Su adhesión a la conmemoración del 24° aniversario del atentado terrorista perpetrado contra la Embajada de Israel el 17 de Marzo de 1992.

Su preocupación por la impunidad y falta de esclarecimiento de este terrible crimen.

Señor presidente:

El ataque terrorista a la embajada israelí en Buenos Aires ocurrió el 17 de marzo de 1992 a las 14:47 hora local y causó 29 muertos y 242 heridos entre israelíes y argentinos. El ataque destruyó completamente la sede de la misma. En la Argentina vive la comunidad judía más numerosa de América Latina. El atentado se llevó a cabo cuando un furgón Ford F-100 conducido por un suicida fue cargado con explosivos y estrellado contra el frente del edificio de la Embajada de Israel, localizado en la esquina de Arroyo y Suipacha , causando la destrucción de la embajada, y daños a una iglesia católica y una escuela ubicada en un edificio cercano.

Fue el peor ataque terrorista en la historia de Argentina hasta ese momento, Dos años después, el 18 de Julio de 1994 se sucedió el atentado terrorista contra la AMIA, constituyéndose en el peor ataque contra una misión diplomática israelí.

Los autores del ataque se cree que ingresaron al país a través de la región llamada triple frontera, el área donde confluyen las fronteras de Argentina, Brasil y Paraguay.

La principal hipótesis de la investigación se inclinó a culpar a la organización Hezbollah, con base en Líbano y apoyada por la República Islámica de Irán, supuesto organizador intelectual del ataque.

Como el atentado afectó a una delegación extrajera, la investigación quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia, que el 24 de marzo de ese año abrió el expediente143/1992. La investigación quedó en manos de la Comisaría 15 de la Policía Federal. La Corte rechazó el pedido de los querellantes de convocar a declarar a los custodios de la Federal que se retiraron de la puerta de la Embajada poco antes de la explosión, situación que fue revertida recién cuatro años después del atentado cuando fueron citados a declarar, junto al titular de esta comisaría.

Al momento del hecho, se realizaban obras de remodelación en la sede diplomática y los familiares de las víctimas pidieron que los propietarios de la empresa constructora encargada de esos trabajos prestaran declaración en la causa. El ministro de la Corte Ricardo Levene, quien estaba a cargo del expediente, formuló en 1996 la teoría de que el edificio había sido demolido por un artefacto explosivo colocado en su interior. Otros peritos señalaron la presencia de una camioneta Ford F-100, que merodeó la zona al momento del siniestro, y que, cargada de explosivos, fue conducida por un suicida que la estrelló contra la delegación diplomática. Esa terminó siendo la versión oficial sobre el ataque que se impuso tras la creación, en 1997, de una Secretaría Especial que asumió la investigación bajo la dirección de Esteban Jorge Canevari, funcionario del tribunal que encabeza el Poder Judicial argentino. La detención de cuatro ciudadanos de Pakistán y la imposibilidad de determinar el número exacto de muertos, son dos hechos que indican la manera en la cual Levene llevó el caso hasta la puesta en funciones de Canevari. Los ciudadanos paquistaníes fueron detenidos tres días después de ataque y aunque fueron liberados una semana después, continuaron vinculados a la causa durante siete años, hasta que resultaron sobreseídos.

En 2006, y por impulso de los familiares de las víctimas, la Corte compuesta por los jueces Enrique Petracchi, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni, Ricardo Lorenzetti y Carmen Argibay declaró la causa como "imprescriptible".

Con esa acordada, el tribunal ratificó el trabajo de Canevari, a pesar de los escasos avances verificados en la investigación, y confirmó las órdenes de captura pedidas por el secretario.

La Corte solicitó a los servicios secretos de Estados Unidos y Europa que acercaran información sobre el atentado, pero con distintos argumentos todos ellos se negaron a colaborar con la causa.

El expediente por la voladura de la Embajada, en la que el Estado de Israel no figura como querellante, acumula 250 cuerpos, mientras las víctimas siguen esperando Justicia. Por lo expuesto solicito la aprobación del presente proyecto