Expresar su repudio a la brutal represión policial que sufrieron vecinos de la ciudad salteña de General Mosconi al reclamar la libertad del dirigente social José "Pepino" Fernández.

Señor presidente:

Desde 1997, José "Pepino" Fernández lidera la Unión de Trabajadores Desocupados (UTD) de la provincia de Salta. Al igual que muchos miembros de esa organización, Fernández es un ex trabajador de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) que, como tantos, perdió su empleo tras la privatización de la petrolera estatal. Además de ello, su caso es un paradigma de la criminalización de la protesta social: se estima que en estos años se han acumulado más de ochenta causas judiciales en su contra.

El pasado 19 de mayo, Fernández participó junto a un centenar de manifestantes en el corte de la ruta 34 para reclamar puestos de trabajo en las empresas petroleras que operan en la zona y la liberación, por parte del gobierno provincial de fondos del Plan Federal de Emergencia Habitacional para pagar los salarios que se adeudan desde febrero pasado a los cooperativistas dedicados a la construcción de viviendas.

En esa ocasión, los participantes del corte impidieron el paso de operarios y maquinarias de la firma Contreras, que realiza trabajos en un gasoducto de la zona y que mantiene incumplida su promesa de emplear a vecinos de Mosconi.

La medida de fuerza fue reprimida por la policía provincial que dispersó a los manifestantes con balas de goma y gases lacrimógenos, los desalojó de la ruta y los persiguió por los montes. Tras ello, la justicia provincial ordenó la detención de Fernández.

La destreza policial para reprimir no se condijo con su capacidad para detectar y detener a Fernández; quien el 26 de mayo pasado -mientras en el país todo resonaban los ecos de la fraterna convivencia con la que se celebró el bicentenario de la Patria- se presentó de manera espontánea ante el Juez de Instrucción Penal Nelson Aramayo que había solicitado su captura.

El magistrado acusó a Fernández de los delitos de privación ilegítima de la libertad y de resistencia a la autoridad, y ordenó su traslado a la comisaría de Tartagal donde aún se encuentra detenido.

Ante la detención del dirigente, el pasado viernes 28 de mayo, los militantes de la UTD volvieron a cortar la ruta 34 para reiterar sus reclamos y exigir la liberación de Fernández.

También volvieron a la ruta las fuerzas policiales con sus pertrechos de balas de goma y gases lacrimógenos. Otra vez hubo represión; pero en esta ocasión se extendió a las calles de General Mosconi, al cementerio de la ciudad y a los montes aledaños, dejando un saldo de varios heridos -entre ellos, mujeres y niños- y un nuevo detenido: el cacique wichi Eduardo Paliza.

Estimamos con justas razones que la protesta social no puede seguir siendo criminalizada y que las fuerzas policiales no deben seguir siendo utilizadas como fuerza de choque para acallarlas. Es por ello que solicitamos a nuestros colegas en esta Cámara la pronta aprobación de este proyecto.