Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional a los efectos de solicitarle el efectivo cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño, aprobada por la Ley 23.849, invirtiendo hasta el máximo de los recursos de que disponga, y de ser necesario dentro del marco de la cooperación internacional, para garantizar el interés superior y los derechos de las niñas, niños y adolescentes, evitando toda medida administrativa, presupuestaria, o de otra índole, de carácter regresivo.

Señor presidente:

En virtud del artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, es atribución del Congreso Nacional “aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede”. Esta atribución implica el respectivo deber del Congreso de supervisar el efectivo cumplimiento de los tratados que ha aprobado.

El presente proyecto de resolución se fundamente en la preocupación que el Poder Ejecutivo Nacional, en sus decisiones administrativas y presupuestarias, pueda estar vulnerando los derechos consagrados en Convención sobre los Derechos del Niño, aprobaba por la Ley Nº 23.849, de jerarquía Constitucional según lo dispuesto por artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional.

El aumento creciente de la inflación, estimada oficialmente en torno al 15% y actualmente proyectada por distintas fuentes en cerca del 40% o más, impacta negativamente en los recursos públicos disponibles y necesarios para garantizar los derechos consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño, y, entre otras leyes, por la Ley N° 26.061 de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

En este sentido, diversos medios de comunicación han advertido que “el Gobierno apuesta a congelar los gastos para que la inflación haga el ajuste”.

Junto a la problemática de no aumentar la inversión pública al ritmo del aumento de la inflación, se observa con preocupación la sub ejecución presupuestaria en diversos programas destinados a la niñez y a la adolescencia.

Por ejemplo, el Ministerio de Hacienda de la Nación informa, en el sitio web “Presupuesto Abierto”, preocupantes situaciones de sub ejecuciones presupuestarias en el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de los Programas N° 47 “Promoción y Asistencia a Espacios de Primera Infancia”; N° 26 “Políticas Alimentarias”; N° 45 “Políticas Federales para la Promoción de Derechos de Niños y Adolescentes”.

Asimismo, resulta preocupante la decisión administrativa 1605/2018 de la Jefatura de Gabinete de Ministros, donde se modifican partidas presupuestarias reduciendo el presupuesto destinado a la niñez y la adolescencia, en lugar de acudir a ampliaciones presupuestarias o a otras fuentes de financiamiento.

En este contexto, Unicef Argentina ha señalado en un comunicado publicado el 4 de septiembre de 2018 que “La convención de los Derechos del Niño establece que los gobiernos deben asegurar que, en cada disposición, siempre prevalezca la mejor opción posible para la niñez. A su vez, obliga a los Estados a asignar los recursos materiales y económicos para garantizar el goce de derechos de los niños “hasta el máximo de los recursos de que dispongan” y, en tiempos de crisis económica, los gobiernos no deben adoptar medidas regresivas que pongan riesgo a la infancia. En esta misma línea, la recomendación realizada por el Comité de Derechos del Niño al país en 2018 llamo a proteger los recursos asignados a la niñez y asegurar que sean ejecutados de manera completa y eficiente”.

En este sentido, con relación a la afectación de los recursos presupuestarios por causas macroeconómicas, como, por ejemplo, el crecimiento de la inflación y el descenso del crecimiento económico, el Comité de los Derechos del Niño y de la Niña de la ONU, en su Observación general N° 19 del año 2016, sobre la elaboración de presupuestos públicos para hacer efectivo los derechos del niño y de la niña, ha señalado, entre otras consideraciones, que:

- “La obligación impuesta a los Estados partes en virtud del artículo 4 de dar efectividad a los derechos económicos, sociales y culturales “hasta el máximo de los recursos de que dispongan” significa también que no deben adoptar medidas regresivas deliberadas en relación con tales derechos. Los Estados partes no deben permitir se deteriore que el nivel actual de disfrute de los derechos del niño” (31)

Asimismo, la publicación del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) “En busca de la incidencia para proteger y mejorar la asignación de recursos para la niñez” (Mayo de 2018), expresa que “invertir en la niñez y la adolescencia es una obligación jurídica de los Estados, que tiene su base en el imperativo ético de garantizar a cada niño, niña y adolescente el cumplimiento de sus derechos. Cuando un Estado ratifica la Convención de los Derechos del Niño, asume, en virtud del derecho internacional, la obligación de aplicarla sean cuales fueran sus circunstancias económicas (…)”.

De acuerdo a la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Niña, la República Argentina, como Estado parte de la misma, tiene la obligación de garantizar el principio de “interés superior del niño” “hasta el máximo de los recursos de que dispongan”. Este deber, no es una cuestión discrecional u opcional, sino que implica el deber de implementar medidas ejecutivas, legislativas y judiciales, que son examinadas por el Comité de los Derechos del Niño y de la Niña.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento para la aprobación del presente proyecto de resolución.