Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional y por su intermedio al Ministerio de Justicia de la Nación y al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), a fin de que respondan sobre los siguientes puntos referidos a las comunidades indígenas de Catamarca que se detallan a continuación:

1 – Informe el estado de los trámites iniciados por las comunidades indígenas del Departamento Belén, en la Provincia de Catamarca, que han presentado en tiempo y forma las solicitudes y la documentación pertinente para la obtención de las personerías jurídicas ante INAI, según los requerimientos legales y en consonancia con los términos de la Ley Nacional N° 26.160 y su prórroga N° 27.400. Las comunidades referidas son:

a) Aguas Calientes, Año 2009;

b) Corral Blanco, Año 2014;

c) Laguna Blanca, Año 2014;

d) Carachi, Año 2016;

2 – Informe qué medidas se han tomado a fin de cumplimentar dichas diligencias y qué medidas se han instruido a fin de preservar a dichas comunidades que se encuentran en una situación de fragilidad jurídica originada en la dilación de la obtención de las personerías de las comunidades indígenas, quedando estas expuestas al desamparo comunitario, dando lugar a desalojos individuales de comuneros, sin considerar los derechos sobre sus territorios comunitarios. Esta situación se presenta incluso en el marco de la prórroga de la Ley N° 27.400 referida a la Emergencia Territorial Indígena que da el marco regulatorio para enfrentar las sentencias judiciales de desalojo territorial que ya pesan sobre familias indígenas.

3 – Indique plazos estimados y partidas presupuestarias destinadas para la realización de los relevamientos territoriales indígenas emprendidos por las comunidades, condición necesaria a los fines de la obtención de las personerías jurídicas.

4 – Cualquier otra información que sirva al presente.

Señor presidente:

La situación de las comunidades indígenas en la Puna catamarqueña tiene como particularidad que el inicio de sus tramitaciones resultó sumamente tardía. Así cientos de familias originarias están expuestas hoy a la vulnerabilidad de sus derechos territoriales.

Como parte de las acciones que las comunidades vienen realizando, han iniciado un trabajo organizativo al interior de las comunidades y en la organización inter-comunitaria. Con la colaboración de arqueólogos y antropólogos de la Escuela de Arqueología de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA), estudiantes y profesionales, en permanente relación con los comuneros, se está comenzando un trabajo técnico, de cartografía participativa, y demás requisitos para cumplimentar con la inscripción y reconocimiento de estas comunidades ante INAI.

Estas tramitaciones se encuentran actualmente en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Re.Na.C.I.) de INAI, a cargo del abogado Juan Cruz Testa.

Se presentó toda la documentación requerida, y los técnicos de Re.Na.C.I. ya fueron al territorio a fiscalizar, particularmente a las comunidades de Corral Blanco y Aguas Calientes. En el caso de las ya reveladas, solo resta cerrar el expediente y concluir la tramitación para la obtención de la personería jurídica. Para ello se deben realizar los informes de los representantes provinciales del Consejo de Participación Indígena (CPI).

En los casos de las comunidades indígenas de Carachi y Laguna Blanca, se solicita de manera urgente que asistan al territorio los técnicos de Re.Na.C.I. a visitarlas, para que así puedan concluir las tramitaciones de sus personerías jurídicas.

La obtención de las personerías jurídicas es el prerrequisito para dar comienzo a los relevamientos territoriales. Estos relevamientos constan de tres partes, un informe histórico antropológico elaborado a través de entrevistas y búsquedas de archivo, una apoyatura cartográfica fundada en un sistema de información geográfico (SIG) denominado “Sistema Jaguar” (donde se vuelcan en forma cartográfica todos los hitos y datos relevantes de la vida y el sentido que el territorio tiene para las comunidades), y finalmente un estudio jurídico.

El relevamiento de los territorios de las comunidades indígenas de la Puna catamarqueña supera las 600.000 hectáreas, el trabajo exige una fuerte presencia de técnicos en terreno y un amplio trabajo en gabinete, mientras los plazos de ampliación de la Ley N° 27.400 siguen corriendo, una ley que caduca el 23 de noviembre de 2021. En este sentido, urge avanzar con las tramitaciones de las personerías jurídicas y contar con los recursos financieros, humanos para los trabajos de campo y gabinete y la voluntad política para apoyar a las comunidades indígenas.

La estructura del INAI puede verse ralentizada si se efectivizan los anuncios de despidos de una parte significativa de su personal, o si se disminuye los viáticos para que los técnicos puedan salir al terreno, cuestión que pondría en mayor peligro a las comunidades mencionadas.

Por las razones expuestas es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente pedido de informes.