Solicitar la presencia, en los términos de los artículos 71 de la Constitución Nacional y 204 del Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, de la titular del Ministerio de Seguridad de la Nación Sra. Patricia Bullrich y del Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Dr. Germán Garavano, a fin de que brinden información precisa y detallada ante la comisión de Agricultura y Ganadería, la comisión de Derechos Humanos, la comisión de Justicia de esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación y la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso de la Nación, acerca de:

1) Los convenios de colaboración que se encuentren en preparación o se hayan celebrado con el Gobierno de Santiago del Estero y si alguno de ellos, guarda relación con el activismo del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, Movimiento Nacional Campesino Indígena y/u otra organización o movimiento social similar.

2) En caso positivo informe:

a) ¿Cuáles son los detalles de las negociaciones y encuentros para la celebración de los convenios en cuestión?

b) ¿Cuáles son los funcionarios asignados a esas tareas?

3) En ese sentido, informe o niegue fehacientemente si existe en alguna de las dependencias a su cargo (ministerio y/o secretaría) orden escrita de realizar investigaciones de inteligencia respecto del trabajo social que efectúan organizaciones como las señaladas anteriormente, en la Provincia de Santiago del Estero.

Señor presidente:

El 17 de noviembre del año 2014 el Congreso de la Nación sancionó la Ley 27.188 de Agricultura Familiar y con ella dispuso los mandatos que pesan sobre el Poder Ejecutivo Nacional al momento de impulsar políticas sobre las organizaciones sociales campesinas.

Ese estado de derecho es el que debe garantizarse y tanto las políticas como los recursos que provengan del Estado deben estar puestos en función de los siguientes principios que determina la Ley 27.188:

1) La agricultura familiar, campesina e indígena se declara de interés público por su contribución a la seguridad y soberanía alimentaria del pueblo, por practicar y promover sistemas de vida y de producción que preservan la biodiversidad y procesos sostenibles de transformación productiva.

2) Promover el desarrollo humano integral, bienestar social y económico de les productores, de sus comunidades, de les trabajadores de campo y, en general, de les agentes del medio rural, contribuir a la soberanía y seguridad alimentaria de la nación y valorizar la agricultura familiar en toda su diversidad, como sujeto prioritario de las políticas públicas que se implementen en las distintas esferas del Poder Ejecutivo nacional; reconocer explícitamente las prácticas de vida y productivas de las comunidades originarias y finalmente, afianzar la población que habita los territorios rurales en pos de la ocupación armónica del territorio, generando condiciones favorables para la radicación y permanencia de la familia y de los jóvenes en el campo, en materia de hábitat, ingresos y calidad de vida, equitativa e integrada con las áreas urbanas;

En concordancia con estos principios, cualquier acto de inteligencia, vigilancia y/o represión sobre las organizaciones sociales campesinas vulneran de manera plena los criterios trazados por el estado de derecho a partir de esta ley.

Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación del presente Proyecto de Resolución.