Convocar en los términos del artículo 71 de la Constitución Nacional y el artículo 204 del Reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación a la Sra. Ministra de Seguridad, Dra. Nilda Garré, a concurrir al pleno de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, a fin de brindar explicaciones vinculadas con la inacción de la Policía Federal ante los bloqueos sufridos entre el 26 y 27 de marzo de 2011 por los diarios La Nación y Clarín, cuya distribución se vio dificultada o impedida por esas medidas de acción directa

Señor presidente:

Entre la noche del 26 de marzo y el mediodía del 27 de marzo de 2011 la planta impresora del diario Clarín fue bloqueada por un grupo de personas que invocaban un supuesto conflicto gremial. Lo mismo ocurrió con el diario La Nación, aunque el bloqueo a este matutino finalizó a las 3 de la madrugada, lo que permitió que, con retraso y grandes inconvenientes, pudiera distribuirse.

Esa actitud está tipificada como delito en los artículos 161 y 194 del Código Penal, y como contravención en el artículo 57 de la ley 1472 de la Ciudad de Buenos Aires.

No es la primera vez que suceden hechos de esta naturaleza, cometidos sugestivamente contra periódicos que mantienen una línea editorial crítica del gobierno nacional.

En una oportunidad anterior, el juez civil Polo Olivera dictó dos medidas cautelares para prohibir que se reiteraran bloqueos a las plantas gráficas, las que notificó personalmente a la Ministra de Seguridad, Dra. Nilda Garré.

En estos últimos bloqueos, ante las denuncias formuladas por los interesados, la Policía Federal no realizó ninguna acción destinada a hacer cesar esos hechos ilícitos y mantuvo una absoluta pasividad, lo que significó una clara y manifiesta desobediencia a resoluciones judiciales, práctica que el actual gobierno nacional ha empleado en otras ocasiones, atribuyéndose la insólita facultad de determinar cuáles fallos cumple y cuáles no.

Esa pasividad no es casual. Aunque sea difícil determinar si el gobierno promovió los bloqueos, es evidente que los toleró y de alguna forma los celebró, porque se inscriben dentro de su permanente campaña por ahogar las voces independientes y llevar al país hacia el modelo autoritario que rige desde hace muchos años en la provincia de Santa Cruz.

La presencia de militantes del gremio de camioneros, cuyo líder es el principal socio político del oficialismo, abona esa interpretación. Hace pocos días, en la conferencia de prensa en la que se anunció el paro de dicho gremio a raíz de la existencia de un exhorto librado por un fiscal suizo para recabar información sobre Hugo Moyano y algunos de sus parientes, se amenazó a los diarios que publicaran datos que no fueran del agrado del Secretario General de la CGT y alto jerarca del Partido Justicialista con acciones directas como las que ocurrieron hace horas.

La inacción gubernamental revela también el incumplimiento de deberes que surgen de la Constitución Nacional y de tratados internacionales de jerarquía constitucional, que imponen la exigencia de defender activamente la libertad de expresión. Las fantasías pergeñadas por el INDEC y las sanciones a consultoras que difundan estimaciones económicas que no se ajusten a ese "país jardín de infantes", para citar el famoso título de un artículo de María Elena Walsh publicado durante la última dictadura, son eslabones de un sistema que ve en la libertad de conciencia y de opinión no la sal de la democracia sino la manifestación de un espíritu subversivo, que debe ser eliminado.

Resulta imprescindible, entonces, interpelar a la Ministra de Seguridad, responsable política de tales incumplimientos. Tanto el artículo 71 de la Constitución Nacional, como el artículo 204 del Reglamento de la Cámara de Diputados, nos otorgan la potestad de citar a los ministros del Poder Ejecutivo y los respectivos Secretarios a los efectos de proporcionar las explicaciones pertinentes.

Por los motivos expuestos es que solicitamos la aprobación del presente proyecto.