Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de los organismos correspondientes, proceda a expresar su preocupación por las sentencias penitenciarias de 65 años a catorce activistas el martes 11 de noviembre de 2008.

Señor presidente:

A diez años del golpe de Estado que llevó a la actual Junta Militar al poder, Birmania (o Unión de Myanmar) sigue respondiendo con penas de prision a aquellos que se manifiesten en disidencia con el gobierno. Ese fue el caso de los veintitrés activistas de la oposición que fueron condenados a sesenta y cinco años de encarcelamiento por haberse manifestado, en septiembre de 2007 durante la "Revuelta Azafrán" en contra de la suba del precio de la gasolina y la carestía de la vida.

Estas penas dan cuenta de la falta de respeto por los derechos humanos por parte del gobierno birmano, y de acciones contrarias a un proceso de democratización.

San Suu Kyi, ganadora de las elecciones generales de 1990, las primeras elecciones libres en Birmania luego de treinta años, se encuentra cumpliendo el quinceavo año de prisión de los dieciocho a los que está condenada. Éste es un ejemplo destacado y conocido, pero no es el único. Según estimaciones de Amnistía Internacional, incluso antes de la reciente ola de represión violenta de manifestantes pacíficos, había en Birmania más de 1.150 presos políticos. De estos, el grupo de presos de conciencia incluía a destacados representantes de las minorías étnicas, así como a miembros de la Liga Nacional para la Democracia y de grupos activistas estudiantiles.

Como Estado democrático y defensor de los derechos humanos, corresponde a muestras responsabilidades como legisladores de la República Argentina expresar preocupación por los hechos de esta naturaleza.