Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional, en los términos del artículo 71 de la Constitución Nacional y 204 del Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, para que disponga la inmediata concurrencia de la Ministra de Seguridad de la Nación Dra. Patricia Bullrich a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, a fin de que personalmente brinde explicaciones e informes verbales sobre distintos aspectos vinculados al procedimiento de seguridad realizado por la Prefectura Naval Argentina en el predio Costa Salguero a raíz del evento “Time Warp”, realizado el pasado 15 de abril del corriente, que tuvo el trágico saldo de cinco jóvenes muertos por consumo de estupefacientes. A saber:

1. Informe sobre el pedido de instrucciones que habría realizado el Departamento de Investigaciones de la Prefectura Naval Argentina ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional Federal nros. 6 y 7, respecto de eventuales intervenciones de la fuerza de seguridad en el evento “Time Warp”.

2. Informe las medidas de seguridad y prevención de narcotráfico implementadas por la Prefectura Naval Argentina en el evento “Time Warp”. Adjunte Orden de Prevención librada para la ocasión.

3. Informe los resultados de las medidas implementadas por la Prefectura Naval Argentina en el evento “Time Warp”. Tipo de estupefaciente y cantidad de dosis secuestradas; cantidad de personas detenidas; cantidad de causas judiciales iniciadas. Asimismo informe los resultados de las medidas implementadas por la Prefectura Naval Argentina para otros eventos de la misma naturaleza realizados en el año en curso.

4. Informe si la seguridad privada del evento detectó estupefacientes, en qué circunstancias, cuántas dosis se secuestraron y cuál fue la participación de la Prefectura Naval Argentina ante estas situaciones (supervisión del cacheo, intervención para el secuestro de sustancias, forma y momento de registración del secuestro de sustancias, etc.).

5. En caso de haberse producido secuestro de sustancias, informe a qué hora se registraron los secuestros y a qué hora se comunicó a la autoridad judicial correspondiente. De haberse constatado demora entra la hora del secuestro y la comunicación judicial explique los motivos. Informe, asimismo, el nombre del personal a cargo del secuestro y especifique si se encontraba prestando “Servicio de Policía Adicional”. Indique si se respetó la cadena de custodia.

6. Detalle las actuaciones administrativas dispuestas por el ministerio para la determinación de las responsabilidades del personal de la Prefectura Naval Argentina en este trágico episodio. Asimismo, informe si se tomó alguna medida disciplinaria, o de otro tipo, respecto del personal que intervino en el operativo y que se encuentra bajo investigación judicial.

7. Detalle los contratos de “Servicio de Policía Adicional” suscriptos por la Prefectura Naval Argentina con personas privadas (físicas y/o jurídicas), celebrados en el año en curso. Indique fecha, destinatario, naturaleza del servicio, personal afectado, monto en pesos y procedimiento de autorización aplicable por la fuerza y el Ministerio de Seguridad de la Nación.

8. Informe si la Prefectura Naval Argentina tenía contrato vigente por “Servicios de Policía Adicional” con la empresa Dell Producciones para el evento del 15 y 16 de abril, antecedentes de dichas contrataciones. Indique para cada caso fecha, tipo de evento, lugar de celebración, naturaleza del servicio, personal afectado (adjuntar copia de su respectivo legajo) y monto del contrato en pesos.

9. Informe si el Ministerio de Seguridad de la Nación había realizado un análisis criminal y de inteligencia criminal previo al evento sobre el comercio de estupefacientes.

10. Informe la existencia de protocolos de actuación o instrucciones operacionales especiales para la prevención y control de estupefacientes aplicables para fiestas electrónicas o eventos de previsible consumo masivo de drogas sintéticas. En caso afirmativo, adjuntar documentación correspondiente.

11. Informe la existencia de protocolos de actuación o instrucciones operacionales especiales para el personal de la Fuerza que actúa bajo la modalidad de “Servicio de Policía Adicional. En caso afirmativo, adjuntar documentación correspondiente.

Señor presidente:

Señor Presidente:

El pasado viernes 15 de abril se realizó una multitudinaria fiesta electrónica denominada “Time Warp” en el complejo “Costa Salguero”, ubicado en la zona costanera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Al día siguiente, los argentinos nos levantamos con la trágica noticia de que murieron cinco jóvenes que asistieron a este evento, aparentemente, como consecuencia del consumo de las llamadas drogas de diseño durante la fiesta. Otros cinco jóvenes se encuentran internados en estado crítico, también por motivo de la intoxicación.

Son muchas las instituciones y personas que están siendo investigadas por esta tragedia, en la que convergen responsabilidades de entidades privadas (responsables por la organización, por el predio y la seguridad al interior del establecimiento), responsabilidades graves del gobierno de la Ciudad que detenta la facultad de habilitar y controlar este tipo de eventos, y finalmente del Ministerio de Seguridad de la Nación, ya que la Prefectura Naval Argentina (PNA) es responsable de la seguridad en la jurisdicción portuaria, donde está ubicado el complejo.

De acuerdo con información periodística, la PNA habría intervenido en el operativo de seguridad exterior del evento a través de personal asignado para la prevención, a quienes se habrían sumado también otros veinte efectivos que participaron prestando servicios adicionales. La venta de drogas en la fiesta parece ya un hecho indiscutible, quedan ahora pendientes un sinfín de interrogantes respecto de las medidas instrumentadas por el Ministerio de Seguridad de la Nación y la PNA previo al evento, durante el mismo, y una vez conocido las muertes ocasionadas por la ingesta de drogas sintéticas.

En este sentido, las acusaciones cruzadas entre el juez responsable de la causa y la Ministra de Seguridad de la Nación no hacen más que incrementar la preocupación respecto al desempeño de la fuerza en el evento, las instrucciones del Ministerio para la ocasión y las medidas adoptadas internamente luego de conocido el trágico desenlace. Del intercambio entre las dos autoridades se desprende que la Ministra de Seguridad de la Nación habría intentado interferir en el curso de la investigación acusando a personal del juzgado del Dr. Casanello de indicar a los prefectos que durante la fiesta “no se moleste a los chicos”. Esta acción, como mínimo, equivale a un deslinde de las responsabilidades ministeriales, pero además sugiere el respaldo de la Ministra a la inacción de los prefectos intervinientes en el operativo, cuando es sabido que la venta de drogas sintéticas ocurre regularmente en esta clase de fiestas. En cualquier caso, lo más llamativo de la acusación de la ministra al personal del juzgado es que su presentación judicial fue luego de que el juez de la causa allanara dependencias de la PNA.

El fiscal Federico Delgado, quien tiene a cargo la investigación, planteó que existía una “connivencia” entre el personal de seguridad y la Prefectura que “hicieron la vista gorda” . “Para el fiscal hubo un "tipo de connivencia o coordinación entre el personal de seguridad privada contratada para el evento y el personal de Prefectura Naval Argentina, que "hicieron la vista gorda" para que la fiesta continuara. Porque, claro está, el prefecto Pandiani debería haber actuado en el momento en que llegó a su poder una bolsa llena de sustancias estupefacientes (a las 3 am), y no lo hizo. ¿Podría haber evitado la tragedia? Nunca lo sabremos. Pero sí es una clara muestra de cómo estaban dadas las condiciones para que la fiesta continuara sin importar las consecuencias"” . De acuerdo con información difundida por el periodista Mauro Szeta, habrían pasado 16 horas entre el momento en que la PNA recibe la bolsa y la comunicación a las autoridades judiciales. En el medio, muy llamativamente, la PNA daba intervención a la justicia ordinaria por los primeros jóvenes fallecidos en la fiesta.

En las últimas horas, el fiscal Delgado también se dirigió al Juez Casanello para que “requiera a la ministra (...) Patricia Bullrich, que ordene al jefe de la Policía Federal Argentina que el escrutinio de las pruebas sea una prioridad y que se respete el plazo judicial, que para la fiscalía debe ser de diez (10) días”. El mensaje apunta a la Policía Federal Argentina y busca prevenir que la dilatación de las medidas periciales haga naufragar los resultados de la investigación. El fiscal sostiene que “en los casos en que existen complejos entramados de intereses y complicidades el riesgo latente constante es el encubrimiento de los hechos por acción u omisión”. Y subraya que “el primer paso del encubrimiento nace con el amontonamiento de efectos secuestrados”. Y pide que el dictamen sea leído en su carácter preventivo, esto es, “evitar que la causa se transforme en la crónica de un encubrimiento anunciado” .

De acuerdo con ello, ante la posibilidad de que efectivamente haya habido participación de la PNA para generar una suerte de zona liberada, y debido a la responsabilidad del Ministerio de Seguridad de la Nación en la conducción y el control de las cuatro fuerzas de seguridad federales, es que se formula el presente proyecto.

Lamentablemente, no es la primera vez que la Ministra Bullrich prioriza defender al personal de las fuerzas en episodios sumamente confusos, sin antes preguntarse por la posible responsabilidad de los efectivos en la comisión de un delito y, peor aún, su responsabilidad de controlar primero que eso no ocurra y, si sucedió, que se esclarezca y sancione a quien corresponda. El narcotráfico es un tema en el que las fuerzas de seguridad son parte de problema. Si el Ministerio no toma conciencia de esta dimensión del crimen organizado, lejos estaremos de alcanzar resultados.

En momentos en que el mundo discute los problemas y los dramáticos efectos del enfoque de “guerra a las drogas”, la ministra embandera la consigna. Como nos ha acostumbrado el flamante gobierno nacional en los pocos meses que lleva a cargo del Poder Ejecutivo, la opción por el marketing encubre la falta de diagnósticos y capacidad técnica para el abordaje de temas tan sensibles para nuestra sociedad. En su reemplazo se ofrecen recetas caducas, que por supuesto no resuelven el problema, pero si agravan la autonomía de las fuerzas de seguridad, la corrupción policial e implican una autorización institucional para el uso de la fuerza pública contra los sectores más vulnerables. Mientras el foco se pone en criminalizar a los pobres y estigmatizar las villas y los asentamientos precarios como único espacio donde se comercian drogas, cuando el consumo y la venta corresponde a las clases medias y altas de la sociedad, entonces la Ministra recomienda trabajar en la concientización de los padres y ampara la inacción o complicidad de las fuerzas de seguridad.

Ante semejante tragedia, y la insoslayable complejidad del problema en todas sus dimensiones (como problema de seguridad y también como problema de salud), es necesario que la Sra. Ministra de Seguridad de la Nación comparezca ante la Honorable Cámara de Diputados de la Nación para brindar amplias explicaciones respecto de todo lo sucedido y tal como ha sido indicado en el presente pedido. Es momento de que el gobierno nacional exponga su concepción sobre el problema del narcotráfico y someta su política a la supervisión del Congreso de la Nación y la sociedad en su conjunto.

Por lo expuesto, solicito el acompañamiento de mis pares a fin de aprobar el presente proyecto de resolución.