Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional para que, a través del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, remita a esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación un informe escrito en el cual se respondan las consultas que a continuación se detallan, referidas a la protección de los trabajadores y de las trabajadoras de la economía social de la creciente oferta de créditos con intereses, cláusulas y costos abusivos por parte de entidades prestamistas no supervisadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), que generan círculos injustos de endeudamientos y sobreendeudamientos que condenan a las personas y a las familias a la indigencia, a la pobreza y a la movilidad social descendente.

Importa contar con información sobre las siguientes cuestiones:

a) Informe si el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación tiene previsto proponer, como integrante del Consejo de Coordinación de la Inclusión Financiera (creado por Resoluciones 121-E/2017 y 244-E/2017 del Ministerio de Finanzas de la Nación), políticas públicas activas de regulación, control y erradicación de la oferta de créditos con intereses, cláusulas y costos abusivos por parte de entidades prestamistas no supervisadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), que afectan a los trabajadores y a las trabajadoras de la economía social protegidos por la Ley Nº 26.117. En caso de una respuesta afirmativa se solicita detallar las iniciativas concretas propuestas o a proponer.

b) Informe si dicho ministerio ha implementado, desde el 10 de diciembre de 2015 a la fecha, mecanismos que regulen y reduzcan los costos operativos e intereses que afectan a los destinatarios de microcréditos sociales, tal como lo establece el artículo 3º inciso 6 de la Ley Nº 26.117, detallando las iniciativas implementadas.

c) Informe si la Comisión Nacional de Coordinación del Programa de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social, ha propuesto la fijación de topes máximos en materia de tasas y cargos que se apliquen a las operaciones de microcréditos financiadas con recursos del Fondo Nacional de Promoción del Microcrédito, tal como lo establece el artículo 5º inciso 7 de la Ley Nº 26.117. Se solicita detallar cuáles son los topes máximos en materia de tasas y cargos que se han fijado al día de la fecha.

d) Informe el porcentaje de tasa de interés actual y el costo total financiero que se cobra al día de la fecha por los microcréditos otorgados mediante la Ley Nº 26.117.

e) Informe si el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación tiene previsto proponer al Poder Ejecutivo Nacional, en el marco de la Presidencia nacional del G-20 durante el año 2018, una iniciativa global de inclusión financiera que incluya la erradicación de la oferta de créditos con intereses, cláusulas, y costos abusivos y usurarios. En caso de una respuesta afirmativa, se solicita detallar la misma.

Señor presidente:

La creciente oferta de créditos con intereses, cláusulas y costos abusivos y usurarios por parte de entidades prestamistas no supervisadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), forma parte de una economía de la especulación y de la exclusión, que en muchos casos supera el 100% y el 120% de interés anual, y va generando el endeudamiento y el sobreendeudamiento de las personas y de las familias, condenando a las mismas a la indigencia, a la pobreza y a la movilidad social descendente.

En general las personas afectadas son trabajadores y trabajadoras de la economía social que trabajan en un marco de informalidad y de no registración laboral, lo que agrava su ya precaria situación social y económica, por no poder acceder al crédito bancario. También las y los trabajadores formales registrados que cobran bajos sueldos son víctimas de esta oferta de créditos no bancarios con intereses, cláusulas y costos abusivos.

La situación que afecta a los trabajadores y las trabajadoras de la economía social, se agrava porque a nivel nacional está emergiendo una nueva cuestión laboral por el crecimiento, señalado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), de los trabajadores asalariados no registrados que representan, al cuarto trimestre del 2017, el 34,2% de los trabajadores, alcanzando el 37,7% en el Gran Buenos Aires y superando el 40% en distintas zonas del país.

Con el objeto de abordar y resolver esta grave problemática social y económica, la Ley Nº 26.117 creó en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación el Programa de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social.

El artículo 3º inciso 6 de la Ley Nº 26.117 estable que es función del mencionado Programa desarrollar mecanismos que regulen y reduzcan los costos operativos e intereses que afectan a las y los destinatarios de microcréditos sociales.

Asimismo, el artículo 5º inciso 7 de la Ley Nº 26.117 establece que es función de la Comisión Nacional de Coordinación del Programa de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social, proponer al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación la fijación de topes máximos en materia de tasas y cargos que se apliquen a las operaciones de microcréditos financiadas con recursos del Fondo Nacional de Promoción del Microcrédito.

En el marco de las funciones asignadas por la Ley Nº 26.117, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, como parte integrante del Consejo de Coordinación de la Inclusión Financiera, (creado por Resoluciones 121-E/2017 y 244-E/2017 del Ministerio de Finanzas de la Nación), podría proponer políticas públicas activas para la regulación, el control y la erradicación de la creciente oferta de créditos con intereses, cláusulas y costos abusivos por parte de entidades prestamistas no supervisadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), que vulneran los derechos los trabajadores y las trabajadoras de la economía social.

Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de resolución.