Diputados
Daniel Arroyo
Diputado de la Nación
UNIÓN POR LA PATRIA
Período: 10/12/2021 - 09/12/2025
PROYECTO DE RESOLUCION
Expediente: 3346-D-2019
Sumario: PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LA "ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - ANSES -".
Fecha: 03/07/2019
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 89
Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que, a través de las áreas u organismos pertinentes del Ministerio de Producción y Trabajo, el Ministerio de Salud y Desarrollo Social, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y/o cualquier otra repartición que pudiera corresponder, informe lo siguiente:
1. Cantidad de Ocupados Registrados en el sector privado en los años 2005 - 2010 - 2015 - 2018, desagregado por cada uno de los 24 Municipios del Conurbano Bonaerense , el Resto de la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
2. Cantidad de Personas en Acciones de la Secretaría de Empleo en los años 2010 - 2015 - 2018, desagregado por cada uno de los 24 Municipios referidos, el Resto de la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
3. Cantidad de Beneficiarios del Programa “Hacemos Futuro” (ex beneficiarios de los programas “Argentina Trabaja”, “Ellas Hacen” y “Desde el Barrio”), en los años 2010 - 2015 - 2018, desagregado por cada uno de los 24 Municipios indicados, el Resto de la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
4. Cantidad de Beneficiarios de la “Asignación Universal por Hijo”, en los años 2010 - 2015 - 2018, desagregado por cada uno de los 24 Municipios referidos, el Resto de la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
5. Cantidad de Beneficiarios Titulares de Jubilaciones y Pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino, en cada uno de los años 2005 - 2010 - 2015 - 2018, desagregado por cada uno de los 24 Municipios indicados, el Resto de la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
6. Cantidad de Beneficiarios Titulares con jubilación y/o pensión con moratoria en el año 2018, desagregado por cada uno de los 24 Municipios referidos, el Resto de la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
7. Sírvase informar cualquier otra cuestión que pueda contribuir al presente.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 14 bis de la Constitución Nacional es considerado una suerte de catálogo social que establece los derechos básicos que hacen al trabajo decente y la protección social, como base para la realización de otros derechos humanos y para una vida en dignidad. Tutela que se amplía considerablemente en los tratados de derechos humanos que gozan de jerarquía constitucional, en los términos del artículo 75 inciso 22 de la Ley Fundamental, enriqueciendo el espectro de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) expresamente reconocidos.
En tal sentido, adquiere relevancia el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) que, desde un abordaje integral del campo social, compromete a los Estados a adoptar las medidas adecuadas para garantizar el derecho al trabajo y la satisfacción de los principios y derechos fundamentales que lo informan, en su dimensión individual (condiciones de trabajo equitativas, remuneración mínima, jornada limitada, derecho de asociación y otros) y colectiva (libertad de asociación, derecho de huelga, entre otros), así como también el acceso a un nivel adecuado de protección social y el disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.
Así es que la realización progresiva de estos y tantos otros derechos fundamentales reconocidos en el PIDESC requiere de prestaciones positivas por parte de los Estados, sobre quienes pesa la responsabilidad de remover los obstáculos para hacer efectivo el ejercicio de tales derechos. En el marco de la evaluación de la implementación del tratado, compete al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, órgano subsidiario del Consejo Económico y Social (ECOSOC) de Naciones Unidas, examinar periódicamente las medidas adoptadas a tal fin.
En el caso particular del Estado argentino, el sistema de protección social abarca un entramado complejo de esquemas y programas que, combinando lo contributivo y lo no contributivo, pretenden reducir los riesgos y vulnerabilidades sociales y contribuir a la realización de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) de las personas.
El contexto socio-económico posterior a la crisis de 2001 exigió un paulatino proceso de reconstrucción del Estado, orientado a la restauración de los lazos de solidaridad y a la necesaria integración de amplios sectores de la sociedad que habían sido despojados de los más elementales derechos inherentes a la condición humana.
En este proceso de resignificación del rol del Estado en la cuestión social, como contrapartida del desguace de las políticas neoliberales de los años ’90, se han implementado una serie de políticas sociales tendientes a restituir y ampliar derechos, en el marco de un esquema de empleo sostenido, aumento de la inversión pública en salud y educación, y transferencias de ingresos hacia los sectores más vulnerables a través de programas de transferencias condicionadas y las pensiones sociales.
Hablamos de políticas que han impactado sensiblemente en la calidad de vida de los sectores populares, logrando extender la cobertura de protección social y garantizar pisos mínimos de acceso a la ciudadanía, lo que se tradujo en una clara mejora en los indicadores sociales. Por supuesto que en un escenario de desigualdades estructurales y los factores condicionantes de pobreza como el que presenta nuestro país, se requiere una apuesta a largo plazo para profundizar y consolidar el proceso de inclusión.
Ahora bien, en diciembre de 2015, con la asunción del gobierno de Cambiemos en el orden nacional, se inició un proceso de ajuste en el que las políticas públicas se orientaron a mejorar la rentabilidad de los sectores más concentrados de la economía, a costa de los sectores medios y bajos.
Este modelo regresivo ha menoscabado profundamente el sistema de cobertura social, a través de la reducción del gasto público en salud y educación, las modificaciones en las políticas de empleo y seguridad social, el desmantelamiento de áreas de gestión de la política social, y la discontinuidad o desfinanciamiento de programas sociales destinados a sectores populares.
En este contexto de ajuste y recesión, que se ha visto agravado por los impactos de la devaluación de la moneda y el creciente proceso inflacionario, tuvieron lugar las observaciones del aludido Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Observaciones Finales sobre la Argentina de octubre de 2018), que arrojaron una evaluación sumamente negativa respecto del estado de situación de los DESC en nuestro país.
En dicho informe el Comité destaca entre sus principales motivos de preocupación, “la reducción de los niveles de protección efectiva de los derechos consagrados en el Pacto, en particular para las personas y grupos desfavorecidos, como consecuencia de la inflación y las medidas de austeridad. Al Comité le preocupa también que, en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el Gobierno prevé un objetivo de déficit cero para 2019, agudizando el recorte del gasto social”.
A su vez, observa con preocupación “el aumento del desempleo a lo largo de los últimos cinco años y el alarmante incremento de los índices de desocupación en el primer trimestre de 2018, afectando de manera desproporcionada a grupos desfavorecidos, en particular a jóvenes, mujeres y habitantes de zonas rurales”.
En ese orden, aconseja “adoptar medidas concretas para reducir el desempleo, protegiendo puestos existentes, con especial atención en las mujeres, los jóvenes y los habitantes de las zonas rurales. El Comité recomienda también al Estado parte que siga evaluando el impacto de las medidas de ajustes estructurales sobre el empleo, con énfasis en los grupos desfavorecidos”.
Por otra parte, se advierte “el número significativo de trabajadores que labora en el sector informal de la economía en el Estado parte y que no están debidamente protegidos por la legislación laboral, incluido la falta de acceso al derecho a la seguridad social”, recomendando “adoptar todas las medidas necesarias para progresivamente disminuir el número de trabajadores que participan en el sector informal de la economía e integrarlos al sector formal, y brindarles acceso a la legislación laboral y a la protección social”.
Entre otros aspectos, el Comité señala las consecuencias negativas de la Ley 27.426 de reforma previsional en materia de seguridad social, así como la suspensión de las pensiones no contributivas a personas con discapacidad, de carácter regresivo.
El informe atribuye central relevancia al fenómeno de la pobreza estructural, que se mantiene en un piso del 25 al 30% de la población y al impacto negativo de la devaluación e inflación en la pobreza y la desigualdad, señalando con particular preocupación la concentración de núcleos duros de pobreza en el Gran Buenos Aires y en el norte del país.
Remarca, además, el impacto negativo de los aumentos masivos en las tarifas de los servicios básicos (agua, gas, electricidad, transporte y medicamentos) en los grupos desfavorecidos, así como en la clase media y que los aumentos del salario mínimo y de la Asignación Universal por Hijo no permitan compensar la inflación”. En tal sentido, recomienda implementar políticas públicas orientadas a “mitigar las desigualdades que pueden agudizarse en tiempos de crisis”.
Por último, el Comité insta al Estado argentino a asegurar la cobertura universal de sus programas sociales, proteger las prestaciones frente a los efectos de la inflación y remover los obstáculos administrativos para el acceso a esas prestaciones.
En el orden local, los indicadores sociales oficiales también dan cuenta de la situación de emergencia social que se vive en la Argentina, con un aumento alarmante de la pobreza y la indigencia. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) indicó que “en el segundo semestre de 2018 el porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza es del 23,4%; estos comprenden el 32,0% de las personas. Dentro de este conjunto se distingue un 4,8% de hogares indigentes que incluyen el 6,7% de las personas. Los indicadores mencionados registran una suba de la pobreza y la indigencia con respecto al primer semestre de 2018 y también respecto de los consignados en el segundo semestre de 2017”.
De acuerdo al último informe técnico publicado el 19 de junio de 2019 por el INDEC, que abarca un total de 31 aglomerados urbanos, la tasa de desocupación alcanzó los dos dígitos, ascendiendo a un 10,1% en el primer trimestre de 2019. Tanto en la comparación interanual, como tomando de referencia el cuarto trimestre de 2018, la tasa de desocupación registra una variación estadísticamente significativa, ya que aumentó un 1%, pasando de un 9,1% al 10,1%.
Asimismo, el INDEC señala que la tasa de desocupación afecta con mayor intensidad al segmento de la población joven de 14 a 29 años. Mientras que en comparación con el cuarto trimestre de 2018 el número de varones desocupados aumentó un 3,1%, y el de mujeres un 1,7%, en la comparación interanual la tasa reportó un incremento de 3,2% en el caso de los varones, pasando de 15,4% a 18,5%; y un 2,2% para las mujeres que pasaron del 20,9% a 23,1% de desocupación.
En el caso del Gran Buenos Aires, los indicadores reflejan con claridad la situación de emergencia laboral con un total de población desocupada de un 1% mayor que a nivel país, presentando una tasa de un 11,1% que se desagrega de la siguiente manera: un 7,2% de personas desocupadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), y un 12,3% en los partidos del Gran Buenos Aires (GBA).
Las cifras de la región se agravan cuando atendemos al segmento joven, en que el número de varones desocupados se eleva a un 19,9%, y el de mujeres a un 25,8%. Ahora bien, si nos adentramos en los partidos del GBA, el INDEC da cuenta de un 21,4% de varones desocupados (marcadamente superior que el 12,5% que registra CABA), y un 27,5% en el caso de las mujeres (contra un 19,8% en CABA).
Más allá de esta breve descripción del estado de situación, que evidencia un escenario de crisis económica y social, signado por los preocupantes niveles de pobreza e indigencia, el aumento del desempleo, y el ajuste y recorte social, consideramos necesario munir a este Congreso de información detallada y específica, en términos comparativos, acerca de los indicadores socio-económicos y los programas, prestaciones y acciones, que resultan relevantes para la evaluación y la elaboración de políticas públicas estratégicas en materia de empleo y protección social, específicamente en el área de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de resolución.
| Firmante | Distrito | Bloque |
|---|---|---|
| ARROYO, DANIEL | BUENOS AIRES | RED POR ARGENTINA |
| HORNE, SILVIA RENEE | RIO NEGRO | MOVIMIENTO EVITA |
| DONDA PEREZ, VICTORIA ANALIA | CIUDAD de BUENOS AIRES | SOMOS |
| GROSSO, LEONARDO | BUENOS AIRES | MOVIMIENTO EVITA |
Giro a comisiones en Diputados
| Comisión |
|---|
| PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL (Primera Competencia) |