Expresar su más enérgico repudio por el actuar violento y desmedido de los sectores anti derechos autodenominados pro-vida que intentaron impedir el primer aborto legal llevado a cabo en Hospital Dr. Guillermo Rawson en la Provincia de San Juan, a una niña de 14 años con discapacidad que fue violada.

Señor presidente:

En el Hospital Doctor Guillermo Rawson de la ciudad de San Juan, capital la provincia homónima, se le realizó el primer aborto legal a una niña de 14 años con déficit mental que fue violada en la localidad vecina de Médano de Oro. Sin embargo, se llevó a cabo en medio de tensos incidentes con militantes autodenominados "pro vida", quienes, tras violentas manifestaciones en contra del aborto legal amparado en el Código Penal (artículo 86 Inciso 2°), trataron de impedir la intervención de la menor de edad.

Al momento de realizarse la operación, se produjeron incidentes al infiltrarse dichos activistas, quienes intentaron impedir que la camilla con la menor ingrese a la sala de cirugía. A su vez, hicieron llamados a jueces para que impidan la intervención quirúrgica e, incluso, decidieron recurrir a tribunales para denunciar a los médicos que practicaron el aborto y, también, a las autoridades.

Durante varios meses de este 2018, y gracias al impulso del colectivo de mujeres que construyó consenso para habilitar el debate, este Congreso Nacional discutió el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE), redactado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y que fuera intensamente trabajado por distintos bloques legislativos. Dicho proceso, lamentablemente, culminó con el rechazo de la iniciativa por la Cámara de Senadores de la Nación, tras haber sido aprobado en esta casa.

Ello no obstante, nuestro pueblo pudo asistir a intercambios muy enriquecedores sobre la materia, que significarán un gran avance de la concientización sobre este tema en particular, y de la calidad democrática de la sociedad en general. Esto gracias a gran cantidad de ponencias brillantes, pese a algunas (las menos) bochornosas en términos de respeto a los derechos de las mujeres, en especial a la salud. No por pocas, estas manifestaciones deben ser pasadas por alto. Por el contrario, es necesario repudiarlas en voz alta para que no impulsen episodios como los registrados en San Juan, que son objeto de este proyecto, y que están directamente relacionados con los mensajes irresponsables que bajan desde lo más alto de la actual institucionalidad argentina.

Así, por caso, la vicepresidenta de la Nación, licenciada Marta Gabriela Michetti, se pronunció no sólo en contra del proyecto de IVE, sino que directamente apuntó aún contra los casos de aborto legal contemplados por Código Penal vigente desde su reforma en el año 1921, en el inciso 2º del artículo 86. Cierto debate que existía alrededor de la interpretación de dicha norma fue, además, saldado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un fallo del año 2012 (“F. A.L. s/ medida autosatisfactiva”). Allí, el máximo tribunal de la nación determinó que toda mujer embarazada como resultado de una violación tiene derecho a acceder a un aborto no punible, sin importar su capacidad intelectual, circunstancias que sin embargo concurren en conjunto en el caso al que aquí hago referencia.

Las declaraciones de la vicepresidenta Michetti implican un desconocimiento de la legislación local, de compromisos asumidos por el Estado en sede internacional y del pronunciamiento del tribunal federal de la república. Y a su vez, dan lugar al avance de sectores antiderechos, que en forma violenta, y tras haber sido su postura avalada en la cámara alta de este Congreso, ven la oportunidad de ir incluso por más de lo que hubo en juego durante el debate por la IVE. En su momento, advertimos que un rechazo legislativo generaría el clima ideal para episodios como el de San Juan. Y así como repudiamos las palabras que algunos/as violentos/as que creen que justifican sus acciones, creo necesario que esta casa se pronuncie al menos en respaldo de la legislación hoy vigente, pues le corresponde, en tanto su rol es el de la construcción legislativa, hacerse oír cuando la misma intenta ser vulnerada de facto.

Por las consideraciones expuestas es que les pido a mis pares que me acompañen con el siguiente proyecto de Resolución.