Instar al PEN a condenar la acción del gobierno libio y a su líder Muammar el Kadafi, a apoyar las iniciativas de los denunciantes -en particular, la del fiscal

de la Corte Penal Internacional Luis Moreno Ocampo- y a promover acciones concretas en el marco de los organismos supra-nacionales existentes tendientes a evitar la repetición de estos hechos denigrantes.

Señor presidente:

Con motivo de la guerra civil desatada recientemente en Libia, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, mediante la resolución 1970 (2011), expresó su "grave preocupación por la situación en la Jamahiriya Árabe Libia, condenando la violencia y el empleo de la fuerza contra civiles, y deplorando la grave y sistemática violación de los derechos humanos, incluida la represión de manifestantes pacíficos y la muerte de civiles". La Corte Penal Internacional (CPI) y su fiscal Luis Moreno- Ocampo entregaron un informe a las Naciones Unidas en el cual el Fiscal declaró: "varios aspectos de nuestras pesquisas confirman la compra de sustancias tipo Viagra, que aumentarían la posibilidad de una violación". Estos medicamentos incrementan la potencia sexual de los soldados y son utilizados como arma de guerra contra la población. A tal respecto, Ocampo estaría estudiando acusar a Kadafi de "violación masiva como arma de guerra", estrategia que ya fue utilizada en el conflicto en la ex Yugoslavia.

El hecho salió a la luz cuando la ciudadana Eman al-Obeidi irrumpió en el hotel Rixos de Trípoli llamando la atención de la prensa internacional, denunciando haber sido violada por soldados del régimen. A raíz de su declaración, la cadena televisiva Al Yazeera investigó el hecho y dio a conocer varios testimonios de médicos libios que dicen haber encontrado pastillas de Viagra en los bolsillos de militares aliados al régimen de Kadafi.

Con respecto a los antecedentes legales internacionales sobre la violación de mujeres, la Convención de Ginebra de 1949 fue el primero en denunciar este tipo de acciones. Sin embargo, la Convención no incluyó las violaciones como infracción grave a perseguir por parte de los Estados. El Tribunal Internacional para la Antigua Yugoslavia (TPIY) modificó esta concepción, considerando la violación como un crimen contra los derechos humanos, que puede ser denunciada también como crimen de guerra. Por otro lado, para la CPI "la violación y la esclavitud sexual, así como la prostitución, esterilización y embarazos forzados son crímenes contra la humanidad cuando se cometen en forma sistemática"

Por todo lo expuesto anteriormente, y ante la gravedad de lo sucedido pedimos a los señores legisladores acompañar el presente proyecto de resolución.