Expresar su beneplácito por los cambios que incorpora el "Documento I de la Comisión Asesora del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MCTIP) sobre Evaluación del Personal Científico Tecnológico" en los criterios de evaluación del personal científico y tecnológico.

Señor presidente:

El día 4 de octubre de 2012, tuvo lugar la firma del Documento I de la Comisión Asesora del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MCTIP), por parte de numerosas instituciones y organismos del sistema científico, sobre la Evaluación del Personal Científico Tecnológico. El objetivo de dicho documento es formular criterios objetivos de evaluación que, si bien tomen en cuenta las especificidades de cada institución, se orienten a promover el nuevo perfil de los investigadores que necesita el país.

Este hecho representa un hito que redefine y transforma el procedimiento en los criterios de evaluación del personal científico y tecnológico, al perseguir una ponderación más equilibrada entre lo que se denomina ciencia básica y las actividades orientadas al desarrollo tecnológico y social. Es decir, se trata de la elaboración de pautas de evaluación dirigidas a superar el esquema de medición tradicional basado en el modelo lineal de producción de conocimiento.

Tal como explicó el presidente del CONICET, Roberto Salvarezza, "estamos dando un paraguas para que aquel que quiera involucrarse en alguno de los proyectos tecnológicos del país sepa que no va a ser penalizado por el CONICET si deja de publicar", tal como acontecía con anterioridad a la firma del convenio. Como sabemos, CONICET es uno de los principales organismos dedicados a la promoción de la ciencia y la tecnología en la Argentina. Sus objetivos son, entre otros, fomentar y financiar la investigación científica y tecnológica y administrar las Carreras del Investigador Científico y del Personal de Apoyo a la Investigación y al Desarrollo, todo ello en las áreas de ciencias agrarias, ingeniería y de materiales, ciencias biológicas y de la salud, ciencias exactas y naturales y ciencias sociales y humanidades, dentro de los lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional.

Con la firma del Documento I se intenta ampliar los criterios de evaluación y evitar que el conocimiento generado por la investigación sea reconocido, a nivel institucional, únicamente por su incorporación en publicaciones científicas (papers de revistas del rubro). Esto es lo que sucede generalmente en la investigación básica, donde los investigadores de cada disciplina son evaluados en gran parte de su carrera científica en base la cantidad y calidad de sus publicaciones.

Ahora bien, en el caso de las actividades orientadas al desarrollo tecnológico y social, el trabajo es diferente. Si bien muchas veces no es sencillo encontrar una separación tajante con la "ciencia básica", en este caso se trata de una actividad que posee objetivos específicos y trabaja por demanda, en busca de un producto definido de antemano. Es por estas razones que resulta complejo evaluarla dentro de la carrera científica con el criterio de la publicación. De hecho, el conocido dicho "publicar o perecer" hace referencia a la fuerte dependencia que el logro de publicar puede llegar a tener sobre la carrera científica de un investigador, llegando incluso a veces a desdibujar el objetivo original de las investigaciones.

Es por estas dificultades para el avance de la investigación aplicada que el sistema científico se propuso generar nuevos parámetros de evaluación y equiparar así ambas actividades. El cambio en la metodología de evaluación de los investigadores que se dediquen al desarrollo de tecnología implica que, de ahora en más, podrán ser evaluados por este trabajo y ya no únicamente por la publicación de papers. Es decir que, quienes opten por una línea tecnológica, podrán prescindir de la publicación de artículos en revistas científicas. De esta manera, se busca corregir un vacío en materia de evaluación científica y fomentar la aplicación del conocimiento en el sector productivo.

Por ello, la firma de este convenio es altamente significativa no sólo por la amplia adhesión que recibió por parte de los de organismos del sistema científico- tecnológico, sino también por las posibilidades que abre en cuanto a la aplicación del conocimiento científico en la producción, generando innovación productiva y agregando de valor al ingreso nacional.

La propuesta fue suscripta por los consejos de rectores de universidades públicas (CIN) y privadas (CRUP), el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) y la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) del Ministerio de Educación, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y el Instituto Nacional del Agua (INA), así como la Secretaría de Articulación Científico Tecnológica del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MCTIP) y la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, entre otros.

Como antecedente directo del trabajo que lleva a cabo la Comisión Asesora sobre Evaluación del Personal Científico y Tecnológico -creada por Resolución MINCYT N° 007/12 en el ámbito de la Secretaría de Articulación Científico Tecnológica-, el 8 de septiembre de 2011 se realizó el "I Taller Nacional de Evaluación del Personal Científico y Tecnológico para una Argentina Innovadora" en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En dicho Taller y diversas actividades que lo continuaron fueron identificados una serie de ejes y áreas problemáticas, como la no pertinencia de aplicar criterios de evaluación del personal dedicado a la investigación básica al personal dedicado a la investigación aplicada y al desarrollo tecnológico y social; la diferencia existente entre las distintas disciplinas y la forma en que cada una evalúa a su personal; la dualidad entre la evaluación de trayectorias individuales y trayectorias colectivas; y la distancia entre criterios de calidad académica y criterios de relevancia y/o pertinencia organizacional.

El principal desafío ha sido definir un mecanismo eficaz de evaluación que pondere la generación de conocimiento en sus distintas modalidades y la contribución a la solución de problemas concretos o demandas específicas nacionales, regionales o locales de carácter social o productivo. Para ello, se acordó la conformación de un Banco Nacional de Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social (PDTS) a cargo del Ministerio de Ciencia, en el que se incluirán proyectos previamente reconocidos por su aporte al desarrollo tecnológico y social y su posible transferencia al medio. Será a partir de su participación en dichos proyectos que se evaluará al personal según los nuevos parámetros.

Por todo lo expuesto, Señor Presidente, solicitamos la aprobación del presente Proyecto.