Expresar su más enérgico repudio ante las citaciones realizadas por la Justicia Federal a estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba por el sólo hecho de haber participado en acciones de lucha en reclamo de sus derechos y en defensa de la educación pública.

Rechazar la imputación llevada adelante por el Juzgado Federal N° 3 de Córdoba, a cargo de Miguel Vaca Narvaja, contra 11 estudiantes por la toma del Pabellón Argentina, que había sido levantada a fines de septiembre. A esas imputaciones se sumaron 18 personas más, entre las cuales se encuentra la abogada defensora.

Expresar nuestra solidaridad con las y los estudiantes y rechazar toda política de criminalizacion de la protesta social y persecución contra quienes se organizan y luchan contra las políticas de ajuste.

Señor presidente:

Traemos a consideración el presente proyecto de resolución a fin de expresar el rechazo de esta Cámara ante diversas citaciones realizadas por la Justicia Federal de Córdoba a estudiantes de la Universidad Nacional de esa provincia que habían participado en acciones de lucha en reclamo de sus derechos y en defensa de la educación pública.

Desde Tribunales Federales comenzaron a emitir citaciones a estudiantes que forman parte de la Asamblea Interfacultades, en una clara muestra de persecución y criminalización a estudiantes universitarios que sostuvieron diferentes medidas de lucha durante semanas, en un marco de ocupaciones pacíficas en más de 50 unidades académicas a nivel nacional.

El 10 de octubre el Juzgado Federal N° 3 de Córdoba, a cargo de Miguel Vaca Narvaja, confirmó la imputación de 11 estudiantes por la toma del Pabellón Argentina, que había sido levantada a fines de septiembre. Ellos son Aisha Jalil, Candela Guzmán, Julián del Caño, Emiliano Pereyra, Mauro Jorge, Jazmín Ferrer, María Oreja, Julieta Alonso, Xiomara Bordón, Ariadna Bernardeu y Lucía Heber. Luego se sumaron 18 personas más, entre quienes se encuentra la abogada Leticia Celli, miembro del CeProDH, que asesoró legalmente a las y los estudiantes cuando hubo intentos de desalojo de la toma.

Este martes 16 de octubre, dos estudiantes fueron citadas a declarar ante Vaca Narvaja. Las estudiantes citadas son Aisha Jalil y Candela Guzmán, quienes están acusadas junto a otras 27 personas de “usurpación y daños” por la ocupación que duró un mes, en el marco de la lucha estudiantil contra el ataque del gobierno nacional a la educación pública.

Luego de que el edificio fuera desocupado el 27 de septiembre pasado, la fiscal federal Graciela López de Filoñuk anunció que imputaría a 29 personas por los delitos antes mencionados y, días después, el juzgado empezó a enviar las citaciones. Al llegar a tribunal, los abogados de las estudiantes no pudieron acceder al expediente, aunque se les leyeron algunos de los argumentos de la causa, que se basan sobre todo en artículos periodísticos publicados durante la toma.

Por otro lado, Leticia Celli, abogada integrante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) y del PTS también está imputada en la causa. La letrada fue notificada en el mismo momento en que ingresaba a la audiencia para ejercer la defensa de Candela Guzmán.

Este nuevo intento de criminalización de la protesta social ha despertado numerosos rechazos en todo el país. En pocos días, un petitorio impulsado por la Asamblea Interfacultades ya tiene más de 250 firmas de personalidades y organizaciones. Entre los firmantes del petitorio se encuentran Raúl Zaffaroni, actual Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sergio Maldonado y Hugo Yasky. También distintos organismos de Derechos Humanos como la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba, HIJOS (Córdoba, La Plata, Zona Oeste) y Correpi; numerosos Centros de Estudiantes y Federaciones Universitarias y sindicatos como APA Córdoba, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, AGD, ATEN, SUTNA, CICOP, UTS y otros. Legisladores y legisladoras nacionales y de distintas provincias sumaron su firma, como Nicolás del Caño (PTS), Nathalia Gozález Seligra (PTS), Laura Vilches (PTS), Ezequiel Peressini (IS), Romina Del Plá (PO), Pablo Carro (Unidad Ciudadana) y Gabriela Estévez (UC).

Resulta indispensable el rechazo unánime al intento de judicializar a estudiantes en lucha, al igual que a los sumarios a docentes que van en el mismo sentido. Lo que se juega de fondo es un ataque al único derecho que permitió y permite garantizar y conquistar nuevos derechos: el derecho a la protesta.

Por las razones expuestas y las que brindaremos oportunamente es que solicitamos la aprobación del presente proyecto de resolución.