exigidos, así como realizado todas las presentaciones en su debido tiempo y forma, se les ha prohibido la posibilidad de participar de las cooperativas de trabajo a sus compañeros y compañeras de organización por motivos de ideología y/u opinión política o gremial (especificando en la referida denuncia que esto es "debido a que no pertenecemos al partido de gobierno, ni a sus agrupaciones afines, así como tampoco hemos accedido a sus chantajes e intimidaciones").

Las organizaciones aclaran que si bien es cierto que en algunos casos puntuales se ha accedido a la inscripción de compañeros y compañeras, ello ha sido así en el marco de inscripciones individuales y particulares, no como integrantes de las cooperativas que representan, negándoles de tal forma su reconocimiento como cooperativas, impidiéndoles desarrollarse como tales, con sus propios principios organizativos (democracia, transparencia, compañerismo, generando reglamentos de trabajo y fomentando la cultura del trabajo).

Asimismo, denuncian la prohibición de participar de las cooperativas a los compañeros y compañeras nacidos en países limítrofes por el sólo hecho de tal y a pesar de que los mismos tengan en su poder la documentación correspondiente.

Vale la pena recordar que estas organizaciones han sido víctimas de la represión y el hostigamiento policial en distintas movilizaciones realizadas por este tema. Remitimos, en tal sentido, al Proyecto de Declaración 5881-D-2009 que presentáramos en noviembre de 2009, expresando nuestro más enérgico repudio y preocupación ante la represión llevada a cabo por la policía bonaerense el día viernes 20 de noviembre de 2009 contra trabajadores desocupados que protestaban frente a la municipalidad de Monte Grande, partido de Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires, los cuales se encontraban allí exigiendo su inserción en el Programa de cooperativas de trabajo "Argentina Trabaja", y que dejara un saldo de numerosos heridos de balas de goma, e incluso dos heridos con balas de plomo, y quince detenidos, entre los que se encontraba un menor de edad.

Las organizaciones denunciantes destacan asimismo la "forma viciada, ilegal y discriminatoria en que han sido conformadas las cooperativas de trabajo, siendo que ningún cooperativista participó en asamblea alguna de designación de las autoridades de su cooperativa; ni siquiera cada cooperativa dispone de los correspondientes libros de actas". "Todo esto -prosigue la denuncia- es porque, en realidad, se trata de 'punteros políticos designados a dedo' quienes manejan el trabajo, sin lógica de cooperación, igualdad ni respeto a la legislación misma que regula el funcionamiento de las cooperativas (INAES). A esto se suma la figura del 'capataz' o 'coordinador' de cuadrilla, que implica un 'jefe' cada 15 integrantes que percibirá un sueldo de 2.500 pesos, muy por encima del resto de los integrantes. Esta figura, en cada caso, está siendo designada 'a dedo' desde el Ministerio de Desarrollo Social, integrado en esos roles exclusivamente a militantes políticos de las agrupaciones afines al gobierno como el Movimiento Evita, con el fin de controlar políticamente a cada grupo de trabajo. Es violatorio de la legislación cooperativa y discriminatorio que no sean los propios trabajadores quienes elijan los Consejos de Administración de las Cooperativas y a los Coordinadores de cuadrillas, y que el Ministerio disponga la prohibición a los cooperativistas de proponer a sus propias autoridades y coordinadores".

En concordancia con lo expresado por las organizaciones denunciantes preguntamos al Poder Ejecutivo que informe por qué motivo ni el Decreto 1.067/2009 del P.E.N., ni la Resolución 3182/09 del Ministerio de Desarrollo Social hacen referencia a la Ley N° 20.337 de Cooperativas, y sus normas complementarias, ni a la Ley Nº 20.321 de Asociaciones mutuales, y sus normas complementarias, ni a la autoridad de aplicación que surge de dichas leyes y decretos reglamentarios, el INAES, siendo que el propio Decreto 1.067/09 enmarca el Programa en el ámbito de la Economía Social, articulándose a través de la participación de cooperativas de trabajo y mutuales.

En la misma línea crítica el diputado del Partido Socialista, Ricardo Cuccovillo, plantea en su Proyecto de Resolución Nº 5427-D-2009 (que sirve de antecedente al presente, junto con el Proyecto de Resolución Nº 5442-D-2009 de la diputada Mónica Fein), que "Desde nuestro punto de vista socialista, un partido con mucha tradición cooperativista, creemos que las características del plan no tienen absolutamente nada que ver con la doctrina y la práctica de las cooperativas de trabajo auténticas y genuinas (...) Las cooperativas de trabajo procuran lograr una forma superior de la organización del trabajo, surgiendo desde el seno del pueblo, siendo la antítesis de propuestas asistencialistas, prebendarias y clientelistas".

El caso de Tucumán resulta paradigmático de la forma abiertamente discrecional y discriminatoria en que se ha implementado el Programa. En dicha provincia el mismo prevé la creación de 15 mil puestos de empleo divididos en 250 cooperativas de 60 integrantes cada una. Numerosas organizaciones políticas y sociales de Tucumán se han movilizado reclamando la inmediata apertura de los padrones de beneficiaros del plan a todos los desocupados y organizaciones sociales. Las agrupaciones denunciaron que el gobernador José Alperovich ha repartido los 15 mil puestos nuevos de trabajo de forma autoritaria y clientelar, sin dar publicidad alguna a los operativos de inscripción. En tal sentido, advirtieron que "lo que esta pasando en Tucumán, al igual que con los intendentes del conurbano bonaerense, es que los intendentes, legisladores, concejales, punteros políticos que responden al gobernador están anotando dentro del aparato clientelar a los beneficiarios de este Plan e, inclusive, cobrando para hacerlo o diciendo que tienen que pagar un porcentaje cuando se cobre dicho beneficio, o bien anotando directamente a familiares y amigos". Los dirigentes precisaron que "las inscripciones de beneficiarios del programa nacional se realizaron en locales partidarios vinculados a concejales oficialistas de la Capital o a través de los empleados mismos del IPACyM (Instituto Provincial de Cooperativismo y Mutualismo)". "No hubo ningún llamamiento ni operativo público, sólo el de la red de punteros, para acercar discrecionalmente a los beneficiarios", añadieron.

Asimismo, el Fiscal General Nro. 1 de la provincia de Tucumán, Antonio Gustavo Gomez, denunció estas maniobras y solicitó que se investigaran las numerosas irregularidades de la implementación del Programa en dicha provincia, las cuales resultarían, según consta en el expte. 06/201, en una estafa en perjuicio del Estado Nacional, incumplimiento de deberes de funcionario público, delito de extorsión y malversación de caudales públicos.

Tras lo sucintamente enumerado hasta aquí, y habida cuenta de las numerosas irregularidades denunciadas en relación a la implementación del Programa de Ingreso Social con Trabajo, consideramos resulta necesario y urgente que el Poder Ejecutivo Nacional establezca criterios transparentes y fundados de distribución de los recursos destinados a la implementación del Programa, junto con mecanismos de monitoreo y evaluación de la ejecución del mismo que garanticen la transparencia en el manejo de los recursos públicos.

Pretendemos, con este pedido de informes, contar con los elementos necesarios que nos permitan analizar el funcionamiento del referido Programa de Ingreso Social con Trabajo, solicitando información sobre diferentes aspectos a los fines de garantizar la correcta implementación del mismo.

Por todo lo expuesto anteriormente, es que se solicita a las Sras. Diputadas y a los Sres. Diputados me acompañen en la sanción del presente Proyecto de Resolución.-