Su más enérgico repudio a las continuas violaciones a los Derechos Humanos cometidas en la República de Nicaragua durante 2018, así como por la situación de la libertad de expresión en el país.

Su indignación por la suspensión temporal del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y por la clausura a fines de 2018 de nueve organizaciones no gubernamentales vinculadas a la asistencia a los denunciantes por acoso y violación al actual presidente nicaragüense, Daniel Ortega.

Señor presidente:

El día 24 de junio de 2018 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inició el programa de Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), con el objeto de realizar el seguimiento de las recomendaciones efectuadas por la comisión para evaluar la situación de los Derechos Humanos en Nicaragua. Sin embargo, el 19 de diciembre de 2018, el gobierno de Nicaragua comunicó la decisión de suspender el MESENI y las visitas de la CIDH a Nicaragua, lo que imposibilita el registro del progreso de la situación en dicho país.

Sumado a esto, el día 14 de diciembre de 2018 fue allanado el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH)- organización no gubernamental que asesoraba a la actriz argentina Thelma Fardin en su denuncia por abuso radicada en la República de Nicaragua- y cancelada su personería jurídica por parte de la Asamblea Nacional. Además, ocho organizaciones más fueron clausuradas en las últimas semanas de 2018: el Centro de Investigación de la Comunicación (Cinco), el Instituto para el Desarrollo de la Democracia (Ipade), el Instituto de Liderazgo de las Segovias (ILLS), la Fundación para la Conservación y el Desarrollo del Sur Este de Nicaragua (Fundación del Río) y la Fundación para la Promoción y el Desarrollo Municipal (Popol Na), el organismo Hagamos Democracia, el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp) y el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas). Fueron allanadas también las oficinas de los medios Esta Semana, Esta Noche y Confidencial.

No se trató de un hecho aislado, sino de una política recurrente en un régimen que se ha caracterizado por la violación sistemática de los derechos humanos. Como agravante a la situación cabe consignar la denuncia por abuso realizada por Zoilamérica Narváez a Daniel Ortega, Presidente de la República de Nicaragua.

En el año 1998, Zoilamérica Narváez denunció que fue acosada y abusada sexualmente por su padrastro Daniel Ortega Saavedra, desde la niñez y durante veinte años. Su testimonio, publicado el 22 de mayo de 1998 expresa haber sido sometida por Ortega a un “régimen de cautiverio, persecución, espionaje y acecho”. La causa duró apenas cuatro días y la justicia exculpó al acusado. La denunciante tuvo que dejar el país en 2013 luego de años de persecución y amenazas, y desde entonces vive en Costa Rica.

En el año 2013 Santos Sebastián Flores Castillo denunció al Presidente de Nicaragua por abuso sexual y violación contra su hermana menor Elvia Junieth, pero resultó acusado por este mismo delito y condenado a 15 años. La víctima manifestó en noviembre de 2017 que su hermano fue encarcelado por defenderla y que ella estaba también bajo presión. Dos meses después, difundió una entrevista desde Miami manifestando que su hermano había mentido, en un contexto de poca claridad, según el Diario Las Américas. A su vez, la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), había solicitado al gobierno de Nicaragua que permita realizar una evaluación médica y psicológica legal e independiente al hermano, pero la petición fue ignorada.

Cabe agregar que ambas denuncias, de por sí gravísimas, suceden en un contexto social y político de resquebrajamiento de las instituciones democráticas de un país que presenta uno de los peores índices del continente en materia de derechos humanos, particularmente de las mujeres y niñas, según el Informe 2017/2018 de Amnistía Internacional sobre la situación de los derechos humanos en el mundo.

El informe consigna en Nicaragua un aumento y mayor brutalidad de los homicidios por motivos de género. Entre enero y diciembre de 2017 hubo 55 feminicidios, según la organización no gubernamental Católicas por el Derecho a Decidir Nicaragua. En junio de 2017 la Asamblea Nacional aprobó una enmienda a la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres que reducía a la esfera privada el alcance de la definición de feminicidio. También se crearon las "Consejerías Familiares", una serie de órganos que, según organizaciones de mujeres locales, eran controlados por la vicepresidente y primera dama, Rosario Murillo. A su vez, aumentaron los ataques contra defensores y defensoras de los derechos humanos, según lo manifestado en una audiencia pública ante la CIDH en septiembre de 2017.

En relación al contexto de gran vulneración de derechos humanos en Nicaragua en la esfera política y ciudadana en general, las elecciones municipales de noviembre de 2017 se vieron signadas por una extrema violencia, con al menos 5 muertos y 30 personas heridas en seis municipios, y uso excesivo de la fuerza por parte de la policía contra manifestantes. En julio de este año y luego de 90 días de iniciadas las movilizaciones sociales en el país, el Alto Comisionado de Derechos Humanos (OACDH) y la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) relevaron 280 muertos y 1830 heridos, dato ya proporcionado en el proyecto expediente 4683-D-2018.

Los datos expuestos en el presente proyecto dan cuenta de un contexto social y político cada vez más preocupante, con constantes violaciones a los derechos humanos, constituyéndose esto como una amenaza a la democracia en Nicaragua y la región.

Por todos estos motivos solicitamos a los señores diputados que acompañen este proyecto de declaración.