Expresar su preocupación ante el desplazamiento del Fiscal Gabriel De Vedia, quien está a cargo de la UFISES e interviene en causas sensibles para el resguardo de los derechos de seguridad social, por parte del señor Procurador Interino Eduardo Casal.

Señor presidente:

El presente proyecto tiene por objeto expresar preocupación por el desplazamiento del Fiscal Gabiel De Vedia de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos de la Seguridad Social quien hasta la resolución que ordena el cese en dicha función actuaba en resonantes causas donde se afectaba el interés de los fondos destinados a la seguridad social. Entre ella puede mencionarse aquella donde De Vedia denunció al titular de ANSES, Emilio Basavilbaso, y por la cual este fuera citado a prestar declaración indagatoria por el juez federal Claudio Bonadío, en virtud de su participación en la prejudicial venta de la participación estatal en Petrobras a Pampa Energía, empresa conducida por Marcelo Mindlin, reconocido amigo del presidente de la Nación.

El Fiscal Gabriel De Vedia ganó por concurso su cargo de fiscal ante el fuero federal de la seguridad social, y posteriormente, considerando su especialidad, la ex Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, lo designó como titular de la UFISES.

Entre las denuncias en las que intervino, además de la ya mencionada, se encuentra la que le realizara al Ministro de Finanzas, Luis Caputo, quien integró el comité ejecutivo Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y desde allí el funcionario habría desviado fondos previsionales en favor de un fondo de inversión, Axis, del que fue director y titular hasta el 4 de diciembre de 2015, días antes de llegar al Gobierno.

También se puede mencionar la causa donde el fiscal ahora denunció a Luis María Blaquier, también ex director del FGS hasta fines de 2016, quien según De Vedia habría continuado ligado a las empresas Cablevisión y Arcor y habría promovido desde el fondo la compra de acciones de esas empresas en “beneficio personal o de terceros”.

Entre las destacables acciones de De Vedia se encuentra su firme oposición a la decisión del Gobierno de recortar masivamente las pensiones por discapacidad, allí el fiscal sostuvo que se estaba violando un derecho adquirido.

Asimismo, cuando tuvo que dictaminar sobre la reforma previsional impulsada por el oficialismo en diciembre pasado, De Vedia opinó que se debía frenar el recorte de jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Finalmente entendemos que Gabriel González Da Silva, el fiscal que a instancia del procurador interino reemplazará a De Vedia, designado supuestamente para “mejorar el rendimiento del Ministerio Público Fiscal” carece de TODA especialidad en la materia y su desempeño desde que jurara (muy recientemente) como funcionario del MPF, ha sido más que preocupante. En ese sentido cabe destacar que se trata de un fiscal penal, sin especialización en cuestiones previsionales y que ya tiene varias funciones asignadas. Se desempeña desde diciembre último como titular de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal. En dicha función González Da Silva, fracasó rotundamente en la colaboración pedida con un magistrado federal para identificar al personal policial que reprimió a Diputados Nacionales el día previo a la sanción de la referida reforma previsional.

En virtud de todo lo expuesto, nos llama poderosamente la atención que el procurador interino resolviera intempestivamente el cambio de De Vedia por González Da Silva, una medida que nos parece sumamente arbitraria y que evidencia un desempeño que no resulta para nada el apropiado en la función que transitoriamente le ha tocado realizar.

Cabe preguntarse entonces, ¿qué motivó el desplazamiento del fiscal especializado en seguridad social? ¿habrán existido presiones del gobierno al respecto?, si los fundamentos para ordenarlo no son reales, ¿estamos ante un evidente caso de nulidad del mismo? Necesitamos que se nos aclare todas estas cuestiones.

Mientras tanto, no podemos desconocer ni hacernos los distraídos de que el hoy fiscal desplazado imputó a varios funcionarios públicos y ha obrado probadamente como un fiel defensor de los derechos sociales de trabajadores y trabajadoras.

Por lo expuesto, solicito la aprobación del presente Proyecto de Resolución.