ARTÍCULO 1º - Deberá conmemorarse el día 22 de febrero de cada año como el “Día Nacional de lucha contra la corrupción” como recordatorio del trágico siniestro ferroviario ocurrido en el año 2012, comúnmente conocido como “La tragedia de Once”, que dejo al descubierto un entramado fraudulento que involucraba a funcionarios, así como a empresarios del transporte, y que dejo en evidencia las consecuencias fatales que puede traer la corrupción.

ARTICULO 2° - El Poder Ejecutivo Nacional determinará las acciones a llevar a cabo todos los años para rendir homenaje a las víctimas de la tragedia.

ARTÍCULO 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

Señor presidente:

Las condenas de las causas judiciales que investigaron el trágico siniestro ferroviario ocurrido el 22 de febrero del 2012, dejaron en evidencia que, cuando es parte del entramado del Estado, la corrupción puede causar una tragedia. Es por este motivo que resulta atinente recordar el día de este terrible suceso, como día de lucha contra la corrupción en nuestro país, y así rendir un merecido homenaje a sus víctimas y familiares.

Cabe destacar que este proyecto ha sido solicitado por familiares de las víctimas de la tragedia, y que dada la relevancia que presente, hemos decidido acompañar la iniciativa y hacer esta presentación.

El siniestro ocurrido en el Barrio de Once de la Ciudad de Buenos Aires, a las 08:33 de la mañana de aquel miércoles 22 de febrero, cuando la formación de la Línea Sarmiento de la empresa Trenes de Buenos Aires S.A., no detuvo su marcha y colisionó con los paragolpes de la estación, dejó un saldo de 52 muertos y 789 heridas. Se trata del tercer accidente ferroviario de mayor envergadura en la historia de nuestro país.

Las víctimas fueron las siguientes: Juan Carlos Alonso, Karina Mariela Altamirano, Jonatan Maximiliano Báez, Dionisia Barros, Claudio Fabián Belfore, Natalia Benítez, Federico Agustín Bustamante, Micaela Cabrera Machicao, Darío Daniel Celle, Daniel Rodrigo Matías Cerrichio, Juan Daniel Cruz Aguilar, Graciela Beatriz Díaz, Sabrina Florencia Espíndola, Lucía Fernández Chaparro, Florencia Fernández Sugasti, Juan Leonel Frumento, Yolanda Sabrina Galván, Carlos María Garbuio, Alberto David García, Mónica Garzón, Marcela Alejandra Gómez, Ranulfo González Centurión, Verónica González Franco, Claudia Mariel Izzia, Fernando Andrés Lagrotta, Yan Leui Jiang, Nayda, Tatiana Lezano Alandia y Huma, su hija por nacer, Isabel López, Mora Nancy Esther López, Roberto López Pacheco, Alex Nahuel Martínez, Lucas Menghini Rey, Marina Moreno, Miguel Ángel Núñez Vilcampa, Lucas Gabriel Palud Quini, Sofía Florencia Peralta, Silvia Graciela Pereyra, Gloria Cecilia Pinilla León, Tatiana Mailén Pontiroli, Esther Sandra Reyes, Braulio Romero, Graciela Romero Benítez, María Scidone, Rosa Margarita Tévez, Sonia Torres Rolón, Gloria Alejandra Troncoso Somoza, Nicolás Elías Villalba, Pablo Fernando Zanotti, Cristian Daniel Zavala Aquino, Ana Teresa Zalaya Florentín y Ramón Ariel Zuñiga.

Los sucesos fueron investigados por el fiscal federal Federico Delgado, bajo el control del juez de instrucción federal Claudio Bonadío. En febrero de 2013, el juez Bonadío elevó la causa a juicio, con 28 procesados, entre ellos los Ex Secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi. Los familiares tuvieron una participación activa en el impulso del proceso y su accionar impidió que esta causa se demorara o pasara a dormir en los anaqueles de tribunales.

El primer juicio oral, conocido como “Once I”, comenzó el 18 de marzo de 2014 y se extendió por casi 2 años. La sentencia de primera instancia fue dictada el 29 de diciembre del año 2015 y de los 28 acusados, 21 recibieron condenas, entre ellos Schiavi y Jaime, así numerosos directivos de Trenes de Buenos Aires. Dichas condenas fueron apeladas, y el 8 de mayo de 2018 la Sala Tercera de la Cámara Federal de Casación dictó la sentencia de segunda instancia, confirmando el fallo, pero reduciendo las penas de todos los condenados.

Asimismo, el 27 de septiembre de 2017 se inició el segundo juicio por la tragedia de Once, conocido como “Once II”, en la cual se acusaba al Ex Ministro de Planificación de la Nación Julio de Vido. Dicho juicio resultó en la condena de De Vido a 5 años 8 meses de prisión por administración fraudulenta.

Las condenas en estas causas resultaron ser ejemplificadoras y a través de ellas ha quedado demostrado que los hechos de corrupción pueden cobrarse vidas. En este sentido, no es menor que exponentes del poder político de aquel momento, enfrenten penas severas por estos procesos.

La causa judicial demostró la existencia de un entramado de relaciones en el que el Estado aportaba sumas de dinero en concepto de subsidios destinados al sector del transporte, sin los controles necesarios. Esta situación posibilitó el desvío de los fondos a través de maniobras fraudulentas, por parte de la empresa prestataria, en lugar de invertirlos en el mantenimiento del sistema. De esta manera, se favoreció un triple juego entre el Gobierno Nacional, las empresas privadas y los organismos de control a través del cada uno obtenía un provecho, resultando en la muerte de 52 inocentes.

La corrupción endémica en el Estado no es neutral. Nuestro Código Penal la sanciona severamente para el caso de que quien la cometa sea un funcionario público. Sin embargo, está pendiente que esta sanción sea equivalente para los empresarios beneficiados por ella, ya que según el régimen actual, pareciera ser que solo el que recibe una dádiva es corrupto y no así quien la entrega. De esta forma, los jueces que trabajan en casos de corrupción deben ingeniárselas para incriminar a los empresarios con figuras como la de “cohecho pasivo” o “cohecho activo”, tipos penales mas leves que los de la “asociación ilícita”.

La Argentina esta viviendo un momento muy particular en materia de judicialización y procesamiento de la corrupción: Luego de la causa conocida como “Causa de los Cuadernos”, se dio inicio a una serie de investigaciones en las que los participantes de los ilícitos pueden declarar como arrepentidos y señalar a otros miembros del esquema de corrupción, dando esto lugar a una red de investigación amplia como nunca se había visto en la justicia de nuestro país.

Todavía falta que las Cámaras de Segunda Instancia y la Casación Penal confirmen este accionar de los jueces de instrucción, pero en principio le ha permitido a jueces y fiscales avanzar sobre la investigación. Este modelo de investigación fue aplicado por el Juez Moro en Brasil, quien tuvo a su cargo la investigación del Lava Jato, lo que terminó con la condena del ex presidente Lula quien se encuentra hoy en prisión. En Brasil existe lo que en la Argentina todavía no ha receptado en su Código que es la figura de la “delación premiada”.

Mas allá de la conmemoración del día específico, se hace necesario que este Congreso avance en el tratamiento de otras leyes claves para la lucha contra la corrupción, como el Nuevo Código Penal, que modifica y amplia los tipos penales para estos casos; la extinción de dominio, que permite recobrar los bienes mal habidos por el accionar ilícito tanto en materia de corrupción como en materia de narcotráfico; y una nueva Ley de Financiamiento de la Política, que permita controlar la vinculación entre los aportes de campaña de particulares y el accionar de los funcionarios públicos.

Por las razones expuestas y muchas más que podríamos brindar, solicito a mis pares el acompañamiento.