La Honorable Cámara de Diputados de la Nación vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional, previo a tomar una decisión definitiva respecto del "Convenio sobre Ciberdelincuencia", realizado el 23 de noviembre de 2001 en Budapest, Hungría, realice consultas no vinculantes con los gobiernos de los países miembros de la Unión de Naciones Suramericanas -UNASUR- con el fin de conocer la postura de cada uno de ellos, y analizar la posibilidad de establecer una posición consensuada al respecto.

Esta declaración, se considera extensiva a que tal actitud pueda ser adoptada, por parte del Poder Ejecutivo Nacional, antes de la firma, adhesión, ratificación y/o aprobación de cualquier tratado o convenio internacional emanado de países o unión de países ajenos al UNASUR.

Señor presidente:

El pasado mes de octubre de 2010, se recibió la invitación oficial del Consejo de Europa para que la República Argentina inicie el proceso de adhesión a la llamada Convención de Budapest sobre delitos informáticos.

Esta convención es la primera de carácter internacional sobre el tema y fue redactada en 2001 por el Consejo de Europa, junto a Estados Unidos, Canadá, Japón, Costa Rica, México y Sudáfrica.

El objeto principal de la Convención es prevenir los actos atentatorios a la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los sistemas informáticos, redes y datos, así como también al uso fraudulento de los mismos, asegurando la incriminación de dichos comportamientos.

La decisión política de nuestro país inicia un proceso de cambio que requiere la adaptación de algunas normas de derecho interno a las reglas de la Convención, y la posterior ratificación del Congreso Nacional, oportunidad que permitirá el debate político sobre la conveniencia de formar parte de este tipo de sistemas internacionales de cooperación contra el crimen organizado.

Pero previo a ésta última instancia, veríamos con sumo agrado que el Poder Ejecutivo Nacional eleve a consideración de los países hermanos que integran el bloque regional UNASUR, una consulta amplia para conocer la posición de todos ellos al respecto. A través de esa acción consultiva se podrán evaluar las implicancias regionales, culturales, sociales, étnicas, económicas y políticas, como así también la influencia e impacto de tal decisión, antes de celebrar dicho convenio con otros bloques regionales del mundo.

Esta posición, trata de fortalecer la importancia de que cada estado vele por la seguridad integral de sus habitantes y ciudadanos, e insta a realizar todos los esfuerzos de colaboración que sean necesarios para combatir y desarticular el crimen organizado.

No debemos olvidar que los países miembros del UNASUR asumieron la determinación de construir una identidad y ciudadanía suramericanas y desarrollar un espacio regional integrado en lo político, económico, social, cultural, ambiental, energético y de infraestructura, para contribuir al fortalecimiento de la unidad de América Latina y el Caribe. Ello con el convencimiento de que la integración es un paso decisivo hacia el fortalecimiento del multilateralismo y la vigencia del derecho en las relaciones internacionales por un mundo multipolar, equilibrado y justo en el que prime la igualdad soberana de los Estados.

En tal sentido, en el Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas, los países miembros acordaron: "...construir, de manera participativa y consensuada, un espacio de integración y unión..."; "...el fortalecimiento del diálogo político entre los Estados Miembros que asegure un espacio de concertación para reforzar la integración suramericana y la participación de UNASUR en el escenario internacional..."; y en cuanto al diálogo político "...Los Estados Miembros reforzarán la práctica de construcción de consensos en lo que se refiere a los temas centrales de la agenda internacional y promoverán iniciativas que afirmen la identidad de la región como un factor dinámico en las relaciones internacionales...".

Por ello y con el fin de fortalecer tales principios, consideramos de buena práctica que previo a realizar acuerdos con otros bloques regionales, los mismos sean puestos a consideración del UNASUR, y así también sugerir implícitamente a todos los países miembros para que actúen en igual sentido. Y por sobre todo, cuando las normas de procedimiento que se pretenden implementar para salvaguardar a los ciudadanos y combatir delitos, puedan afectar garantías constitucionales y/o los derechos humanos fundamentales consagrados en los distintos tratados internacionales.

Este planteo, se hace extensivo para que el Poder Ejecutivo Nacional considere especialmente, por las razones aquí expuestas, el mecanismo propuesto, llevando a consideración y consenso del UNASUR todo tratado o convenio futuro que pretenda suscribir con un bloque o grupo de países ajenos a nuestro ámbito plurinacional de pertenencia regional para, de esta forma, generar soluciones coherentes y eficaces que tengan en cuenta la situación particular de la región en su conjunto.

Señor Presidente, por todo lo expuesto es que solicitamos la aprobación del presente Proyecto de Declaración.