Manifestar su preocupación y su rechazo a los despidos ocurridos en la Subsecretaría de Agricultura Familiar y en el ministerio de Agroindustria de la Nación, por los que más de 150 familias trabajadoras quedarían en la calle, sin su fuente de ingresos.

Expresar su solidaridad con el reclamo de reincorporación inmediata de todos los trabajadores y trabajadoras despedidas y advertir que entre ellos se encuentra también el de la actual diputada de la provincia de Jujuy, Natalia Morales, del PTS en el Frente de Izquierda, en lo que constituye asimismo una clara muestra de la persecución política que rige en la provincia.

Señor presidente:

La actual Subsecretaría de Agricultura Familiar es una institución de hace más de 20 años que trabaja con políticas públicas hacia el sector de la Agricultura Familiar en todo el país. La misma cuenta con una importante incidencia de trabajo de acompañamiento técnico productivo y organizativo a nivel territorial a pequeños productores, campesinos e indígenas.

Actualmente la institución cuenta con 1300 trabajadores que prestan funciones en todo el país. Desde su creación hasta el día de hoy, los gobiernos y funcionarios de turno mantuvieron el 100% de los trabajadores de forma precarizada con distintos tipos de contrataciones. Esta situación fue denunciada por los trabajadores de la cartera y su organización sindical ATE reiteradas veces, como también fue reiterada la exigencia de un presupuesto acorde a las demandas y necesidades del sector y para que se garanticen sus derechos, negados históricamente por los distintos gobiernos, ya que el modelo productivista vinculado al monocultivo de la soja, azúcar, forestal o el saqueo minero, afecta seriamente la producción de alimentos sanos, los ingresos de las familias campesinas e indígenas, expulsándolas de sus territorios hacia los cinturones urbanos de pobreza.

Apenas asumió Mauricio Macri, el gobierno de los CEOs avanzó con su política de ajuste. En Agroindustria fue el empresario ganadero Ricardo Buryaile quien bien asumido, despidió a más de 160 trabajadores monotributistas y de planta transitoria, delegados, y activistas sindicales y referentes políticos -como fue el caso de la actual diputada de la provincia de Jujuy Natalia Morales (PTS/Frente de Izquierda)-, con entre 6 y 20 años de antigüedad. También avanzó con despidos en SENASA (130) y en programas como Cambio Rural, que también trabaja con proyectos y acompañamiento productivo a pequeños productores. Este ataque se combinó con el cierre de áreas programáticas de la institución como el Área de Género, de Pueblos Originarios, de Apoyo a las Organizaciones y un profundo recorte del presupuesto propio de la institución limitando el trabajo en territorio de los técnicos. Como denuncian los trabajadores, esta limitación los dejó sin los recursos elementales para realizar su trabajo, al mismo tiempo que se avanzaba con medidas de evaluación de productividad que los dejaban en un callejón sin salida, impedidos de realizar su trabajo por falta de presupuesto y teniendo la obligación de dar cuenta de su trabajo, para no ser evaluados de forma negativa. A su vez se fue vaciando de a poco el área de RENAF, que registra a los agricultores familiares, que fue establecido por el propio Estado para reconocer los derechos contenidos en la ley 27.118 de Agricultura Familiar, y se frenaron los trámites de Monotributo Social Agropecuario que otorgaba el derecho a la jubilación y obra social a productores familiares.

Como denuncian sus trabajadores, con la asunción de Luis Etcheveherre, ex presidente de la Sociedad Rural, terrateniente y empresario agropecuario, como ministro de Agroindustria, a fines del 2017, el plan de ajuste en el ministerio se profundizó. Las tareas y funciones de muchos programas y reparticiones del ministerio quedaron restringidas debido a la aplicación de un presupuesto recortado y avanzó en despedir una nueva tanda de 330 trabajadores, de planta transitoria, de más de 10 años de antigüedad (Contrato de la Administración Pública Art. N°9), del ministerio y organismos descentralizados como INTA, SENASA, y también Agricultura Familiar.

Los trabajadores denuncian que Etcheveherre declaró asueto el pasado 20 de abril, por “cuestiones operativas” en el ministerio y en todas las reparticiones del mismo y de todo el país, para evitar cualquier tipo de reacción colectiva por parte de los trabajadores y sindicatos ante los despidos y garantizó que la policía de la Ciudad de Buenos Aires rodeara el Ministerio en Avenida Paseo Colón, para amedrentar a los trabajadores e impedir su ingreso: una situación vista muy a menudo en diversas reparticiones donde hubo despidos durante estos años. La situación hasta el día de la fecha es desesperante, los trabajadores de todo el país acuden a trabajar a la espera de un posible telegrama de despido, en algunos casos, enterándose del mismo por no poder ingresar a la repartición.

En el caso de Agricultura Familiar, luego de la primera tanda de despidos en el año 2016, donde muchos trabajadores fueron reincorporados tras una importante lucha, la Secretaría cambió de rango a Subsecretaría, acorde a las políticas de ajuste. Hoy el sector vuelve a sufrir otro ataque con una nueva tanda de despidos.

Hasta el momento se registraron más de 50 despidos en provincias como Salta, Catamarca, Córdoba, Mendoza, Río Negro, Chubut, La Pampa, Chaco, Misiones y Santa Fe, entre otras. En Jujuy, que viene de ser la provincia donde se iniciaron los despidos persecutorios y discriminatorios, como parte de lo que puede considerarse como un verdadero laboratorio del ajuste y criminalización por parte del gobierno de Gerardo Morales, los despidos empezaron a llegar incluso a trabajadores y trabajadoras que fueron despedidos sin causa en febrero del 2016 y fueron reincorporados por la lucha, con amparo judicial presentado y con fallos judiciales a favor, que daban cuenta que los despidos fueron discriminatorios y que reconocía las funciones que realizaban los trabajadores de carácter continuo en repartición a lo largo de los años.

En este contexto se dio el despido discriminatorio y persecutorio en el 2016 de Natalia Morales, entonces delegada de ATE y ex candidata a gobernadora por el PTS-Frente de Izquierda, quien posteriormente fuera reincorporada junto a dos delegadas de ATE despedidas en Jujuy. Actualmente, siendo diputada provincial desde el 10 de diciembre de 2017, vuelve a ser despedida, junto a los demás trabajadores de Agricultura Familiar, meses después haber solicitado la correspondiente licencia sin goce de haberes para ejercer sus funciones como legisladora de Jujuy. Un claro hecho de persecución política, en el marco de un nuevo ataque al conjunto de los trabajadores del sector.

En el mismo sentido, destacamos que esta política, que pretende tomar a los trabajadores como variable de ajuste, se da precisamente en el marco de las enormes ganancias, beneficios y exenciones impositivas -como el quite de retenciones- que garantizan el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y el ministro de Agroindustria a los empresarios del agro, la ganadería y la minería. También en este sentido destacamos que la agricultura familiar nuclea hoy a alrededor de 250 mil familias pequeño productoras, campesinas e indígenas, y sus organizaciones, de las cuales sólo en Jujuy hay más de 8 mil, representan al sector rural más empobrecido del país, por lo que este nuevo ataque sienta asimismo un peligroso precedente.

Por ello, y por los motivos que desarrollaremos oportunamente, solicitamos la aprobación del presente proyecto de resolución.