Artículo 1º. Derógase el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 591/19 Residuos Peligrosos.

Artículo 2°. Déjese sin efecto y declarase nulo de nulidad absoluta e insanable todo acto administrativo o jurídico resultante de aquel y lo actuado con posterioridad.

Artículo 3°. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor presidente:

De acuerdo al artículo 41 de nuestra Constitución Nacional “todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”. El artículo especifica además que “las autoridades proveerán a la protección de este derecho” y específica que “se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos”.

El Decreto 591/19 aprobado por el Ejecutivo Nacional publicado en el boletín oficial el pasado 27 de agosto atenta directamente contra este artículo. En líneas generales, la modificación elimina certificado de inocuidad del residuo a importar, flexibiliza el ingreso de basura y permite la importación indiscriminada de desechos de papel, cartón, vidrio, plástico y chatarra. En otras palabras, frente a una gestión nacional de residuos que ya es deficiente, vamos a pagar por recibir contaminación.

En suma, el decreto se inserta en un escenario internacional de rechazo a la los residuos ajenos y en un contexto nacional en el que la industria recicladora no cuenta con el material suficiente para trabajar a plena potencia. Material que existe, pero que se encuentra debidamente separado: se generan 40 mil toneladas de basura por día y solo el 25% se recicla (fuente: Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y recicladores)

La medida impacta también en materia de derechos laborales. Frente a una crisis social y económica como la que atraviesa Argentina hoy, ¿qué sucederá a partir de este decreto con el trabajo e ingreso diario de los recuperadores urbanos del país?

Si los reparos frente a la medida son tan evidentes, ¿qué intereses hay detrás de estas decisiones? ¿Qué otros acuerdos están involucrados en esta norma?

La Ley de Residuos Peligrosos que este decreto modifica es un emblema en la lucha ambiental en la Argentina. Importar residuos implica tener una gestión adecuada con un nivel de controles y partidas presupuestarias acordes, con los que hoy no contamos. Esta medida atenta contra la protección presente y futura de los argentinos y argentinas. Es por eso que solicitamos la derogación del Decreto 591/19.