Exigir al Poder Ejecutivo Nacional y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, la Anulación del Convenio suscripto con la Fundación “Vida en Familia” a través de la cual se le otorga a la misma una partida de $1.300.000 para la puesta en pie de la denominada “Red nacional de acompañamiento a la mujer con embarazo vulnerable”, de la cual participa ACIERA (Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina), con una línea telefónica y más de 100 centros de atención en todo el país. Reclamar asimismo el cese de todo tipo de financiamiento estatal a dicha fundación.

Denunciar que la finalidad del Convenio es dar mayor poder a los protagonistas de la tortura y violación de derechos a niñas, como en los recientes casos de Jujuy y Tucumán, con el objetivo de reforzar la práctica de obligar a niñas y mujeres a continuar con embarazos no deseados y/o productos de violación, atentando contra el derecho consagrado al aborto no punible en el Art. 86 del Código Penal y reafirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el Fallo FAL.

Rechazar toda tercerización de programas del Estado Nacional o los Estados provinciales en organismos o instituciones que se asientan en principios oscurantistas y carecen de toda evidencia científica.

Señor presidente:

A propósito de una actividad que realizó ACIERA (Asociación Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina) en las instalaciones del Congreso Nacional, el día 6 de marzo del corriente, donde se anunciaba la presentación de la “Red nacional de acompañamiento a la mujer con embarazo vulnerable”, se hizo pública la firma de un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social, presidido por Carolina Stanley, para financiar dicho programa con la suma de $1.300.000. Según informó ACIERA en un comunicado, la “Primera Etapa” consiste en “la presentación del convenio recientemente firmado con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, por el que se habilitará un 0800 y una red de más de 100 centros de distintos puntos del país, cuya finalidad es la derivación de casos que requieran acompañamiento a mujeres embarazadas en condición de vulnerabilidad”. Y en una “Segunda Etapa”, el sábado 18 de mayo, “se convocará a la pastoral del país a una jornada de capacitación, para las iglesias que asumirán este desafío de proporcionar a las mamás los elementos necesarios para la atención de sus bebés, además de brindarles acompañamiento y contención” (http://www.aciera.org/red-nacional-de-acompanamiento-a-la-mujer-con-embarazo-vulnerable/). Del acto en el Congreso participaron los diputados celestes, autoproclamados “defensores de las dos vidas” -que en realidad se dedican a defender el aborto clandestino y la tortura de las niñas y mujeres.

Lo que tenemos en realidad es un gobierno que le da fondos, recursos y la responsabilidad de atender a las niñas violadas a quienes quieren forzarlas a maternar, poniendo en riesgo su salud y sus vidas. Con esta medida dejan a mujeres con embarazos vulnerables (víctimas de violencia, abusos sexuales, violaciones) en manos de organizaciones oscurantistas que consideran al cuerpo gestante no como una persona con derechos, sino como un envase, y que no se rigen por la ley o la ciencia sino por creencias religiosas, que son incompatibles con la garantía de los derechos de las mujeres y las disidencias. Someten a las niñas que pertenecen a los sectores más pobres de la sociedad a torturas psicológicas –y físicas- para forzarlas a sacrificar su infancia y llevar a término los embarazos, negando su derecho al aborto no punible, como consta en las evidencias de los recientes casos en Jujuy y Tucumán. Son organizaciones que promueven el secuestro de niñas en los hospitales, como acaba de ocurrir en Tucumán. Donde ahora incluso estos mismos sectores han denunciado penalmente a la médica y el médico intervinientes en garantizar los derechos de la niña tucumana.

En Argentina hay más de 3.000 nacimientos por año de niñas embarazadas menores de 15 años y el 16% de los 700 mil embarazos anuales son de adolescentes entre 15 y 19 años, en su mayoría de varones 10 años mayores que ellas. En algunas provincias llega al 25%. El 70% de esos embarazos se informan como “inesperados” (eufemismo que se utiliza para ocultar que son contra la voluntad de la gestante). El índice es creciente y alarmante.

Este Convenio de la cartera de Stanley representa un paso más en la política de tercerización de la asistencia pública y estatal en ONGs amigas del gobierno y, en gran proporción, de origen clerical. El año pasado el Ministerio de Educación firmó un convenio con la Fundación CONIN de Abel Albino (miembro del Opus Dei, famoso por su oposición a los preservativos y a la educación sexual), por el cual también seguimos reclamando su anulación. En esta materia –como en tantas otras- el macrismo está profundizando una política de la que fue impulsor el kirchnerismo. En el Senado, García Larraburu de Unidad Ciudadana –que otorgó un voto decisivo para enterrar la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo- presentó un proyecto en apoyo a la Fundación “Vida en Familia”, con quien se ha suscripto el convenio que aquí rechazamos.

La noticia de este acuerdo/convenio con grupos oscurantistas del evangelismo se conoció dos días antes del Paro Internacional de Mujeres del 8M, que congregó a cientos de miles de personas en todo el país, en una movilización que destacó entre sus principales reclamos el aborto legal, seguro y gratuito, y la separación de la Iglesia del Estado. Es cada vez más evidente el brutal divorcio entre los intereses de la mayoría de la población trabajadora que se moviliza por los derechos de las mujeres y la comunidad LGTBI, y un régimen político que de la mano de Macri y de los gobernadores, alienta y financia a los sectores más reaccionarios, anti-derechos, para que prediquen, adoctrinen y actúen contra la libertad y los derechos de las mujeres, de modo de mejor someter al conjunto de la clase obrera.

Es por ello menester la urgente anulación de todo tipo de convenios entre el Estado nacional y los Estados provinciales con organizaciones que someten a nuestras niñas y mujeres al oscurantismo y la vulneración de sus derechos.

Por estos motivos, solicitamos a los y las diputadas nacionales el acompañamiento del presente Proyecto de Resolución.