Su preocupación por las constantes violaciones a la libertad de expresión que se vienen produciendo en la República Bolivariana de Venezuela y que se manifiestan expresamente a través del proyecto de ley de Delitos Mediáticos y el cierre de 34 radioemisoras críticas de la política oficial.

Señor presidente:

El pasado 31 de julio fue presentado por la Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, el proyecto de ley de Delitos Mediáticos. En esta se tipifican distintas figuras delictivas como divulgación de noticias falsas que causen un "perjuicio a los intereses del Estado", manipulación o tergiversación de noticias, negativa a revelar información. Las penas establecidas por la comisión de estos delitos van desde los seis meses a cuatro años de prisión. Es decir, se castiga penalmente a aquellas personas físicas y jurídicas cuyas opiniones y dichos no se condigan con la opinión oficial.

El texto del proyecto venezolano viola los principios consagrados tanto en el Preámbulo de la Convención Americana sobre Derechos Civiles y Políticos de 1969 así como también el Pacto de San José de Costa Rica que versan sobre la libertad individual así como la garantía a la libertad de expresión (artículo 13 de este último).

Al respecto, la primera opinión conocida fue la de Frank La Rué, reportero especial para la promoción y protección del derecho de libertad de expresión de la ONU, quien a través de un comunicado de prensa expresó que el uso del concepto delito mediático en Venezuela "es una forma de intimidación política que puede llevar a la criminalización del disenso y de la crítica, violentando el pluralismo que debe existir en los medios de comunicación social en una sociedad democrática".

Asimismo, el 4 de agosto la Cámara de Diputados de Chile aprobó casi unánimemente un Proyecto de Acuerdo en donde manifiestan su preocupación por el deterioro de la calidad democrática en Venezuela y recomiendan la aplicación plena de la Carta Democrática de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Por otro lado, el cierre de 33 emisoras de radio y 1 emisora de televisión el día 1 de agosto por parte del ministro Diosdado Cabello, director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), resulta un agravante a la situación preocupante de la libertad de expresión en Venezuela. Algunas de las causas aducidas para retirar la frecuencia a estas emisoras son el fallecimiento del titular de la concesión, renuncia, vencimiento de la licencia sin que haya habido proceso para su renovación, o porque se ha declarado improcedente una solicitud de cambio de titularidad.

Esta decisión es la primera que el Estado toma sobre una lista posible de 240 emisoras que se encontrarían en la misma situación. Las más conocidas son las emisoras CNB, de Caracas y de la vecina ciudad de Valencia, que forman parte de un circuito nacional con programación informativa y espacios de opinión críticos con el gobierno del presidente Hugo Chávez.

Es por todas estas irregularidades que afectan tanto a los venezolanos como a todos aquellos que defienden la libre opinión y el libre pensamiento que queremos manifestar nuestra preocupación.