Su preocupación por las amenazas recibidas por el periodista Gustavo Heredia, de Radio Universidad de la Provincia San Luis, el 22 de enero de 2009, a propósito de la cobertura periodística que desarrolla en el juicio a represores de la última dictadura militar y reclama la investigación del hecho a las autoridades correspondientes.

Señor presidente:

En la mañana del jueves 22 de enero de 2009, el periodista Gustavo Heredia, de Radio Universidad de la Provincia San Luis y el abogado Enrique Ponce, de familiares de víctimas y de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), fueron amenazados mediante una llamada telefónica en el domicilio particular del periodista, por la actuación de ambos en el juicio que se le sigue a represores de la última dictadura militar.

Ponce realizó la denuncia correspondiente e hizo referencia "a supuestos policías de civil ubicados en el lugar destinado al público que se entremezclarían tratando de escuchar las conversaciones", y alertó que "en la mañana del 21 de enero uno de los presuntos agentes encubiertos se había sentado en el lugar destinado a periodistas".

En la causa se investiga el asesinato de Graciela Fiochetti, ocurrido en septiembre de 1976, la desaparición de Santana Alcaraz y Pedro Ledesma, ocurrida en la misma época y las torturas recibidas por Víctor Fernández, sobreviviente de esas detenciones. Por esos crímenes están acusados los policías Víctor Becerra, Juan Carlos Pérez y Luis Orozco y los coroneles retirados Carlos Esteban Plá y Miguel Angel Fernández Gez.

En tanto la denuncia generó la opinión del camarista Roberto Burad, quien señaló que "aunque el tema no es de competencia federal, iban a seguirlo" y que, continuó, "el Tribunal se va a interesar en esta situación", "La Justicia debe actuar con todo el peso de la ley para que los ciudadanos puedan expresarse libremente a pesar de sus diferencias y para que nunca más la muerte silencie los pensamientos", añadiendo que "mucho más los de los periodistas, que expresan desde su punto de vista los acontecimientos que les tocan relatar".

En tanto el hecho generó también la expresión del Foro de Periodismo Argentino (Fopea), quien alertó y expresó su repudio por la preocupante amenaza recibida por el periodista Gustavo Heredia, de Radio Universidad de San Luis, a la vez de expresar su solidaridad con los amenazados, en un reciente comunicado.

El llamado que se recibió a la mañana de la última jornada del juicio oral, antes de los alegatos, amenazaba con la intromisión en los domicilios particulares del periodista y el abogado para "simular un robo en sus casas para sacarles documentación que está en su poder" según afirmaron los amenazados a distintos medios.

La amenaza fue informada a los miembros del Tribunal Oral Federal que llevan el juicio y fue incorporada a la causa. También fue denunciada ante la Fiscalía Federal a cargo de Mónica Spagnuolo, quien ordenó medidas de seguridad para los domicilios particulares de los amenazados.

Este tipo de atentados no es nuevo, más aún cuando se trata de investigaciones vinculadas a crímenes de lesa humanidad y es nuestro deber expresarnos para garantizar el derecho a la libertad de información y de expresión, a la vez de exigir una profunda investigación de los hechos para arribar a detectar a los responsables.

En 2008, varios hechos que atentan contra la libertad de expresión han sido denunciados en nuestro país y en el transcurso de este 2009 la cantidad de hechos se ha ido incrementando, nuestro Parlamento debe actuar toda vez que se vean amenazados o lesionados los derechos de los ciudadanos.

Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares Sres. Diputados nos acompañen con el voto afirmativo al presente proyecto.