Su beneplácito y reconocimiento por la aprobación el 12 de junio de 2008, en la reunión de la Comisión de Asuntos Políticos, Regionales y de la Integración del Parlamento Latinoamericano, de la propuesta de creación de una agencia ambiental del MERCOSUR, encargada de establecer paulatinamente una legislación ambiental común para el bloque.

Señor presidente:

El Protocolo Constitutivo del Parlamento del MERCOSUR, establece la clara necesidad "de un marco institucional equilibrado y eficaz, que permita crear normas que sean efectivas y que garanticen un clima de seguridad jurídica y previsibilidad en el desarrollo del proceso de integración, a fin de promover mejor la transformación productiva, la equidad social, el desarrollo científico y tecnológico, las inversiones y la creación de empleo, en todos los Estados Partes y en beneficio de sus ciudadanos". Dicho marco institucional requiere de una normativa unificada en aquellas materias cuyo tratamiento excede, por su propia naturaleza, las posibilidades de los Estados en forma aislada.

La preservación del medio ambiente y del desarrollo sustentable son materias donde claramente se advierte dicha exigencia.

Nuestros países comparten ríos, en los que la polución no respeta fronteras, y existe una necesidad imperiosa de evitar la existencia del llamado dumping ambiental, producto de la devastación de importantes recursos naturales combinados con bajos costos laborales, impositivos e inexistencia de normas comunes de cuidado ambiental.

En este terreno, no es posible dejar de mencionar el conflicto entre Argentina y Uruguay, que no se hubiera propiciado probablemente si el bloque hubiese creado una normativa medioambiental unificada y una institución que controlase su cumplimiento.

Las inversiones económicas que los Estados del MERCOSUR deben fomentar deben canalizarse en proyectos respetuosos del medio ambiente que garanticen su sustentabilidad en el tiempo y cuiden la salud de los habitantes.

La dispersión de normas conspira contra estos objetivos y disminuye la seguridad jurídica.

Asimismo, una normativa común debe existir para no seguir atentando contra la integración y la hermandad histórica que nos une. Y debe crearse a tal efecto un organismo destinado a garantizar que ésta se cumpla, con el objeto de que dicha obligación no quede exclusivamente en manos de los poderes ejecutivos.

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos a los señores parlamentarios que acompañen el presente proyecto.