- Expresar satisfacción por la resolución 28/2016 de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Tucumán mediante la cual se abrirán los archivos judiciales para dar a conocer cómo fueron adoptados y/o dejados en instituciones de menores los niños y niñas que nacieron entre 1975 y 1983, dado que dichos expedientes podrían contener información clave para la búsqueda de desaparecidos durante la última dictadura militar.

- Instar a los Poderes Judiciales de las demás provincias argentinas a tomar medidas en el mismo sentido.

Señor presidente:

La Corte Suprema de Justicia de la provincia de Tucumán, decidió, por primera vez en su historia, abrir los archivos judiciales para dar a conocer como fueron adoptados y dejados en adopción en instituciones de menores los niños y niñas que nacieron entre 1975 y 1983.

La medida fue adoptada a través de la resolución 28/2016. Los años que comprende dicha medida no son casuales. Abarca no sólo la dictadura cívico-militar sino también la etapa previa con la llegada del denominado “Operativo Independencia” a la provincia, que comenzó en febrero de 1975, y donde se inauguraron no sólo los centros clandestinos de detención, sino también los nacimientos se produjeron en dichos centros.

Con ésta decisión, la Corte de la provincia de Tucumán, ordenó el relevamiento de juicios civiles iniciados entre 1975 y 1983 con el fin de buscar datos que permitan identificar a hijos de desaparecidos.

Se tratará de determinar si los expedientes de adopciones y guardas legales apilados en los juzgados del fuero de Familia y Sucesiones contienen información que puede ser útil para la búsqueda de hijos e hijas de desaparecidos, apropiados a través del plan sistemático que llevó a cabo la última dictadura militar.

Por el inmenso aporte que esta medida hace a la búsqueda de la memoria, la verdad y la justicia y la inclusión de mecanismos de reparación a la violación de los derechos humanos durante la última dictadura, es pertinente felicitar la decisión de la Corte Suprema de la provincia de Tucumán.

Asimismo, resulta necesario instar al resto de los Poderes Judiciales de las demás provincias de muestro país a resolver del mismo modo que lo hizo el de la provincia de Tucumán con el fin de lograr una política integral y uniforme que permita la resolución y reparación de los delitos de expropiación de niños y niñas en todo el territorio nacional.

Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen con su firma en el presente proyecto.