‘’ Prórroga de la Ley de Emergencia Social’’

ARTÍCULO 1°- Prorróguese hasta el 31 de diciembre de 2022 la emergencia social en los términos de la ley 27.200.

ARTÍCULO 2°- Facúltese al Poder Ejecutivo Nacional a realizar las asignaciones presupuestarias necesarias para el cumplimiento de la presente Ley.

ARTÍCULO 3°- La presente ley entrará en vigencia a partir de su promulgación.

ARTÍCULO 4°- Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

Señor presidente:

Este Proyecto de Ley viene a prorrogar la Ley 27.200, que ya fue anteriormente prorrogada hasta el 31 de diciembre del corriente año bajo la Ley 27.345 conocida como ‘’Ley de Emergencia Social’’.

Esta última norma fue fruto de un amplio consenso que se plasmó en un acta acuerdo suscripta entre los Ministerios de Trabajo y Desarrollo Social de la Nación y las organizaciones de la economía popular que se mencionan continuación: Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, Barrios de Pie, Corriente Clasista y Combativa, Movimiento Evita, Movimiento Nacional Campesino Indígena, Movimiento popular la Dignidad, Unión de Trabajadores de la Tierra, Frente Popular Darío Santillán, Seamos Libres, Movimiento Octubres, organización Social Los Pibes, Mesa Gremial 19 y 20, CPU, MTD Anibal Veron, EO, Federación de cooperativas de Trabajo Carlos Mugica, SUBPGA, Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, FEDESAM, Movimiento de Trabajadores Excluidos, Patria Grande, MVB German Abdala, Barrio Los Piletones, La Poderosa, Movimiento Giros, Movimiento 26 de Junio, Organizaciones Libres del Pueblo, MVyA Alberto Ballestrini, Corriente Villera, Corriente Pueblo Unido, entre otras y todos los bloques políticos de ambas cámaras.

Este proyecto, como su antecesor, tiene como objetivo abordar la compleja y crítica situación en la que se encuentran hoy los sectores más vulnerables de nuestra sociedad en particular y específicamente aquella que atañe a los trabajadores de la economía popular teniendo en cuenta el ciclo recesivo que atraviesa nuestro país.

Al momento de la sanción de la Ley 27.345, varios aspectos fundamentaban su necesidad. En primer término, los datos de la Encuesta Permanente de Hogares, correspondientes al segundo trimestre de 2016, mostraban un claro deterioro en las variables vinculadas al empleo respecto a igual trimestre del 2015, arrojando un resultado de 382.000 nuevos desocupados y un total de 980.000 subocupados demandantes; siendo estos valores de una muestra representativa de 27 millones argentinos. Al proyectar estos indicadores a la población urbana total de argentina - 41 millones de habitantes - esta problemática implicaba la existencia de más de 2 millones de argentinos con problemas de empleo, es decir que han perdido su trabajo o que trabajan menos horas de las podrían y desearían hacerlo.

Durante el primer semestre de 2016 la reducción del salario real de los trabajadores registrados del sector privado alcanzó al 12%, lo cual permite asumir que el impacto en los ingresos de los asalariados no registrados fue significativamente mayor. Debemos señalar que los datos vertidos previamente se refieren de manera fundamental al sector formal de la economía. Y en este sentido es necesario tener en cuenta que, con la perdida de cada puesto de trabajo en el sector formal, se repercute de manera negativa en los ingresos de al menos 3,5 trabajadores de la economía popular que, como su nombre lo indica, por la precariedad de sus condiciones de trabajo su ingreso se encuentra sostenido por lo que producen a partir del trabajo en el día a día.

Según el Barómetro de la Deuda Social que elabora el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, la pobreza en 2015 alcanzó el 29% y saltó en el primer trimestre de 2016 a 34,5%. A abril de ese mismo año la cantidad de pobres era de casi 13 millones y 2,35 millones de indigentes, aproximadamente.

Casi el 40% de la población integra hogares receptores de programas sociales. Al considerar solamente los hogares en situación de pobreza, el alcance de la política social se incrementa a más de 6 de cada 10 unidades domésticas. Los datos revelan además un mayor acceso a programas sociales entre los hogares de los estratos más bajos, dando cuenta así de la necesidad que tienen los mismos de recurrir a la asistencia pública como estrategia de subsistencia económica. En este sentido, hay que señalar que tanto la AUH como la jubilación recibieron los aumentos correspondientes de marzo y septiembre 2016, totalizando un aumento anual en torno al 30%, lo cual puede ser ponderado con la inflación para la totalidad del año en cuestión que fue de un 40,3% y sabiendo que la canasta básica alimentaria específicamente aumentó aún más. Como conclusión, la actualización de los ingresos ciudadanos y de la seguridad social no alcanzó a equiparar la evolución de los índices inflacionarios.

Según el INDEC, de acuerdo con datos del Estimador Mensual Industrial (EMI), la actividad industrial de junio de 2016 presentó una caída de 6,4% con respecto al mismo mes del año 2015. A su vez, en el primer semestre del año 2016 con respecto a igual período del año anterior, la producción manufacturera mostró una disminución del 3,3%. La construcción, por ejemplo, es una de las ramas de la economía que se encuentra en situación de marcada caída en los índices de actividad, en parte también vinculado a la parálisis de la obra pública. El Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) elaborado por el INDEC mostró una contracción del 12,9% en mayo de 2016, acumulando hasta aquel momento una caída interanual del 10,9% en lo que va de 2016. El caso de la construcción es importante según nuestro interés, por su fuerte conexión con la actividad de la economía popular –a través de cooperativas y trabajos subsidiarios de distinto tipo (textil, alimentación, limpieza)- y también por ser una rama donde los niveles de informalidad son muy elevados.

Hasta aquí hemos hecho mención de los diferentes criterios que a finales de 2016 nos llevaron a impulsar la Emergencia Social y, a continuación, actualizaremos el análisis para dar cuenta que hay sobradas razones para solicitar su prórroga.

En un escenario actual dónde, según la última información disponible del INDEC, la pobreza en Argentina llegó al 32% al finalizar el segundo semestre de 2018. Esto implica 6,2 puntos porcentuales (pp) más que el mismo período del 2017, es decir 2,9 millones de personas más. Con respecto a la indigencia, el aumento es mucho peor en términos proporcionales ya que pasó de un 4,8% en el segundo semestre de 2017 a un 6,7% en el mismo período de 2018. En otras palabras, en un año el Gobierno generó 850 mil nuevos indigentes, un 40% más. Los números analizados por el INDEC y extrapolados a la totalidad del territorio nacional, nos lleva a inferir que existen 14,3 millones de pobres y 3 millones de indigentes. A su vez, si tomamos en cuenta a los niños y niñas menores de 14 años, la pobreza afecta al 46,8% de ellos, casi la mitad.

Con respecto al Índice de Salarios de mayo de 2019 (calculado también por el INDEC) los ingresos de los trabajadores y trabajadoras argentinas aumentaron un 38,4% en promedio en los últimos 12 meses y se encuentra casi 20 pp por debajo de la inflación para el mismo período, que llegó a 57,3%. Más detalladamente la suba del sector registrado fue de 40,1% y la mejora del 32% del sector privado informal, lo cual agrava más nuestro análisis.

Además, según el mismo organismo, mediante la elaboración del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), la economía argentina creció un 2,6% en el quinto mes del corriente año con respecto al mayo 2018, pero hasta el mes pasado había sumado su decimosegunda caída consecutiva, por lo cual no observamos una tendencia que confirme el último dato disponible, más bien todo lo contrario.

Con respecto a la desocupación, el último dato disponible elaborado por el INDEC corresponde al primer trimestre de 2019 y da cuenta de un 10,1%. Esto quiere decir que hay casi 2 millones de personas desocupadas, lo que implica 200 mil más comparado con el mismo período de 2018 y casi 600 mil nuevos desempleados con respecto a la última estimación de 2017.

Con respecto a la inflación, el INDEC difundió una inflación del 2,7% para el sexto mes del año, totalizando así una suba del 22,4% en el primer semestre de 2019 y un 55,8% en los últimos 12 meses.

Las alzas más importantes en junio ocurrieron en los rubros de ‘’Comunicación’’ (7,1%), ‘’Recreación y Cultura’’ (3,7%), ‘’Salud’’ (3,6%) y ‘’Equipamiento del Hogar’’ (3,4%). Pero más allá de analizar que rubro aumentó más el último mes difundido por el INDEC, observemos que comportamiento tuvo el rubro ‘’Alimentos y bebidas no alcohólicas’’ ya es el más importante para nuestro análisis.

Si tomamos en cuenta el primer semestre del año como horizonte temporal, el rubro en cuestión aumentó un 24,7%, superando así al promedio por 2,3 pp. En este período es sólo superado por el rubro ‘’Educación’’ (28,7%) y ‘’Comunicación’’ (28,1%).

Si extendemos nuestro límite temporal a los últimos 12 meses, los alimentos subieron un 60,8% superando por 5 pp a la suba de la totalidad del Índice de Precios al Consumidor (IPC), sólo apenas superado por los rubros de Comunicación, Transporte y Salud.

Por otro lado, según el mismo organismo, la Canasta Básica Total (CBT) aumentó 2,7% durante junio y llegó a $ 31.148,83 para una familia tipo de 4 integrantes como umbral mínimo para no caer en la pobreza. Además, acumula 22,2% en la primera mitad del año y 58,9% en los últimos 12 meses.

La Canasta Básica Alimentaria (CBA) subió también un 2,7% fijando el nuevo límite para no caer en la indigencia en $ 12.409,72 para el mismo tipo de familia, monto casi idéntico a los $12.500 fijados como Salario Mínimo Vital y Móvil. Así las cosas, acumuló una suba de 21,7% en los primeros 6 meses de 2019 y 58,3% en los últimos 12 meses.

Ambas Canastas están por encima del IPC que registró una suba del 55,8%, marcando una tendencia preocupante ya que lo necesario para no caer debajo de la línea de la pobreza o, peor aún, de la de indigencia, sube más que el promedio de los precios de la economía.

Con estos números, se ratifica un comportamiento que se viene observando desde el inicio de la actual gestión: aquellos productos de primera necesidad suben sistemáticamente sus precios por encima del promedio, ampliando la brecha de desigualdad de la sociedad, ya que aquellas personas que gastan una mayor poción o la totalidad de sus ingresos en este tipo de productos son quienes menores recursos tienen.

Concentrándonos en los y las menores de 18 años, según la UCA, casi 5 millones de niñas, niños y adolescentes de entre 0 y 17 años (41,2%) son doblemente pobres, es decir que tienen carencias monetarias y en cuanto a derechos básicos, como el acceso a la educación, la salud y los servicios públicos. Basados solamente en la primera dimensión comentada el porcentaje de pobreza llega al 51,7%, mientras que el de indigencia alcanza el 10,2%. Estos números empeoran si se los analiza regionalmente, siendo el conurbano el más afectado, dónde más de 6 de cada 10 niños son pobres.

Si bien la pobreza monetaria tiene una volatilidad mayor a la medida en cuanto a cobertura de derechos básicos en general, la misma tiene una incidencia significativa en la alimentación. Tal es así que casi un 30% de los niños, niñas y adolescentes registró una mala alimentación durante 2018, superando en 8 pp la medición anterior de 2017. Con respecto a los y las menores de 17 años que pasaron hambre al menos una vez en 2018, ese porcentaje llegó al 13%. Además, tengamos en cuenta que uno de cada tres recibe alimentos de comedores o similares instituciones.

A su vez, y en un análisis más detallado hacia dentro del universo observado, tienen más probabilidades de ser pobres por carencias en derechos los adolescentes (73,5% de los que tienen 12 a 17 años frente al 60,8% de los que tienen 4 a 12), los que viven con solo uno de sus padres (70,9% frente al 62,3%), los que pertenecen a un hogar del estrato trabajador marginal (84,9% frente al 23,6% de los que pertenecen al estrato medio profesional) o viven en el conurbano bonaerense (74,8% frente al 30,2% de los que viven en CABA).

Toda la situación anteriormente descripta, con la conclusión obvia de que no ha mejorado con respecto a la última vez que el Congreso decidió extender la emergencia social y sumarle aspectos interesantes como la participación de las organizaciones en la aplicación de la Ley (aunque el Poder Ejecutivo Nacional no puso en práctica esto último), denota la imperiosa necesidad de prorrogar la Ley 27.200 en todo el territorio nacional e implementar una serie de políticas que atiendan a los trabajadores de menores ingresos con la misma celeridad con la que se implementaron otras medidas tendientes a atender la situación de otros sectores de la economía y la sociedad.

Con respecto a la asignación de recursos presupuestarios creemos que debe ser parte del diseño de una intervención política adecuada en términos no solo cuantitativos sino en la forma y contenido de la misma, y su arreglo al diagnóstico social y morfológica sobre los sectores que son destinatarios de las mismas. Entendemos prioritario avanzar en la visibilización institucional y reconocimiento de este sector del trabajo (economía popular) como medida inicial, por lo cual propusimos (y así quedó plasmado en los artículos 3°, 4°, 5°, 6° y 7° de la Ley 27.345) una serie de medidas de registración de los trabajadores de la economía popular, así como la conformación de un ámbito de decisión y desarrollo participativo de las políticas para el sector que tenga como meta central la institución de un salario social complementario para los trabajadores de la economía popular, cuyo objetivo central radica por un lado en el reconocimiento de la deuda pública y social hacia estos trabajadores y, por otra parte, en la satisfacción material que implica alcanzar el monto delimitado como básico para un trabajo decente (SMVyM).

De la misma forma entendemos que desde el Estado deben promoverse las herramientas y medidas necesarias para fortalecer y ampliar los programas de empleo vigentes. Fundamentalmente avanzando en áreas donde las políticas sean el canal para pensar la producción desde el trabajo y no desde el capital abriendo un abanico de posibilidades concretas de generar ocupación digna en la base social.

La construcción de una sociedad con mejores niveles de igualdad, de inclusión y de dignidad en la vida de los ciudadanos requiere que seamos capaces de elaborar y proponer herramientas que den respuestas a las situaciones que se presentan de manera urgente e impostergable, con las características resultantes de los procesos y ciclos socio económicos que a travesado nuestro país. En este sentido se enmarca la presente propuesta y en base a los argumentos expresados previamente solicitamos a los legisladores que lo acompañen con su voto.

Por los motivos expuestos, solicito a los y las colegas de esta Honorable Cámara que me acompañen con la aprobación del presente Proyecto de Ley de prórroga.