Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que instrumente los medios para remitir la situación de la Republica Bolivariana de Venezuela a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para que investigue los hechos acontecidos en dicho país desde 2014 a la fecha, con el objeto de determinar si se cometieron delitos de lesa humanidad y si tales crímenes resultan competencia de la Corte.

Señor presidente:

El 29 de mayo del 2018, la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos publicó el informe realizado por el Panel de Expertos Internacionales Independientes sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Tal informe concluyó que “existe fundamento suficiente para considerar que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela, que se remontan por lo menos al 12 de febrero de 2014, de conformidad con lo que establece el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, incluyendo los crímenes de asesinato, encarcelación, tortura, violación y otras formas de violencia sexual, persecución y desapariciones forzadas…” .

El Panel de Expertos recomendó al Secretario General de la OEA invitar a los Estados Parte en el Estatuto de Roma a que remitan la situación de Venezuela a la Fiscalía de la CPI, y a que pidan a la Fiscal la apertura de una investigación sobre los crímenes de lesa humanidad de conformidad con el Artículo 14 del Estatuto de Roma.

El informe de la OEA da cuenta de “la existencia de por lo menos 131 asesinatos cometidos contra personas que participaban en manifestaciones y donde el perpetrador del crimen ha sido identificado como un miembro del aparato de seguridad del Estado y/o de los colectivos, y de por los menos 8.292 casos de ejecuciones extrajudiciales, cometidos como parte de un ataque sistemático y generalizado contra la población civil, especialmente contra miembros de la oposición o personas identificadas como tales, cumpliendo así los elementos contextuales necesarios para ser considerado asesinatos en los términos del Artículo 7(1)(a) del Estatuto de Roma” .

Asimismo, el Panel de Expertos “recibió información de más de 12.000 detenciones arbitrarias, de por lo menos 289 casos de tortura y 192 casos de violaciones a personas bajo el control del Estado y un número de desapariciones forzadas. Miles de personas han sido perseguidas, cifra que aumenta hasta cientos de miles, sino millones, si se incluye las víctimas de privación deliberada de alimentos y medicinas. En todos estos crímenes, el Panel comprobó la existencia de un evidente nexo de persecución por motivos políticos” .

Según el informe, “quedó demostrado que todos estos actos criminales se cometieron como parte de un ataque generalizado y sistemático contra el segmento de la población civil integrado por opositores políticos o identificados como tales y que las personas que los cometieron tenían conocimiento de dicho ataque. La sistematicidad del ataque se evidencia en que los actos de violencia no ocurrieron en forma aislada, sino que fueron planeados y organizados siguiendo un patrón de violencia contra la población civil” .

Teniendo en cuenta que la Republica Argentina es Estado Parte del Estatuto de Roma, aprobado a través de la ley Nº 25.390 y ratificado el 16 de enero de 2001, se encuentra facultada para remitir la situación de Venezuela a la Fiscalía de la CPI. El Estado Argentino ha sido uno de los principales impulsores de la creación de la Corte Penal Internacional y le ha brindado un apoyo constante para el cumplimiento de sus funciones. Tal es así que, en los últimos dos años, Argentina se convirtió en el primer Estado Parte en firmar todos los convenios de cooperación existentes con la CPI.

Argentina ha sido y es un ejemplo en materia de derechos humanos, reconocido mundialmente por la lucha contra la impunidad demostrada por los juicios y condenas de los responsables de las graves violaciones de los derechos humanos que se han cometido en el país.

La situación de Venezuela no es ajena a la Argentina ni a ningún país de la región. Como lo establece la Convención sobre la Responsabilidad del Estado por Hechos Internacionalmente Ilícitos (AG/56/83) en su artículo 41.1: “Los Estados deben cooperar para poner fin, por medios lícitos, a toda violación grave…”de normas imperativas del derecho internacional general.

Por último, cabe decir que frente a la inexistencia de mecanismos nacionales eficientes, y la dificultad en la que se encuentran los mecanismos regionales para ponerle fin a las graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en Venezuela, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y la CPI, han pasado a ser la última instancia internacional para lograr la justicia, ponerle fin a la impunidad en Venezuela y evitar la repetición de tan graves hechos que ofenden la conciencia de la comunidad internacional.

Por todo lo expuesto, solicito a los señores diputados a que acompañen este proyecto de resolución.