Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que, a través de los organismos que correspondan, informe por escrito acerca de las siguientes consultas vinculadas a las distintas políticas públicas que ha implementado en el corriente año para abordar en forma integral las situaciones de emergencia social que sufre la población en situación de vulnerabilidad en el período de invierno:

1) Si ha aumentado el presupuesto destinado a ampliar la cobertura de las políticas públicas nacionales, provinciales y municipales de refugio y asistencia social y sanitaria a personas y familias en situación de calle, abandono y de alta vulnerabilidad social;

2) Si ha aumentado el presupuesto destinado a fortalecer a las organizaciones religiosas, de la sociedad civil, entre otras, que brindan refugio y asistencia a personas y familias en situación de calle, abandono y de alta vulnerabilidad social, y difundir sus campañas solidarias en los medios masivos de comunicación públicos y mediante el gasto en publicidad oficial;

3) Si ha aumentado el presupuesto y si ha ampliado la cobertura de los programas alimentarios, nutricionales y sanitarios;

4) Si ha promovido Canastas Básicas de Invierno y acuerdos de precios cuidados a los efectos de reducir el costo de productos esenciales en el invierno, como, por ejemplo, alimentos y nutrientes, calzados, vestimentas de abrigo, frazadas, colchones, equipos e insumos de calefacción, entre otros productos;

5) Si ha coordinado y articulado en el período de invierno las políticas públicas materno infantil, de niñez y adolescencia, alimentarias y nutricionales; sanitarias, de personas con discapacidad, adultos mayores, entre otras,

6) Si ha Implementado medidas alternativas para evitar la suspensión de cortes de gas por falta de pago de familias en situaciones de emergencia social;

7) Si ha Implementado políticas públicas de reducción de costos de garrafas sociales y de otros instrumentos de calefacción;

8) Si ha aumentado el presupuesto destinado a mejorar la infraestructura y la calefacción de Escuelas, Hospitales, Centros de Atención Primaria de la Salud, Centros de Niñez y Adolescencia, Adultos Mayores, Personas con Discapacidad, y de otros centros públicos;

9) Si ha reforzado la cantidad de trabajadoras y trabajadores públicos asignados a implementar políticas públicas relacionadas a la emergencia social en el período de invierno.

Señor presidente:

El presente de resolución solicitando informes al Poder Ejecutivo Nacional sobre las políticas públicas implementadas para abordar en forma integral las situaciones de emergencia social, alimentaria, sanitaria y habitacional que se vive en el período de invierno, es complementario al proyecto de Ley proyecto de Ley de creación del Programa Federal de Emergencia Social “Prioridad Invierno”, registrado bajo el número de expediente 2552-D-2019.

El Programa Federal de Emergencia Social “Prioridad Invierno” tiene el objeto de garantizar los derechos humanos de subsistencia por medio de fortalecer las políticas públicas destinadas a las personas y a familias en situación de vulnerabilidad social en el período de invierno de cada año.

La pobreza con hambre y con frío en el período de invierno de cada año pone en riesgo la vida, la salud y la subsistencia de las personas y de las familias en general, y en especial de las personas y de las familias en situación de calle, que viven en viviendas precarias y en zonas climáticas desfavorables. El Estado no puede estar ausente ante las situaciones de abandono y desprotección que sufren las ciudadanas y los ciudadanos.

La efectividad de las políticas públicas de asistencia, promoción, protección y desarrollo humano integral implica que deban ser diseñadas e implementadas de acuerdo a las condiciones climáticas de cada época del año y de cada región del País, abordando las características específicas de las mismas.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) está reflejando que en la Argentina se vive una situación de emergencia social por el aumento de la pobreza y la indigencia. El INDEC señala que “en el segundo semestre de 2018 el porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza es del 23,4%; estos comprenden el 32,0% de las personas. Dentro de este conjunto se distingue un 4,8% de hogares indigentes que incluyen el 6,7% de las personas. Los indicadores mencionados registran una suba de la pobreza y la indigencia con respecto al primer semestre de 2018 y también respecto de los consignados en el segundo semestre de 2017”.

Las niñas y los niños son quienes más sufren la pobreza con frío en el invierno. El INDEC señala que son indigentes el 10,9% de las niñas y de los niños de 0 a 14 años, y que son pobres el 46,8% de las niñas y de los niños de esa franja de edad. Junto al aumento de la indigencia y de la pobreza, el Programa que se propone crear se debería aprobar e implementar en forma urgente ante el creciente aumento de la inflación en productos y servicios esenciales básicos para la subsistencia, como, por ejemplo, los vinculados a la alimentación y a la nutrición, los medicamentos, el calzado y la vestimenta, y las tarifas para la calefacción de las personas y de las familias.

En este grave contexto social, el Programa Federal “Prioridad Invierno”, se proponía como una política pública de emergencia que se debería implementar en forma rápida y efectiva para abordar el aumento de la indigencia y de la pobreza de la ciudadanía en general, y de las niñas y de los niños en particular, quienes son los que más sufren las condiciones climáticas adversas en el invierno.

Los derechos humanos de subsistencia están garantizados, entre otras Declaraciones, Convenciones y Pactos de Derechos Humanos, por la Declaración Universal de los Derechos Humanos que, en su artículo 25 inciso 1° sostiene que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”.

El mencionado proyecto de Ley se presentó con el objetivo de garantizar los derechos humanos establecidos en la Convención de los Derechos del Niño, aprobada por la Ley 23.849, que establece, entre otros principios, que se deben implementar políticas públicas que protejan el “interés superior de los niños” y que “aseguren al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar”.

Asimismo, se buscó garantizar los derechos humanos reconocidos en la Convención Interamericana sobre protección de los derechos humanos de las personas mayores aprobada por la Ley 27.360. La mencionada Convención establece que se entiende por abandono “la falta de acción deliberada o no para atender de manera integral las necesidades de una persona mayor que ponga en peligro su vida o su integridad física, psíquica o moral”.

También, se ha tenido el objetivo de garantizar los derechos humanos establecidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad aprobada por la Ley 26.378 y por la Ley 27.044 que otorga jerarquía constitucional a la misma. La Convención sostiene que el Propósito de la misma “es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente. Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”.

Por las razones expuestas, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de resolución.