1. Declarar su más enérgico repudio al dictado de prisión preventiva y procesamiento a los once (11) trabajadores nucleados en la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) de la ciudad de Monte Caseros, provincia de Corrientes, y a miembros de su Junta Promotora.

2. Exigir el cese inmediato de toda forma de espionaje y de persecución judicial contra quienes reclaman por derechos legítimos, y expresar su solidaridad con los trabajadores perseguidos, responsabilizando a las autoridades provinciales, de la justicia y del poder político, por cualquier otro atentado al elemental ejercicio del derecho constitucional de manifestación, reclamo y libre organización sindical.

Señor presidente:

El presente proyecto de resolución, tiene como objeto expresar su solidaridad con los 11 trabajadores de a Junta Promotora de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) de Monte Caseros, provincia de Corrientes, por la situación de persecución judicial que por estos días están viviendo..

El Juez de Instrucción Eduardo Alegre de Monte Caseros ordenó la prisión preventiva y el procesamiento de 11 miembros de la CTA, de su Junta Promotora en la región, entre ellos a Armando Martinoli y Sebastián Largueri, delegados elegidos en asamblea por los pescadores, a Guillermo Galantini, profesor de instituto superior, militante político y social de reconocida trayectoria, además de a Elena Jarzal, Luis Benítez, Julio Rodríguez, Ramón Ponce, Jorge Sandoval, Víctor Suárez, Jorge Pérez y Gilberto Muñoz.

La decisión fue adoptada luego de que familiares de víctimas organizados en la Coordinadora por los Derechos y la Justicia, en la CTA, denunciaran la recurrente denegación de justicia de que son objeto por parte de funcionarios de la Circunscripción IV del sistema Judicial Correntino, ante las máximas instancias del poder provincial (incluido el Gobernador), por numerosos atropellos y abusos, generalmente contra gente humilde y desamparada, que de esa forma se vio doblemente vulnerada en sus derechos.

Como represalia, para acallar las denuncias y frenar la movilización de las familias trabajadoras, el Juez Eduardo Alegre dictó una resolución que pone en riesgo la integridad de los procesados, advirtiendo que podrían ser detenidos si continúan denunciándolo por su mal desempeño. Su resolución no sólo es extemporánea sino excesiva desde todo punto de vista, una espada de Damocles que pende sobre los compañeros.

El procesamiento es por un corte organizado en noviembre de 2010 por los Pescadores de Subsistencia, nucleados en la CTA, de acuerdo a los artículos 55 y 194 del Código Penal. Casi dos años después, el Juez reflota la causa para sembrar el miedo.

Esta resolución es un hecho inédito en la provincia de Corrientes, que registra numerosos cortes de ruta, puentes y accesos, en todo el territorio provincial, particularmente en su ciudad capital. Es también grave que hayan sido víctimas de actividades de inteligencia por un ex miembro del Ejército, quien fue identificado y fotografiado por los manifestantes cuando obtenía fotos de ellos en una movilización.

Es necesario poner freno a una escalada represiva que se viene cobrando numerosas víctimas en todo el país, como los más de 5000 procesados, los presos por luchar y las víctimas de la represión estatal y paraestatal.

Los artículos 14 y 14bis de nuestra Constitución Nacional establecen como derechos inalienables de todo ciudadano de la Nación el derecho a peticionar a las autoridades, el de transitar libremente por el territorio, el derecho a la organización sindical libre y democrática, entre otros; y en este caso están siendo claramente vulnerados.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen el presente proyecto.