Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional para que disponga la inmediata concurrencia de la Secretaria de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Sra. Laura Alonso, en los términos del artículo 71 de la Constitución Nacional y el artículo 204 del reglamento de esta Honorable Cámara, con el fin que proporcionen las explicaciones correspondientes relacionadas con el accionar de la Oficina Anticorrupción a su cargo.

Señor presidente:

En el día de ayer se conocieron nuevas y desafortunadas expresiones de la funcionaria Laura Alonso, quien embistió contra la justicia de nuestro país a través de su cuenta de Twitter, tildando a una resolución de la Corte Suprema de Justicia de “alocada” y exigiendo a los jueces del tribunal inferior que incumplan con las indicaciones de la máxima autoridad del Poder Judicial.

Este nuevo ataque a las instituciones de nuestro país, sumado a los funestos antecedentes que en similar sentido se registran respecto de la funcionaria Laura Alonso, y las diversas causas penales en las que se encuentra imputada, exigen su interpelación en los términos del art. 71 de la Constitución Nacional y el art. 204 del reglamento de este Cuerpo.

Desde su irregular designación en la Oficina Anticorrupción, la funcionaria pública ha utilizado los recursos humanos y económicos de su dependencia con dos finalidades, por un lado, la persecución de los opositores al régimen macrista y, por otro lado, el flagrante encubrimiento al presidente Mauricio Macri y sus funcionarios.

Respecto del encubrimiento, se conoció que días atrás fue imputada por la justicia por otras declaraciones públicas en las que admitió que su repartición no querellaba en causas por corrupción del gobierno de Mauricio Macri, para que no la “acusen de encubridora en las causas y de ir a embarrar causas de la corrupción”.

Pero, además, es importante resaltar que el encubrimiento no solo se ejecuta por omisión, sino que también se perfecciona a partir de las presentaciones que esa dependencia realiza en causas en las que funcionarios macristas se encuentran investigados.

Por ejemplo, el caso del “Correo Argentino” le valió otra imputación a la funcionaria, ya que Alonso dictó una resolución en la que desvinculó al presidente de la Nación, Mauricio Macri, de haber cometido alguna falta ética en esa causa.

Pero no solo ejecutó maniobras en esta causa, también utilizó recursos estatales para presentar informes favorables a funcionarios investigados en otras causas penales, como es el caso de Aranguren, Caputo y otros funcionarios, que seguramente se conocerán cuando esa dependencia pueda ser auditada por los organismos pertinentes.

Al respecto, es importante resaltar que días atrás se conoció que la funcionaria Laura Alonso se niega a ser auditada por la Auditoria General de la Nación, motivo por el cual se la intimó a dar acceso a la información en un plazo de 10 días bajo apercibimiento de acciones judiciales en ejercicio de las competencias constitucionales y legales de la Auditoria.

Por último, no podemos soslayar que la titular de la Oficina Anticorrupción se encuentra imputada por corrupción. La causa se inició a raíz de la publicación periodística de diario Página 12, donde se reveló que Alonso habría contratado de forma irregular como agente de prensa a una consultora vinculada al PRO que además hace lobbying para empresas privadas. Se trata de la empresa Consuasur, fundada en 2005 y contratada por la OA a comienzos del año 2017.

El trabajo institucional y las declaraciones públicas de Laura Alonso ponen de manifiesto que la funcionaria asume sistemáticamente una actitud que compromete la ética y el desempeño de su cargo, que justamente fue creado casi a su medida para justamente fortalecer la transparencia de la gestión de gobierno, ya que los antecedentes enunciados revelan con claridad que está seriamente cuestionada por actos de corrupción, que deliberadamente omite presentarse formalmente en las investigaciones penales que involucran al gobierno, incumpliendo sus deberes de manera notoria, y que es muy distinta su actitud frente a causas que afectan a funcionarios de administraciones anteriores.

Esta situación, claramente reñida con el ejercicio de su función, se suma a la ya indicada forma irregular en que el Ejecutivo Nacional nombró a Laura Alonso en su cargo, ya que el mismo debió por medio de un decreto modificar los requisitos de idoneidad necesarios que se exigían para ocupar dicho puesto como el de ser abogado -cosa que la funcionaria no es.

Por las razones expuestas solicito a mis pares diputados me acompañen en el presente proyecto de resolución.