Expresar su más profunda preocupación ante la represión ordenada por el gobierno del Presidente Nicaragüense, Daniel Ortega, tras las protestas en contra de la reforma del sistema de seguridad social, durante el mes de abril de 2018.

Señor presidente:

El 16 de abril pasado, el Instituto Nicaragüense del Seguro Social (INSS) reformó el sistema de pensiones para incrementar las contribuciones obreras y patronales.

La reforma desencadenó una oleada de protestas que hundieron a Nicaragua en el caos. Fueron los estudiantes los protagonistas de las manifestaciones luego de que Ortega decretara aumentar el aporte jubilatorio, una medida que tuvo que dar de baja por la presión popular. A las tomas universitarias se le sumaron saqueos y cortes de calles que paralizaron al país y con escasez de nafta. Como respuesta a estas medidas se llevaron adelante violentas represiones por parte de la policía.

Uno de los videos más impactantes que circularon en las redes sociales figura el del asesinato del periodista Ángel Gahona, director del noticiero local El Meridiano, que fue alcanzado por una bala mientras hacía una transmisión en vivo en Facebook Live.

El gobierno liberó a decenas de jóvenes detenidos, que contaron en los medios cómo habían sido abandonados en las rutas, descalzos y despojados de todas sus pertenencias. Los nicaragüenses pudieron escucharlos luego de que Ortega levantara el bloqueo al canal de televisión 100%Noticias, que había sido censurado. Aunque el gobierno liberó a algunos detenidos, los desaparecidos, según organismos de derechos humanos, suman alrededor de 60 personas.

Las víctimas incluyen estudiantes que iniciaron el movimiento, agentes de policía y jóvenes simpatizantes del gobernante Frente Sandinista, acusados de atacar a los manifestantes. Los muertos registrados por la Cruz Roja, atendidos en Managua, tenían entre 15 y 33 años y la causa en todos los casos fue de impacto por armas de fuego.

La Iniciativa Nicaragüense de Defensores de Derechos Humanos y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos difundió un informe con nombres y apellidos de los muertos, y anunció que lo remitiría a organismos humanitarios internacionales.

El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, en Ginebra, instó "a las autoridades nicaragüenses a asegurar que haya investigaciones prontas, profundas, independientes y transparentes de estas muertes", muchas de la cuales pudieron haber sido "ilegales".

La cifra de víctimas mortales durante la represión de las protestas gubernamentales saltó de 34 a 63, según la última estimación de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), al contabilizar las incidencias del interior del país centroamericano.