Solicitar al PODER EJECUTIVO NACIONAL que, a través de los organismos que correspondan, informe sobre los siguientes puntos relativos al convenio suscripto por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación y la Fundación “Vida en Familia” con la finalidad de lanzar una “Red nacional de acompañamiento a la mujer con embarazo vulnerable”.

1- Los motivos que justifican la necesidad de contratar a una organización no gubernamental que intervenga en una política pública de central importancia, por fuera de los equipos de profesionales y dispositivos de gestión existentes en el sistema público de salud.

2- Los mecanismos de selección y licitación utilizados para el otorgamiento de 1.430.000 pesos a dicha organización no gubernamental.

3- El criterio utilizado para la selección particular de la Fundación “Vida en Familia” para llevar adelante acciones propias de la política pública socio-sanitaria en materia de salud sexual y reproductiva, siendo que se trata de una ONG que públicamente promueve el incumplimiento a la normativa vigente en la Argentina en materia de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

4- En el mismo sentido, informe el criterio utilizado en la selección particular de una fundación evangelistas, integrante de ACIERA (Alianza Cristiana de las Iglesias Evangélicas de la República Argentina) cuando en los términos de los artículos 16 y 19 de la Constitución Nacional el Estado debe ser neutral respecto de los ideales de vida que persigan los habitantes de la Argentina, lo cual incluye sus creencias religiosas o no religiosas y las prácticas que se desarrollen como consecuencia de esas creencias.

5- El significado de la categoría “embarazo vulnerable” y los mecanismos para su determinación.

6- Siendo que la firma del convenio es vulneratoria de los derechos de los y las adolescentes y de las mujeres a la salud sexual y reproductiva, se sirva informar si el Ministerio evaluó el riesgo de una posible sanción internacional al Estado argentino como consecuencia del incumplimiento de los Tratados de Derechos Humanos, implicado en el mencionado convenio.

Señor presidente:

Con apoyo oficial, una alianza de organizaciones evangélicas lanzó una red contra el aborto, en el ámbito del Congreso de la Nación y con la participación de diputados y diputadas que rechazan tanto la legalización de la IVE (interrupción voluntaria del embarazo) como, en muchos casos, la implementación y cumplimiento de la normativa vigente en materia de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y acceso a la ILE (interrupción legal del embarazo).

“El evento fue convocado por ACIERA (Alianza Cristiana de las Iglesias Evangélicas de la República Argentina) y contó con la participación de los diputados nacionales Carmen Polledo, Cornelia Schmidt-Liermann, Eduardo Amadeo, Jorge Enriquez y Marcela Campagnoli, quienes votaron en contra de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. En el acto, donde volvieron a verse los pañuelos celestes, se anunció el lanzamiento de una línea telefónica gratuita para atender a mujeres “en situación de vulnerabilidad” que cursen embarazos no deseados en todo el país”.

La mencionada “Red nacional de acompañamiento a la mujer con embarazo vulnerable” será financiada mediante un convenio que fue suscripto entre el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación y la Fundación “Vida en Familia”.

“…La presentación de la “Red nacional de acompañamiento a la mujer con embarazo vulnerable”, nació el año pasado, al calor del debate por la legalización del aborto, cuando “buscamos apoyo de parte del Estado por el trabajo voluntario que estamos haciendo”, detalló Rodríguez [titular de la Fundación]. Ese trabajo voluntario, añadió, es “una ayuda integral: médica, social, psicológica. Lo que sí, todos somos provida. La plataforma que tenemos es que la mujer tenga la contención para decir ‘me animo a seguir adelante con este embarazo’. Queremos que la primera opción no sea el aborto, que no sea el misoprostol…”.

Entendemos necesario pedir explicaciones al Poder Ejecutivo Nacional ya que se desconocen los motivos que justifican la contratación de una organización no gubernamental para que intervenga en una política pública por fuera de los equipos de profesionales y dispositivos de gestión pública existentes en el sistema de salud, trabajando sobre una cuestión central de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Por otro lado, desconocemos los mecanismos de selección y licitación utilizados para el otorgamiento de un subsidio de 1.430.000 pesos a la mencionada organización, los que consideramos deben ser informados a esta Cámara.

Asimismo, consideramos pertinente que se informe por qué se ha optado por una fundación evangelistas, cuando en los términos de los artículos 16 y 19 de la Constitución Nacional el Estado y sus políticas públicas deben ser neutrales respecto de los ideales de vida que persigan los habitantes de la Argentina, lo cual incluye sus creencias religiosas o no religiosas y las prácticas que se desarrollen como consecuencia de esas creencias.

Por último, es importante que el Poder Ejecutivo responda acerca del criterio utilizado para la elección particular de la Fundación “Vida en Familia” para llevar adelante acciones que son propias de la política pública socio-sanitaria en materia de salud sexual y reproductiva, siendo que se trata de una ONG que públicamente promueve el incumplimiento a la normativa vigente en la Argentina en materia de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Ello en virtud que la suscripción del convenio podría constituir un posible incumplimiento por parte del Estado argentino a las disposiciones internacionales de los tratados de derechos humanos que, entre otros, protegen los derechos de los y las adolescentes y de las mujeres a la salud sexual y reproductiva.

El Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación es responsable de producir y difundir información clara y confiable sobre el acceso a los derechos sexuales y reproductivos, y también debe informar acerca de cómo ejercerlos, de acuerdo con la normativa vigente en nuestro país. A raíz de una cesárea practicada el 27 de febrero de 2019 en San Miguel de Tucumán a una niña de 11 años violada, en el mes de marzo de 2019 la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) instó al Estado argentino a garantizar de manera oportuna el acceso a la interrupción legal del embarazo (ILE), de acuerdo con la legislación vigente en nuestro país.

Siendo que es función de esta Cámara el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución Nacional y por los tratados internacionales sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, niñas y adolescentes y las mujeres –entre otros- es que realizamos este pedido de informes, solicitando a los diputados y las diputadas que acompañen el presente proyecto.