Su beneplácito por la resolución de la Sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que ordenó al Gobierno Nacional restituir la pauta de publicidad oficial al Diario Perfil y a las distintas publicaciones de esa Editorial.

Señor presidente:

Con sumo agrado hemos recibido la resolución la sala IV de la Cámara que revocó un fallo de primera instancia que había rechazado una amparo presentado por la Editorial y el Diario Perfil en 2006, y dispuso que se distribuya una nueva pauta oficial en un plazo de quince días.

La Editorial Perfil había presentado un amparo durante el Gobierno de Néstor Kirchner, dado que se excluía de la publicidad oficial a sus diarios y revistas, petición que fue llamativamente rechazada.

Este fallo reciente, cita como fundamento la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y señala, entre otros antecedentes, la sentencia al Gobierno de la Provincia de Neuquén, que le retirara la pauta oficial al Diario Río Negro.

En aquel fallo de junio de 2007, la Corte Suprema de Justicia argumentó que "El Estado, si dispone la realización de publicidad de sus actos y de la concreción de sus proyectos, no puede asignar los recursos disponibles de manera arbitraria, sobre la base de criterios irrazonables".

Este nuevo fallo considera un "tratamiento desigual con las demás publicaciones, tanto las que dan a conocer su tiraje como aquellas que no se someten a aquel control, supone una evidente violación del principio de libertad de prensa, que debe ser reparada de inmediato" y define que "sin los principios de igualdad y de libertad de expresión no existe democracia en el país".

Nuestro Parlamento debe emitir esta declaración de beneplácito para estar a la altura de aquellas definiciones que hacen, desde la defensa de los principios de igualdad y libertad a la consolidación de nuestra democracia.

Desde distintos organismos internacionales como la CIDH (Convención Interamericana de los Derechos Humanos o la SIP (Sociedad Interamericana de Prensa), se ha llamado la atención y alertado sobre la existencia de un manejo discrecional y arbitrario de los fondos que se destinan a la publicidad oficial, para condicionar la opinión de los periodistas y medios desde los gobiernos que ejercen el poder de asignarlos.

También han sido significativos los trabajos de investigación presentados por organizaciones reconocidas como Poder Ciudadano o la Asociación para los Derechos Civiles, que vienen constantemente realizando un seguimiento del arbitrario y discrecional manejo de los fondos públicos destinados a publicidad oficial con el objeto de condicionar la libertad de expresión.

Por otra parte numerosos también han sido los pedidos de informe que desde nuestro parlamento distintos diputados elaboramos durante los últimos años, manifestando nuestra profunda preocupación por el destino de los fondos destinados a publicidad oficial, y recientemente durante 2008 los arbitrarios cambios de partidas presupuestarias destinadas a objetivos determinados hacia la publicidad oficial producidos en decisiones de sendos Jefes de Gabinete, Alberto Fernández y Sergio Massa.

En el mismo sentido no podemos dejar de recordar la investigación que lleva adelante desde abril del 2008 el Juzgado Federal Nº 9, iniciada por el Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativa, Dr. Manuel Garrido por presuntas irregularidades en los contratos de comercialización de la publicidad oficial con empresas vinculadas al Secretario de Medios, Enrique Albistur, así como también la denuncia realizada en mayo de 2008 ante Juez Federal Subrogante Marcelo Martínez de Giorgi, por parte del titular de la Agencia de Noticias de la República Argentina (TELAM), Martin Granosky, sobre un supuesto intento de soborno para agilizar el pago de publicidad oficial.

Desde el rol de control de los actos del ejecutivo que confiere la Constitución Nacional al Congreso, realizamos distintos seminarios y talleres para el monitoreo de la distribución de la publicidad oficial y las conclusiones fueron alarmantes. En particular desde el año 2006 presentamos un proyecto de ley, expediente 3761-D-2006 representado bajo el número de expediente 0015-D-2008, para fijar pautas claras en la distribución y aún no hemos logrado avanzar en el tratamiento en la comisión de cabecera, aún cuando en la Comisión de Libertad de Expresión debatimos largamente el tema con presencia de todos los actores involucrados, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), la Comisión Empresaria de Medios Independientes (CEMCI), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Poder Ciudadano, entre otras organizaciones sociales.

En definitiva, fallos como éste demuestran que aquellos llamados de atención y alertas han sido acertados, y así lo ratifica la Justicia Argentina.

Por lo que es de vital importancia que el Gobierno termine también con la metodología de ahorcar a tantos otros medios chicos quitándoles la pauta oficial para evitar los discursos críticos, como así también concluya con premiar a los medios adictos para que puedan expandirse en una suerte de monopolización de los amigos. Es prioritario sancionar la ley para la distribución de la publicidad oficial en la Argentina.

Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares Sres. Diputados nos acompañen con el voto afirmativo al presente proyecto.