Dirigirse al Poder Ejecutivo para que ordene la inmediata concurrencia de la ministra de Seguridad, Lic. Patricia Bullrich, en los términos de los artículos 71 de la Constitución Nacional y 204 del Reglamento HCDN, para ser interpelada en sesión especial ante el pleno de esta Cámara sobre el violento operativo represivo -que incluyo el uso de armas de fuego con balas de plomo- efectuado por el equipo Albatros de Prefectura Naval contra integrantes de la lof Lafken Winkul Mapu, gran parte de ellos mujeres y niños, y que produjo la muerte violenta de al menos uno de sus miembros y un número indeterminado de heridos.

En atención al evidente agravamiento sistemático de las acciones represivas impulsadas desde el Ministerio de Seguridad, en general, y contras las personas de las comunidades originarias, en particular, la funcionaria deberá informar también en forma pormenorizada -brindando explicaciones e informes verbales, precisos, detallados y documentados- sobre las políticas adoptadas respecto a los conflictos derivados de la extranjerización de la tierra y el desplazamiento expulsivo de las comunidades originarias que vienen adquiriendo en la zona patagónica modalidades rayanas con la persecución y ocasionando severos daños en la población civil por las respuestas excesivas y virulentas de las fuerzas de seguridad a su cargo.

Señor presidente:

A través de este proyecto se solicita la inmediata concurrencia de la Ministra de Seguridad, Lic. Patricia Bullrich, para su interpelación presencial ante el pleno de diputadas y diputados de esta Cámara. El pedido se suma a los más de cuarenta pedidos de citación a la Ministra para brindar informes verbales presentados ante esta H. Cámara de Diputados que se registran en un lapso de menos de dos años.

Persecución de manifestantes; allanamientos de comunidades de pueblos originarios sin orden judicial ni consulta previa a las autoridades comunitarias; allanamientos de sedes de partidos políticos, organizaciones sociales, comedores y bibliotecas barriales; agresiones y detenciones a periodistas que cubren manifestaciones populares; sumarios policiales sin respaldo probatorio; amenazas a detenidos con ser “los próximos desaparecidos” son algunos de los preocupantes jalones que marcan la política de seguridad cuya responsable es la ministra.

Al menos una persona ha muerto como consecuencia de los disparos con armas de fuego realizados por integrantes del grupo Albatros de la Prefectura Naval el día 25 de noviembre, en medio de un operativo persecutorio en la zona de Villa Mascardi, a 35 kilómetros de Bariloche. Rafael Nahuel tenía 22 años, era mapuche y murió el mismo sábado tras recibir un disparo de arma de fuego con balas de plomo.

El comunicado emitido por el Ministerio de Seguridad refiere que “…un equipo de 4 efectivos de la Agrupación Albatros de la Prefectura Naval Argentina[…] con el objeto de recabar información e identificar a las personas prófugas luego del desalojo realizado el día jueves sobre los terrenos tomados por el RAM […] escucharon gritos que aparentaban ser gritos de guerra [SIC] y observaron el desplazamiento de un grupo de entre 15 y 20 personas encapuchadas, con máscaras antigases de tipo militar y banderas con lanzas que en sus puntas tenían atados cuchillos. Además, otros portaban armas blancas, por lo que la patrulla de Prefectura esperó escondida entre la vegetación para evitar ser descubiertos”. Continúa señalando que fue agredido con “piedras, boleadoras y lanzas” y “el grupo de personas comenzó a avanzar utilizando movimientos tácticos militares y adoptando una formación de emboscada envolvente sobre los cuatro efectivos, lo que demostraba la preparación militarizada del grupo, que sumada a las máscaras de gas, daban la impresión de un grupo preparado para un evento violento […] frente a los disparos de armas de fuego por parte del grupo violento, inmediatamente comenzaron a replegarse hacia abajo, cubriéndose con disparos de fuego intimidatorios siempre en dirección hacia los árboles y no en dirección hacia los atacantes, ya que no se podía visualizar más a aquellos hombres que se encontraban disparando con armas de fuego.

Mientras la patrulla descendía, recibió el apoyo de otro efectivo que se encontraba ascendiendo luego de oír el pedido de ayuda. Finalmente, el personal se reorganizó e inició el descenso. En el camino se encontraron con el escalón de recibimiento constituido por dos efectivos y se continuó con el descenso utilizando movimientos tácticos de cobertura sin necesidad de efectuar más disparos. En la zona de las barricadas se encontraba otro efectivos más y finalmente se descendió hasta la Ruta 40, en donde la patrulla se reagrupó con el Grupo de Control de Disturbios, finalizando el operativo” (Cfr. https://tn.com.ar/politica/el-gobierno-aseguro-que-los-mapuches-iniciaron-el-ataque-contra-los-prefectos-con-armas-de-grueso_836560 )

¿Como se compadece esa explicación con una persona muerta por un disparo por la espalda? Los “atacantes” de la comunidad originaria eran superiores en número, tenían preparación militar y armas de fuego pero la persona muerta y los heridos no son de la Prefectura sino de los manifestantes?

Mientras desde el gobierno se proporcionan esas insostenibles informaciones, desde las organizaciones de la sociedad civil se denuncian persecuciones, “cacerías” de mapuches, detenciones de representantes sindicales que intentaron acceder al lugar de los hechos, negativa de acceso a representantes de organizaciones de derechos humanos, personas heridas que no pueden acceder a tratamiento médico por temor a las represalias que podrían recibir por parte de las fuerzas de seguridad si bajan del bosque donde se encuentran refugiados y hasta torturas. La necesidad de “negociar” corredores humanitarios da cuenta por si sola de la creciente militarización que desde el ministerio de Seguridad se impulsa como inadmisible política pública frente a las poblaciones originarias. (http://www.anbariloche.com.ar/noticias/2017/11/26/61673-villa-mascardi-esta-sitiada-por-las-fuerzas-federales ; http://www.anbariloche.com.ar/noticias/2017/11/26/61677-como-fue-el-operativo-en-el-que-mataron-a-rafael-nahuel ; http://www.rionegro.com.ar/bariloche/unos-300-agentes-federales-para-el-desalojo-de-mapuches-en-mascardi-FH3966070 ;

http://www.elancasti.com.ar/nacionales/2017/11/27/denunciaron-testigos-claves-asesinato-fueron-torturados-354202.html ; https://www.bariloche2000.com/noticias/leer/una-comitiva-ingreso-a-mascardi-a-constatar-el-estado-de-los-mapuches-heridos/110955 ; http://www.resumenlatinoamericano.org/2017/11/26/caceria-de-mapuches-la-gendarmeria-detuvo-al-secretario-general-de-ate-el-bolson-y-a-su-esposa-convocan-movilizarse-en-neuquen-y-otras-zonas-del-sur/ ; http://www.resumenlatinoamericano.org/2017/11/26/asesinato-de-un-joven-mapuche-la-in-justicia-y-los-medios-complices-hablan-de-enfrentamiento-y-confirma-dos-heridos-fue-un-fusilamiento-y-podria-haber-fallecido-otro-comunero/

Por otro lado, las justificaciones evidentemente falaces esgrimidas por las autoridades no solo ofenden la inteligencia de las argentinas y argentinos, también y fundamentalmente se constituyen en un discurso perverso, racista y estigmatizante de las comunidades originarias, a más de la justificación de políticas públicas de seguridad propias de un estado totalitario y no de una nación republicana y democrática como la nuestra.

No podemos soslayar la consideración de que, lejos de tratarse de un episodio aislado, nos encontramos frente a una repetición sistemática, ante un modus operandi de todas las fuerzas de seguridad con presencia en la Patagonia, cuya conducción y responsabilidad política central se encuentra en la ministra Bullrich –cuyo único superior es el Presidente de la Nación.

Que estos sucesos se registraran al propio tiempo que se daba sepultura a los restos del joven Santiago Maldonado, muerto trágicamente como consecuencia de otro operativo de fuerzas de seguridad desproporcionado y persecutorio, en circunstancias que pusieron bajo la lente de toda la población las metodologías violentas y antidemocráticas impulsadas por algunos funcionarios del Ministerio de Seguridad respecto de las comunidades originarias, no hace más que destacar hasta el paroxismo el carácter salvaje del plan represivo postulado por la ministra.

A nadie escapa la creciente extranjerización de las tierras en la Patagonia. Dicho proceso no se debe a la “apropiación” de tierras por parte de la población originaria cuya preexistencia étnica y cultural está fuera de debate ya que ha sido reconocida por la propia Constitución en su artículo 75 inciso 17, que también reconoce “la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos”.

Nuestra Constitución asegura la participación de las comunidades en la gestión de los recursos naturales de esas tierras. Sin embargo, esos recursos son sometidos, sistemática y crecientemente, a un proceso de concentración de la propiedad en terratenientes extranjeros, que se apropian hasta de los caminos por los que circulan las comunidades. Ese proceso, no solo tiene carácter económico transnacional -que llega a cuestionar la propia soberanía Argentina sobre el agua y el acceso a ella como derecho humano elemental- sino que también produce efectos siniestros en el ambiente y en las poblaciones originarias que son alejadas de las tierras cuyo cultivo sustentable es su única fuente de acceso alimentario.

Ante tal situación, las autoridades del área no solo deben dar explicaciones sobre lo ocurrido, que da cuenta de una política que en lugar de preocuparse por la vida de las argentinas y argentinos se preocupa por la concentración de riqueza y recursos naturales en pocas manos, sino que deben rendir cuentas ante el Congreso de las políticas impulsadas y de las correcciones que implementarán para adaptar su accionar a las claras prescripciones

de la Constitución Nacional y las leyes federales en tanto, en un estado de derecho, la vida e integridad física de las personas no pueden estar sometidas a los arbitrios de los intereses de la propiedad concentrada.

En ese sentido, no puede soslayarse la consideración de las taxativas disposiciones del artículo 99 de la Constitución Nacional en tanto dispone que el Presidente de la Nacion “1. Es el jefe supremo de la Nación, jefe del gobierno y responsable político de la administración general del país” y “17. Puede pedir al jefe de gabinete de ministros y a los jefes de todos los ramos y departamentos de la administración, y por su conducto a los demás empleados, los informes que crea convenientes, y ellos están obligados a darlos”.

Por su parte, los artículos 71, 75, incisos 8 y 30, y 53 regulan el abanico de facultades con que cuenta el Poder legislativo para ejercer sus funciones de contralor del Poder Ejecutivo en el marco del sistema republicano, representativo y federal, reconociéndole la facultad de investigar y dotándolo de las facultades necesarias para ello. El Poder de información e investigación (y de corrección en su caso, mediante el mecanismo de remoción por juicio político) del que goza el Congreso requiere en este caso el ejercicio de su modalidad más rápida y expeditiva ante casos de extrema gravedad como el presente.

También resulta ineludible obligación de la Cámara de Diputados disponer que en forma inmediata se realicen las acciones necesarias para acompañar a las víctimas y sus familiares de las víctimas y apoyar todas las medidas que conduzcan al pleno esclarecimiento, verdad y justicia, así como a la determinación de responsabilidades de los/as funcionarios/as involucrados en el caso.

Por lo expuesto, solicitamos el urgente tratamiento y aprobación del presente proyecto.