Manifestar su preocupación en relación a la investigación que lleva a cabo el Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas, sobre la distribución de Publicidad Oficial y que involucra al Sr. Secretario de Medios, Enrique Albistur y al Sr. Subsecretario de Gestión de Medios Alejandro Lenzberg sobre la posible comisión del delito de negociaciones incompatibles con la función pública (art. 265º del C.P.). Solicitar al poder ejecutivo arbitre las medidas necesarias a fin de facilitar la investigación separando del cargo hasta el esclarecimiento de los hechos a los funcionarios citados.

Señor presidente:

Estamos presenciando, una vez más, un lamentable caso de manejo discrecional y aparentemente doloso en la distribución de la publicidad oficial, pero esta vez, de dimensiones abrumadoras.

Sería importante para la salud republicana y asimismo una muestra de buena voluntad para facilitar la investigación que los, en principio sospechados, Enrique Albistur y Alejandro Lenzberg se apartaran de su cargo, a los fines de facilitar la investigación judicial hasta tanto la Justicia se expidiera.

Comparto plenamente con el Fiscal que, quien tiene precisamente como función principal en razón de su cargo, la planificación y contratación de la publicidad oficial del Estado, no debe ni puede, distribuir pauta oficial en su propio beneficio.

Es más, si dichos funcionarios estuvieren tan sólo vinculados a empresas de publicidad no deberían haber sido designados en esas funciones.

Cabe recordar, que mi proyecto Expte. Nº 3761-D-06 para regular la Publicidad Oficial, tenía por objeto precisamente evitar estos manejos arbitrarios y desvíos en la planificación y distribución de la pauta. De comprobarse la veracidad de los hechos denunciados sería gravísimo porque nos encontraríamos ante un hecho de corrupción en materia de asignación de recursos perpetrados por quien tenia la responsabilidad de administrarlos.

Desde nuestro rol de Legisladores no hemos dejado de señalar en cada oportunidad en la que tratamos el proyecto Anual del Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Nacional, que el Parlamento debe recuperar las funciones delegadas y que los llamados superpoderes que concentra el Jefe de Gabinete le permite asignar partidas e incrementarlas a su solo criterio. Este dato es relevante a la hora de evaluar el incremento de las partidas presupuestarias destinadas al pago de publicidad oficial. Según un informe de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la administración del ex Presidente Kirchner ya las había incrementado un 400% en el período que va del año 2003 al 2007.

Por otra parte existen denuncias relevadas por ADC sobre discriminación en el otorgamiento de la Pauta Oficial y presentaciones judiciales de distintos medios de comunicación en el mismo sentido. Esta investigación de la Fiscalía, revela además la discrecionalidad con la que se desarrollaba el proceso para otorgarla.

Antes de detallar algunos aspectos de la denuncia formulada debemos expresar preocupación por la falta de intervención de la Oficina Anticorrupción que es la tiene la competencia para advertir estos desvíos, por lo que creemos que el Ejecutivo también debería requerir mayores resultados sobre esa dependencia.

El Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, en la investigación que lleva adelante denunció al Secretario de Medios, Enrique Albistur, por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, al vincularlo con varias empresas publicitarias. A través de distintas asignaciones estas empresas se vieron beneficiadas con una cifra cercana a los 10 millones de pesos de pauta oficial, según la información que trascendió en varios medios de comunicación y que es ya de público conocimiento.

Las empresas supuestamente vinculadas a Albistur, su familia o sus funcionarios que detectó la FNIA son "Sisto Lemme y Cía S.A, Grupo Alsur S.A, Wall Street Vía Pública S.A, Estatic SA, Enterprise Publicidad SA, Video Market SA, Publicar SA y Grupo Alsur S. A (UTE).

La denuncia fue presentada en el Juzgado Federal Nº 9, en la cual Garrido señala que "los hechos descriptos...configuran en principio y al menos, el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, previsto y reprimido por el artículo 265 del Código Penal". Albistur Secretario de Medios, Alejandro Lenzberg Subsecretario de Gestión de Medios, Guillermo De Lella ex Director Nacional de Políticas Regionales y Gustavo Fernández Russo, Director General de Comunicaciones, son por ahora, los imputados por Garrido. Es necesario entonces que el Poder Ejecutivo tome las medidas pertinentes para facilitar la investigación y a su vez resuelva medidas de fondo para una correcta asignación de los recursos públicos.

Por lo todo expuesto solicitamos a esta Cámara apruebe el presente proyecto.