Artículo 1°.- Declaración de Emergencia. Declarar en estado de emergencia la prestación de servicios públicos sanitarios, la ejecución de los contratos a su cargo y la situación económica financiera de los siguientes Hospitales Nacionales, Servicios de Atención Médica Integral para la Comunidad (SAMIC) y entes de salud pertenecientes al estado nacional descentralizados del Poder Ejecutivo Nacional (PEN), a efectos de garantizar su adecuado funcionamiento:

- Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud "Dr. C. G. Malbrán"

- Colonia Nacional "Dr. Manuel A. Montes de Oca".

- Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones "Lic. Laura Bonaparte"

- Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur "Dr. Juan Otimio Tesone"

- Hospital Nacional Baldomero Sommer

- Hospital Nacional "Prof. Alejandro Posadas"

- Hospital de Alta Complejidad en Red El Cruce - "Dr. Néstor Carlos Kirchner"

- Hospital de Pediatría "Prof. Juan P. Garrahan"

- Hospital de Alta Complejidad "Marta T. Schwarz"

- Hospital de Alta Complejidad "El Calafate"

- Hospital de Cuenca Alta "Néstor Kirchner"

- Hospital "Dr. René Favaloro"

- Hospital de Día "Presidente Néstor Kirchner"

El estado de emergencia se extenderá por el plazo de dos años prorrogables a partir de la entrada en vigencia de la presente ley.

Artículo 2°.- Protección del Empleo y Situación Laboral. Disponer la inmediata reincorporación de los y las trabajadoras desvinculadas de cualquiera de las instituciones públicas enumeradas en el Artículo 1° desde el 10 de Diciembre de 2015. Se suspende por el tiempo que dure la emergencia la desvinculación permanente o transitoria de trabajadores de dichas instituciones, así como cualquier cambio que perjudique sus condiciones laborales.

Artículo 3°.- Presupuesto. Establecer la intangibilidad de los presupuestos destinados al financiamiento de las instituciones incluidas en el artículo 1. El PEN deberá garantizar los recursos económicos y financieros necesarios para el adecuado funcionamiento de dichos organismos de acuerdo a las obligaciones a su cargo.

Artículo 4°.- No se podrá establecer la disolución parcial o total, o el cambio de dependencia jurisdiccional, de los organismos enumerados en el artículo 1 sin previa autorización del Congreso Nacional.

Artículo 5°.- El PEN no podrá reducir ni condicionar la asignación de partidas presupuestarias destinadas a garantizar el adecuado funcionamiento de los programas y políticas sanitarias a su cargo, así como tampoco podrá reducir ni condicionar las asignaciones de partidas presupuestarias de los organismos enumerados en el Artículo 1°, en el marco de negociaciones y/o acuerdos con el Fondo Monetario Internacional u otros organismos internacionales de crédito, sin previa autorización del Congreso Nacional.

Artículo 6°.- El PEN, a través de los organismos que corresponda, deberá implementar todas las medidas necesarias para garantizar el funcionamiento adecuado de la totalidad de los servicios y prestaciones de los organismos enumerados en el artículo 1, en especial en relación con la prestación de servicios sanitarios a la comunidad, la provisión necesaria de insumos y bienes esenciales como medicamentos, vacunas y reactivos, entre otros, así como el mantenimiento de su infraestructura y equipamiento.

Artículo 7.- Partida especial. Afectar, en el marco de la emergencia declarada en el Artículo 1°, una partida especial del presupuesto asignado al Ministerio de Salud y Desarrollo Social, destinado a la recomposición del suministro de los insumos y bienes necesarios para el adecuado funcionamiento de cada organismo alcanzado por la presente ley.

El destino de dicha partida será definida en cada organismo, con la participación de autoridades de la jurisdicción donde se encuentran emplazados los Hospitales, así como los y las representantes de los y las trabajadoras en cada uno de las demás instituciones enumeradas, a través de los diferentes gremios existentes.

Artículo 8.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional

Señor presidente:

A partir de la asunción de Mauricio Macri como presidente de nuestro país, se inició una política de vaciamiento y deterioro de la salud pública, hasta llegar a la eliminación del Ministerio de Salud, devenido en Secretaria de Gobierno dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. Este hecho terminó de reflejar la intención del actual gobierno nacional de reducir la salud pública a una política de asistencialismo. Esto se observa principalmente en la situación en la que se encuentran los Hospitales Nacionales, los Hospitales Servicios de Atención Médica Integral para la Comunidad (SAMIC) y algunos organismos descentralizados dependientes del ex Ministerio de Salud. Estos organismos vienen sufriendo un aumento presupuestario por debajo de la inflación desde 2016, con amenazas de recortes, despidos masivos y, en el caso de los Hospitales SAMIC se ha desarrollado una clara política de desfinanciamiento y transferencia de los servicios a las provincias sin la correspondiente transferencia de recursos necesarios para su adecuado funcionamiento.

Los institutos nacionales de diagnóstico, investigación, docencia y producción dependientes del Ministerio de Salud se fundaron como respuesta a problemas sanitarios. A partir de la dispersión de fiebre amarilla y malaria en el país, y más tarde de la difteria, se creó el Instituto Nacional de Bacteriología, el cual dio origen al Departamento de Higiene que en la década del 40 se convirtió en el Instituto Nacional de Microbiología “Dr. Carlos G. Malbrán”. En 1962 con el objeto de controlar la enfermedad de Chagas se creó el Laboratorio Sanitario Nacional, actual Instituto Nacional de Parasitología (INP) “Dr. Mario Fatala Chaben”. El cambio en la normativa sobre el tratamiento de la tuberculosis, indujo la creación de Institutos Nacionales en grandes hospitales: el de Infecciones Respiratorias (INER) “Dr. Emilio Coni” en Santa Fe durante 1963 y el de Epidemiología (INE) “Dr. Juan H. Jara” en Mar del Plata en el año 1971. En 1978 en el hospital de Pergamino, como respuesta a los casos de Fiebre Hemorrágica Argentina, se creó el Instituto Nacional de FHA, actual Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas (INEVH) “Dr. Julio Maiztegui”. El Instituto Nacional de la Nutrición (actual CENIN) se creó en Salta en 1974 con el impulso del Dr. Arturo Oñativia, fundador del Instituto del Bocio. El antecedente del Centro Nacional de Genética Médica (CNGM), creado en 1967, fue el Registro Limitado de Malformaciones Congénitas del MSN. En 1996, mediante Decreto Nº 1628, se decreta la creación de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS), donde se integraron 11 Institutos y Centros (INE, INER, INEVH, INP, CNGM “Dr. Eduardo E. Castilla”, Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas Agudas [INEI], Instituto Nacional de Producción de Biológicos [INPB], Centro Nacional de Control de Calidad de Biológicos [CNCCB], Centro Nacional de Investigaciones en Endemo-epidemias [CeNDIE] y Centro Nacional red de Laboratorios [CNRL]), a los que en 2007 se sumó la Unidad Operativa Centro de Contención Biológica [UOCCB].

En casi todos los Institutos y Centros preexistentes a la ANLIS se realizaban tareas referenciales para laboratorios de todo el país. Algunas redes temáticas ya existían, como la de Chagas y la de Tuberculosis. A partir de la creación de ANLIS como organismo descentralizado del Ministerio de Salud de la Nación, se formalizaron muchas más. El objetivo de una red de laboratorios es coordinar acciones entre laboratorios de distinto perfil técnico, para lograr un diagnóstico confiable, oportuno y accesible para mejorar la eficiencia y efectividad del sistema de vigilancia de salud. Asimismo, el ANLIS es desde 2001 integrante del Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología (CICYT) según Ley Nacional N° 25467.

En su misión ANLIS diseña, propone y ejecuta políticas sanitarias de salud a partir de la investigación, prevención, diagnóstico diferencial y tratamiento de enfermedades de bases toxo-infecciosas, genéticas, nutricionales y crónicas no transmisibles. Asimismo tienen la responsabilidad primaria en la Producción y Control de calidad de Inmunobiológicos, en la Coordinación de redes de laboratorio y en la vigilancia, control de brotes e investigación epidemiológica y clínica de enfermedades transmisibles y no transmisibles. Entre las enfermedades que son de incumbencia de ANLIS se encuentran varias enfermedades desatendidas y otros que durante los últimos años han tenido una gran expansión a nivel epidemiológico y representan un enorme riesgo sanitario (tuberculosis, sífilis, sarampión, meningitis, picaduras de alacranes, dengue, zika. Chikungunya, gripe aviar, fiebre amarilla, entre otras). La ANLIS participa con sus datos epidemiológicos de la formulación anual de vacunas para la gripe, red mundial de resistencia antibiótica, registro de bacilos de tuberculosis multiresistentes, estudios de brotes de trichinellosis, erradicación de la poliomielitis, el sarampión y de la rubéola, entre muchas otras.

En el año 2002 fue declarada la emergencia sanitaria mediante el Decreto Nº 486/2002 y prorrogada año a año hasta la actualidad, quedando vigente hasta el 31 de diciembre de 2019 por el artículo Nº 119 de la Ley Nº 27.341. Sin embargo, en los últimos dos años y medio la situación institucional es crítica, con infraestructura sin mantenimiento, equipamientos obsoletos, sueldos que para los técnicos y profesionales resultan los más bajos del sistema nacional de ciencia y tecnología, y que en el caso de los técnicos se ubican por debajo de la línea de pobreza. Esto motiva la migración de personal altamente capacitado hacia el empleo privado. Hoy el sistema de salud pública se apoya fuertemente en el ANLIS, cuyo presupuesto operativo se reduce drásticamente año a año.

Por otro lado, desde enero de 2016 existían siete hospitales de alta complejidad (3 Hospitales SAMIC y 4 Hospitales del Bicentenario) y numerosos centros de medicina nuclear en muy avanzado estado de obra. Además de las obras físicas, los proyectos sanitarios y la adquisición de gran parte de los equipamientos se encontraban completados. En los últimos dos años y medio estos proyectos están paralizados o abandonados, afectando la capacidad de respuesta del sistema de salud. Los recursos físicos en salud y la tecnología médica (centros de salud, clínicas, hospitales, equipos de diagnóstico, etc.), disponibles y accesibles a toda la población, son esenciales para la garantía de la salud como derecho. Algunos de estos nuevos hospitales fueron concebidos como centros de referencia para los procedimientos de alta complejidad (Hospitales SAMIC) en el marco de la Ley 17102, tomando como ejemplo el modelo de fortalecimiento de los recursos humanos, tecnológicos y económicos aplicado en el Hospital de Pediatría Juan Garrahan de CABA y del Hospital de Alta Complejidad El Cruce “Néstor C. Kirchner”, ubicado en el municipio de Florencio Varela. El modelo de gestión elegido para estos últimos fue el de los Hospitales SAMIC (Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad), cuya característica central es la articulación de su actividad asistencial con los sistemas locales de salud y el mantenimiento de su autarquía financiera y organizativa. La administración y el financiamiento son de tipo mixto, con la participación, según cada caso, del Estado nacional, las provincias y los municipios.

A partir del cambio de gestión en los gobiernos nacional y bonaerense, se paralizaron o suspendieron todas las actividades programadas para poner en marcha el funcionamiento de estas instituciones. Muchos de estos hospitales llegaron a dar inicio a sus actividades de manera parcial en el año 2015. En algunas de estas instituciones, se pusieron en funcionamiento los consultorios externos, camas de internación, vacunatorios, el área de diagnóstico por imágenes y los laboratorios. Este hecho pone de manifiesto el estado de avance de las obras que, en la mayoría de los casos, se acercaba al 90% de ejecución. De acuerdo a un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria, los Hospitales de La Matanza podrían estar dando respuesta a más de 10 mil internaciones, 5 mil partos, casi 3 mil cirugías y 770 mil consultas externas, si estuvieran funcionando. Sin embargo, tanto la Provincia de Buenos Aires como el Gobierno Nacional han decidido mantener cerrados dichos Hospitales sin explicar las razones, así como sin dar explicaciones respecto al destino de la partida presupuestaria destinada a la apertura y puesta en funcionamiento de los mismos, tal como lo establecen los convenios firmados en 2015 por ambas autoridades. Asimismo, Hospitales SAMIC que ya se encontraban en funcionamiento para 2015 como el Hospital Gobernador Cepernic- Presidente Kirchner en El Calafate, y el Hospital Dra. Marta T. Schwarz en Iguazú, Misiones, no se encuentran recibiendo a la fecha el financiamiento por parte del Estado Nacional establecido por el Decreto N° 34/2015, desde el Fondo fiduciario público creado por Decreto 225/2015, con el fin de garantizar el funcionamiento de ambos Hospitales.

Desde el cambio de gestión en los gobiernos nacional y bonaerense, se paralizaron o suspendieron todas las actividades programadas para poner en funcionamiento estas instituciones. Más de un millón de personas ven afectada la posibilidad de acceder a una atención de salud de calidad y en instituciones modernas, con equipamiento adecuado para sus necesidades, lo cual constituye una clara vulneración de su derecho a la salud.

En junio de este año se hizo pública una denuncia de trabajadores del Hospital de Alta Complejidad en Red El Cruce - "Dr. Néstor Carlos Kirchner", en la que explican que "el hospital proyectó para su funcionamiento en 2018 $2574 millones, de los cuales $1801 correspondían a Nación y $772 a Provincia. Pero en los presupuestos aprobados por los ejecutivos de ambas jurisdicciones, sólo estaban destinados $1349 millones y $120 millones de Nación y Provincia respectivamente, lo que llevaba a un recorte de $1105 millones, lo que correspondía al 42,9% menos de lo proyectado. Dicho recorte superaba el 50% si se tiene en cuenta la inflación y la devaluación de los últimos meses. Este recorte pudo ser momentáneamente resistido gracia s a la participación de los vecinos y vecinas de Florencio Varela y a la organización de los trabajadores en defensa del hospital.

Por otro lado, existe una política explícita de desfinanciar los Hospitales Públicos Nacionales que dependían del ex Ministerio de Salud de la Nación. Un ejemplo del vaciamiento que están sufriendo estos Hospitales es la situación del Hospital Posadas. Se trata de un establecimiento de Alta complejidad ubicado en el área oeste del conurbano bonaerense, en la localidad de El Palomar, partido de Morón, Provincia de Buenos Aires. Realiza anualmente más de 700.000 consultas de las cuales 500.000 son consultas programadas y 200.000 consultas por emergencias, 20.000 egresos, 4500 partos y 12.000 cirugías. La mayoría de sus servicios han desarrollado hasta ahora características de excelencia y complejidad, convirtiendo al establecimiento en un centro de derivación de influencia regional. Desde que asumió el gobierno de Cambiemos, se han producido más de 800 despidos que impactan directamente en la calidad y sustentabilidad de la prestación de los servicios de salud pública del Hospital. Estos despidos masivos han afectado tanto a reconocidos profesionales y no profesionales de planta permanente, algunos de ellos de más de 20 años de antigüedad. Desde 2016 se fueron debilitando fuertemente el área de enfermería, farmacia, anatomía patológica y anestesia, así como servicios claves como neumología y cardiología infantil, diagnóstico por Imágenes, hemodinamia, neurocirugía, traumatología, entre otros.

En febrero de 2018 el Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones Lic. Laura Bonaparte (Ex CENARESO) se encontraba en estado de asamblea permanente, y denunciaron que el interventor de la institución, Leandro Mera en ese momento, estaba implementando un "modelo biologicista hegemónico", acompañado de un "vaciamiento por goteo" en distintas áreas imprescindibles para la adecuada atención de los pacientes, observándose una drástica reducción de los recursos materiales indispensables para ejercer su trabajo, la eliminación de dispositivos de atención grupal y limitación de los horarios de atención espontánea a adultos, niños y adolescentes. A través de un comunicado conjunto, ATE y UPCN alertaron sobre la "constante persecución y violencia institucional que sufren todos los días los trabajadores", que se refleja en un manejo discrecional de los recursos y en la remoción de cargos sin justificación, lo que impacta directamente en la calidad de la atención y en las condiciones de trabajo de los médicos, psiquiatras y psicólogos que se desempeñan en el lugar. Los empleados aseguraban que desde que asumió la gestión de Mena se dejó de trasladar a los pacientes que lo necesitan por falta de combustible para los móviles, se redujo la demanda espontánea de casos urgentes, que ahora se atienden con turnos previos, y se eliminaron los programas de atención de niños y adolescentes. Esta situación fue parcialmente revertida por un cambio de interventor.

La situación hasta aquí descripta se encuadra en un estado de emergencia sanitaria e institucional de los establecimientos y organismos públicos nacionales que se encuentra en una situación crítica de funcionamiento con graves consecuencias en la salud de toda la población en un mediano y largo plazo, de no revertir algunas medidas impulsadas por el actual gobierno nacional. Resulta imprescindible que se preserven los presupuestos destinados a los Hospitales Nacionales, SAMIC y organismos descentralizados del Poder Ejecutivo, así como la reincoporación de las y los trabajadores desvinculados en los últimos años, fuerza laboral altamente calificada para el desarrollo de importantes tareas de investigación, gestión, asistencia y prevención que realizan dichos organismos desde hace muchos años. Asimismo, en el actual contexto de inflación sin control y endeudamiento exponencial, resulta fundamental preservar la reducción y condicionamiento de las asignaciones presupuestarias y efectivo financiamiento de programas y políticas sanitarias dependientes del Poder Ejecutivo Nacional, en el marco de acuerdos con organismos multilaterales de crédito como el Fondo Monetario Internacional.

El Estado Nacional tienen un rol clave en la preservación y abordaje integral de la salud de la población. Por un lado, a través de la provisión de insumos fundamentales para la promoción de la salud y la prevención y el tratamiento de enfermedades (vacunas, medicamentos, anticonceptivos, entre otros). Por otro lado, con la elaboración de políticas públicas en salud que sirven de marco dentro del cual deben desarrollarse los sistemas de salud locales y que garantizan derechos para la población. Finalmente, tiene un rol fundamental como articulador y regulador entre los actores de este campo: obras sociales, prepagas, industria farmacéutica, sociedades científicas, profesionales y usuarios, entre otros. Estas funciones, hacen del Estado Nacional un actor imprescindible para la reducción de las inequidades en salud. Mediante el financiamiento de infraestructura el Ministerio de Salud reduce las desigualdades entre jurisdicciones garantizando servicios de salud de calidad. La construcción y sostenimiento de hospitales es parte de la consolidación de la red asistencial que busca dar respuesta efectiva e integral a los problemas de salud-enfermedad de la población. Un ejemplo de esto es la construcción de Hospitales SAMIC que tienen una composición, y por lo tanto un financiamiento, municipal, provincial y nacional. Allí, la nación actúa como “compensador” financiando aquello que la provincia o el municipio no podrían financiar y garantizando de esta manera su funcionamiento. Sin instrumentos que resguarden este rol fundamental y su sostenimiento en el tiempo a pesar de las políticas neoliberales de gobiernos de coproraciones, peligra la salud de las y los ciudadanos de nuestro país y nuestra soberanía sanitaria.

Por todo lo expuesto, solicito a los y las legisladoras, acompañen con su voto el presente proyecto.