De acuerdo a las atribuciones conferidas por el artículo 100 inc. 11 de la Constitución Nacional, se solicita al Poder Ejecutivo que, a través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, informe sobre:

a) ¿Cuáles van a ser las políticas de empleo a realizar para cuidar las fuentes laborales de los trabajadores de la Empresa?

b) En caso de llevar adelante un Proceso Preventivo de Crisis (PPCE) ¿Cómo piensan garantizar las fuentes laborales?

c) ¿Qué medidas se plantean junto al Sindicato de Empleados de Comercio? ¿En que se basan los avances productivos?

d) ¿Los trabajadores de la empresa tienen todos los aportes y contribuciones que establece la Ley 24.241 del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones y la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo?

e) ¿Qué intervención tienen otros sindicatos que participan de la problemática?

f) ¿Cuál es el impacto en los diferentes proveedores que tiene la firma?

g) ¿Informe el resultado de los últimos 5 balances de la empresa? ¿Cómo impacto la política comercial de la empresa en los balances mencionados?

h) Cualquier otro dato que sea de interés.

Señor presidente:

Dado los hechos de público conocimiento acerca de lo que está pasando en la Empresa Carrefour, tanto a nivel nacional como internacional, es de sorprender la inaptitud de los funcionarios de la cartera de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Basta con repasar las marchas del 31 de marzo en Francia, donde se encuentra la Casa Matriz de la Empresa, donde los trabajadores colapsaron los accesos a las diferentes sucursales de la firma en todo el país por el reclamo de la reducción de la plantilla de trabajadores en un 2%, esto es alrededor de 2.400 trabajadores. El dato de color es que Carrefour es uno de los mayores empleadores privados de aquel país.

Son de público conocimiento la Reunión Tripartita que empezaron a tener los representantes del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, representantes de la firma y el Sindicato de Empleados de Comercio, con el fin de buscar una solución al conflicto. Dicho encuentro fue calificado de amigable y productivo tanto por la patronal como por el Sindicato mencionado.

Según consta del balance anual que presento la empresa el 28 de febrero pasado, su tasa de margen de operación se ubicó en 4,5%, con una baja de 44 puntos básicos dada las pérdidas operativas relacionadas al contexto macroeconómico, sumado al nivel inflacionario alto que sigue manteniendo la República Argentina.

La evaluación de la propia empresa, con respecto a su estrategia comercial, que según propias manifestaciones ha sido errónea no puede ser aceptada por el Estado como justificación y mucho menos ser pagada por los trabajadores. Trasladado esto al Código Civil, nadie puede argumentar su propia torpeza para transferir responsabilidades y costos a terceros.

Las políticas comerciales de la empresa deben ser explicadas y aclaradas, con el fin de preservar las fuentes laborales, dado que no se puede por decisiones de política comercial erróneas que paguen los costos los trabajadores que son los que llevan la operatividad de la empresa a diario.

El desafío que debe tener el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social es muy grande y no debe solucionarse con el despido de trabajadores donde la indemnización sea del 50% de lo que le corresponde dado el Proceso Preventivo de Crisis (PPCE). Tampoco con los retiros voluntarios improductivos y desesperante que se están dando en un mercado laboral a la baja, donde la inflación se está comiendo los salarios motivada por el aumento de todos los servicios públicos y paritarias a la baja que indudablemente afectan a los trabajadores de forma muy alarmante. Los ciudadanos necesitamos políticas de protección del Empleo y el Trabajo, lo cual esperamos que se cumplan.

Es por ello, que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.