Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional en los términos del artículo 100, inciso 11, de la Constitución Nacional para que, a través de Jefatura de Gabinete de Ministros, se sirva informar acerca de las modificaciones contractuales para la compra de Gas a Bolivia y sobre el estado de las Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA) obras GNEA.

En concreto se solicita:

1. Explique cuáles fueron los motivos que llevaron a la modificación del contrato vigente con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para la importación de gas.

2. Informe cuáles son los precios en dólares por MBTU acordados recientemente para la compra de gas natural a YPFB y, a su vez, cuáles son los volúmenes máximos y mínimos de gas establecidos en la nueva adenda para la temporada de verano.

3. Informe cuáles son los precios en dólares por MBTU y cuáles son los nuevos volúmenes máximos y mínimos para la temporada de invierno, establecidos en la nueva adenda

4. En ambos casos (verano e invierno) se solicita presentar de manera comparada el precio y las cantidades con la situación contractual previa a la última adenda firmada.

5. Informe cuál es el estado de avance de las Obras del GNEA y cuándo se prevé su finalización, indicando razones de retrasos y paralizaciones si las hubiera

Presentar la información detallada por cada provincia.

6. Explicite a cuánto asciende la inversión total de la obra finalizada y cuál es el monto de la inversión restante para su finalización.

7. ¿Tiene relación la falta de finalización de la obra (del GNEA) con la necesidad de modificar los acuerdos vigentes y en los términos de las nuevas adendas?

Señor presidente:

Según distintos medios periodísticos y publicaciones especializadas, el 14 de febrero pasado, se firmaron importantes acuerdos entre Argentina y Bolivia relacionados con la compra de gas natural por parte de nuestro país.

Si bien en algunos medios, como, por ejemplo, la Agencia De Noticias estatal, TELAM, la renegociación de estos acuerdos se presentó “como un ahorro de divisas”, (resultado de un acuerdo más eficiente en términos de compras ajustadas a la estacionalidad y por sustitución de mayor producción de gas natural de reservas, por ejemplo, descubiertas en Vaca Muerta), el análisis de la información técnica disponible pone esta afirmación en duda.

Los especialistas en temas energéticos, en general, han expresado su preocupación por los términos en los que Argentina ha acordado con el país vecino. Además, coinciden en que la aplicación de este nuevo acuerdo se basa en la incapacidad de la infraestructura de transporte argentina para mantener los volúmenes de gas que se encontraban acordados. Por tal motivo, en su momento fue necesario encarar la construcción de un nuevo gasoducto de gran porte: el Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA), que fue diseñado siguiendo una idea original lanzada por el grupo Techint en 2003 y cuya traza había sido prevista en el Plan Energético Nacional (1986-2000) del presidente Raúl Alfonsín.

Dicho de otra manera, los volúmenes de gas acordados con Bolivia sólo eran posibles de sostener con la existencia de ese gasoducto en funcionamiento. Para ambos países, la ejecución de esta obra forma parte del contrato y sus respectivas adendas firmadas en 2006, la firmante por Argentina fue la empresa estatal Enarsa.

En una reciente nota de opinión, el Ex Secretario de Energía durante el Gobierno de Raúl Alfonsín, Jorge Lapeña (y funcionario de la actual gestión de gobierno, Director de Enarsa, durante la presidencia de Mauricio Macri) publicada el 6 de marzo de 2019 en el periódico “El Economista”, sostuvo que “el gas boliviano fue hasta 2010 nuestra rueda de auxilio sin la cual hubiéramos vuelto al primitivismo del kerosene. El gas boliviano fue siempre nuestra fuente de importación de gas más barata y, cuantitativamente, más importante por sobre todas las variantes de GNL re gasificado”. Y afirmó “que el precio del gas natural importado de Bolivia es, además, más barato que los precios del gas natural en Vaca Muerta subsidiado que rondan los 7,5 US$/MMBTU”.

El ex funcionario además afirma que “La parálisis de las obras del GNEA realizada unilateralmente por el directorio de su ejecutora (Ieasa /ex Enarsa) en el segundo semestre de 2018 carece todavía de una explicación técnica y económica fundada y razonable por parte de las autoridades de esta empresa. Es irracional si se tiene en cuenta que para concluir las obras y ponerlas en marcha faltaba una inversión de solo US$ 100 millones en una obra tuvo un costo de US$ 1. 800.millones concebida específicamente para materializar la importación de gas contractual de Bolivia.

Quiero decir que resulta tanto más raro porque el que paralizó las obras sin fundamento es el mismo funcionario (digamos el directorio de Ieasa) que debía obligatoriamente construirlo para cumplir el contrato con Bolivia. Una especie de perro que se mordió la cola. La parálisis de la obra es tanto más inexplicable si se tiene en cuenta que el gasoducto del GNEA cumplirá un rol de suministrador de gas a la región noreste argentina. En este contexto es lógico que aparezcan ahora los reclamos y preguntas de los gobernadores provinciales.

Dentro de este contexto, que podríamos globalmente denominar la inconcebible decisión de la paralización del GNEA por la empresa estatal Ieasa en 2018, se toma una decisión aún más inexplicable. Me refiero a la reciente renegociación del contrato de gas con Bolivia mediante la firma de la Adenda N° 4 por la cual se reducen las cantidades de gas compradas a Bolivia en verano y en invierno y se incrementan los precios de retribución a Bolivia por dicho gas en invierno. Realmente inexplicable.”

Es en este contexto, además, debe resaltarse que los beneficios buscados no son para los consumidores.

Y el ex presidente de ENARSA concluye: “Queda claro que Argentina necesita cubrir un pico invernal de gas y Bolivia es el suministrador más económico del que dispone. Me pregunto: ¿qué sentido tuvo relevar a Bolivia de esa obligación contractual y además incrementarle el precio de compra? No sé la respuesta, pero todo parecería indicar que alguien buscó igualar el precio de Bolivia con Vaca Muerta; y no el del de Vaca Muerta con Bolivia que hubiera sido más beneficioso para nuestros consumidores.

No está claro tampoco por qué la empresa Ieasa se autolimitó en la posibilidad de cumplir el contrato con Bolivia paralizando el gasoducto GNEA, si al mismo tiempo privaba a Argentina de su fuente más económica de importación. De vuelta todo parece fuera de lógica. A esta altura lo más lógico sería el Gobierno encomendara a Ieasa, que firmó la Adenda contractual el 14 de febrero que dé una explicación coherente sobre todo lo actuado. Será beneficioso para todos y evitará malos entendidos mayores.”

Por otro lado, en el diario La Razón de Bolivia, se publica una nota titulada “Adenda con IEASA establece multas por incumplimiento”, de fecha 16 de febrero de 2019. En la misma se afirma “el Ministro de Hidrocarburos ratificó que el gas boliviano será exportado en los meses de verano con un incremento de precio del 15% cuando las nominaciones superen los 10 MMm3d. Es decir, el costo de venta subirá de $us 6,24 el millar de BTU (unidad térmica británica) a $us 7,18”. Añadió que en invierno el costo de venta será superior, ya que, será indexado al gas natural licuado (GNL), más el costo de regasificación, lo que permitirá subir el precio de $us 6,24 a 10,30 el millar de BTU”. “En verano subimos un 15%, de 6,24 a 7,18 (dólares), y en invierno subimos de 6,24 a 10,30 (dólares)” sostuvo el Ministro, cuyas declaraciones refutan de manera contundente lo titulado por la Agencia Télam y confirman el enfoque de Jorge Lapeña.

El otro factor es que no sólo Argentina comprará el gas más caro, sino que comprará menos gas. Si bien esto se presenta desde el Gobierno y los medios afines como un éxito (de eficiencia en el gasto) ya que se evitarían multas establecida en el marco de los habituales mecanismos de take or pay (toma o paga), esta situación pone de manifiesto varios problemas al enfoque de la gestión actual.

Por un lado, y tal como lo define la OIT, el Gas se encuentra dentro de los servicios públicos de suministro fundamentales (agua, electricidad y gas) ya que desempeñan un papel esencial en el desarrollo económico y social. Los servicios públicos de suministro de calidad son una condición sine qua non para la erradicación efectiva de la pobreza. El gobierno parece concebir al gas (y a la energía en general), como un bien más del mercado, negando la incorporación de nuevos usuarios al sistema, y, por ende, al desarrollo económico y social de las regiones que no poseen el servicio de distribución de Gas Natural por redes de tubería.

Por otro lado, se evidencia la incapacidad financiera del gobierno de afrontar obras publicas pactadas y comprometidas con anterioridad y de carácter estratégico ya que la política cíclica actual de endeudamiento, crisis y ajuste se traduce en falta de respuestas concretas a nuestros pueblos, en este caso particular se objetiva en negar a grandes mayorías la posibilidad de ser incorporados a un nuevo servicio esencial por falta de obras públicas, el rol estratégico de la finalización de la obra GNEA se ha perdido.

En síntesis, de las modificaciones del acuerdo se observa:

- Que Argentina compra menos Gas Natural de Bolivia, negando la posibilidad de incorporar nuevos usuarios que obtengan este servicio en sus domicilios.

- Pauta precios más altos para su importación, y, en consecuencia, los usuarios actuales reciben continuos aumentos y pagan tarifas de gas más elevadas

- La falta de finalización de la obra GNEA deja en claro que brindar servicios públicos a los habitantes del Norte Argentino no es una prioridad para la actual gestión, y retrasa toda estrategia futura para desarrollar con equidad territorial el norte argentino.

Por lo expuesto y consecuentemente a las facultades de control de este Congreso Nacional que solicito a mis pares que me acompañen en la presente iniciativa.