Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que informe, a través de los organismos que correspondan, sobre los ítems que a continuación se detallan:

a) Si es cierto que se ha decidido eliminar el beneficio que, por extensión de asignación familiar, reciben los alumnos y alumnas que concurren a establecimientos públicos de gestión privada.

b) Si la respuesta a la pregunta anterior es afirmativa, cuál o cuáles serían las razones que fundamentan tal decisión.

c) Si el poder ejecutivo tiene conocimiento que en muchos lugares del interior de nuestras provincias, y ante la ausencia del Estado, las comunidades o la Iglesia Católica han tenido que crear escuelas públicas de gestión privada para que sus niños pudieran recibir la educación que, además de ser un derecho, ha sido obligatoria siempre en algunos de los niveles de nuestro sistema educativo.

d) Si el Poder Ejecutivo tiene conocimiento que de acuerdo a los últimos cuerpos legales la educación es ahora obligatoria desde la última sala del nivel inicial y en muchos lugares del conurbano bonaerense un 30% de los chicos de esa edad quedaban fuera de la oferta estatal lo que fomentó la creación de instituciones de gestión privada.

e) Que por los mismos motivos fueron creadas Guarderías y Jardines Maternales de gestión privada (hasta por los mismos Movimientos Sociales) porque las madres de los hogares más carenciados debieron salir a trabajar dado que el salario de los maridos eran muy precarios como para poder mantener las familias con ese ingreso solamente.

f) Si el Poder Ejecutivo sabe que ante la ausencia del Estado en muchos lugares florecieron las iniciativas privadas dado que los niños del lugar debían dejar su familia y su pueblo desde muy temprana edad para poder seguir los estudios secundarios o no tenían los recursos económicos necesarios para poder sostener la estadía fuera de sus casas o los viajes pertinentes.

g) Si el poder Ejecutivo conoce que en esas escuelas privadas a las que nos referimos casi la totalidad de la matrícula pertenece a hijos de los sectores más pobres de nuestro país.

Señor presidente:

Según informaciones vertidas por los medios en el día de hoy, casi 300 mil chicos dejarían de cobrar la asignación universal por hijo. Se calcula que cerca de 280.000 alumnos distribuidos en 700 escuelas perderían este beneficio.

Desde el mes de junio, la ANSES sólo reconocería el certificado de escolaridad emitido por escuelas públicas y rechazaría los emitidos por aquellas escuelas que cobran matrícula y una cuota mensual, aunque las mismas sean bajas. A estas escuelas, justamente, concurren alumnos de pocos recursos, razón por la cual el cumplimiento de esta decisión constituiría un acto realmente discriminatorio. En este sentido, el Consejo de Educación Católica, que agrupa a 3000 colegios católicos en todo el país, habría expresado que estas escuelas reciben subsidio estatal precisamente porque sus alumnos no pueden pagar una cuota muy alta y hasta reciben, en algunos casos, una beca o pagan una cuota (van desde los 80$ hasta los 150$) que muchas veces es menor a la cuota de cooperadora que cobra una escuela de gestión estatal, para poder realizar sus estudios.

La reglamentación oficial establece que para cobrar la asignación por hijo debe presentarse una libreta donde conste, en el caso de los niños de más de cinco años, la certificación del cumplimiento del ciclo escolar en establecimientos públicos. A pesar de que en la actualidad todos los colegios son públicos, algunos de gestión estatal y otros de gestión privada, las delegaciones de la ANSeS -el organismo estatal que paga la ayuda- tendría instrucciones de no admitir las certificaciones de colegios privados. Por la vigencia de la asignación universal por hijo, el padre o la madre de escasos recursos vienen cobrando, desde noviembre, $ 144 mensuales, más los restantes $ 36 cuando presentan la libreta con la certificación de la escolaridad, más la de vacunación. Como la ANSeS fijó hasta el 30 de junio el plazo para la primera presentación de la libreta, los padres de los chicos que van a las escuelas privadas dejarían de recibir desde ese momento los $ 144 más el acumulado de los $ 36 pesos.

Según los distintos medios de comunicación, las autoridades gubernamentales fundamentarían esta decisión diciendo que no corresponde que el Estado subsidie a familias que están en condiciones de pagar una cuota, ni tampoco sería procedente hacerlo si la escuela privada tiene financiamiento estatal y los padres pagan una cuota mensual más baja, porque ya estarían recibiendo un subsidio estatal. Por otro lado, y de acuerdo a las mismas fuentes de información, las autoridades eclesiásticas que, dado que muchas escuelas de gestión privada cumplen una tarea social brindando la posibilidad de estudiar a alumnos pobres, mediante la decisión que se habría tomado se le estaría indirectamente negando a los padres de escasos recursos el derecho de elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos y sólo los padres ricos podrían entonces optar al respecto con libertad.

Desde nuestro punto de vista, además de creer que la limitación del goce de esta asignación solamente a los chicos que concurran a una escuela pública de gestión estatal limitaría también, de alguna manera, el derecho a la educación de muchos niños pobres, la misma debería tener una cobertura universal y con tal objeto deberían eliminarse condicionalidades como así también las restricciones que impidan a nuestros chicos el goce de un derecho ciudadano.

Por otra parte, el bloque de la C.C. tiene presentado el proyecto de ley INCINI, que cumple con la característica de universalidad de la asignación, de manera que de aprobarse este proyecto todo niño o niña, independientemente de la condición socio-económica de sus padres o de la condición laboral de los mismos, obtiene una asignación como derecho de ciudadanía, razón por la cual veríamos con mucho agrado se le de un rápido tratamiento en comisión y posterior aprobación. No obstante en el estado actual, lo que necesitamos es conocer si hay razones para pensar que se estaría tomando esta medida discriminatoria y perjudicial para muchos niños y niñas que se verían impedidos de obtener el beneficio que otorga actualmente el poder ejecutivo nacional Por tal motivo solicitamos al Poder Ejecutivo que aclare si es cierto que se tomaría tal decisión y, a las señoras y a los señores legisladores, que acompañen este proyecto con su voto afirmativo