Diputados
Carlos Daniel Castagneto
Diputado de la Nación
UNIÓN POR LA PATRIA
Período: 10/12/2023 - 09/12/2027
PROYECTO DE RESOLUCION
Expediente: 6562-D-2015
Sumario: EXPRESAR PREOCUPACION POR LOS TERMINOS DE NEGOCIACION ANTE EL JUEZ DEL DISTRITO SUR DE NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, THOMAS GRIESA, QUE LLEVA ADELANTE EL GOBIERNO ARGENTINO CON LOS FONDOS BUITRES, PARA CANCELAR LOS BONOS DE LA DEUDA SOBERANA EN MORA.
Fecha: 16/02/2016
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 170
Proyecto de Resolución expresando
Preocupación por negociación con Fondos Buitres
H. Cámara de Diputados de la Nación
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE
Expresar su preocupación por los términos de la
negociación que, ante el Juez de Distrito Sur de Nueva York, Thomas Griesa, lleva adelante el
Poder Ejecutivo Nacional con los Fondos Buitres con el fin de cancelar los bonos de la deuda
soberana en mora, y cuyo pago exorbitante puede provocar altos costos económicos y sociales
para la República Argentina.
Instar al Poder Ejecutivo Nacional a ajustar los
términos de la negociación conforme a lo dispuesto en las leyes 26.017, denominada "Ley cerrojo";
la 26.984 de Pago Soberano y la 27.207 que declara de orden público los Principios Básicos de los
Procesos de Reestructuración de la Deuda Soberana establecidos en la Resolución N°
A/RES/69/319 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Ratificar, en materia de deuda soberana, la política de
estado sostenida por la República Argentina ante los fondos especulativos de inversión entre los
años entre los años 2005 y 2015, honrando el pago de estas obligaciones en condiciones justas,
equitativas, legales y sustentables, comprendiendo bajo estas condiciones a la totalidad de los
acreedores discrepantes, tenedores de Títulos Públicos de la República Argentina, que no
ingresaron al proceso de reestructuración 2005 y 2010.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República Argentina sufre, hace casi quince años, el
acoso de grupos financieros especulativos, mejor conocidos como fondos buitres, los que mediante
litigios judiciales en tribunales extranjeros, intentan obligar al estado nacional a que les cancele
integralmente el valor nominal originario de los bonos de la deuda soberana en mora, suma a la
que ya han renunciado casi el 93% de los demás acreedores. El actual giro en las negociaciones
que lleva adelante el gobierno que encabeza Mauricio Macri, enciende una luz de alarma y
preocupación sobre las nuevas condiciones en los que se está pactando el acuerdo y las
consecuencias sociales y económicas que tendrán las mismas para nuestro país.
Cuando se declaró el default, la deuda pública
argentina era de 144.453 millones de dólares. Pero a la hora de la asunción de Néstor Kirchner, era
aun mayor. El pico máximo se había registrado en diciembre de 2002, con un equivalente al 166%
del PBI.
En los primeros meses de gestión, el nuevo gobierno
sorprendió con una propuesta de reestructuración de deuda. Se trató de la quita más grande de la
historia, sólo superada más tarde por la reestructuración de la deuda griega.
La propuesta se presentó un lunes 22 de septiembre
de 2003, durante la Asamblea anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) que se llevaba a cabo
en Dubai. El ministro de Economía, Roberto Lavagna, y el secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen,
anunciaron la propuesta de pago de la Argentina a sus acreedores privados. La renegociación
contenía una reducción nominal del 75% del capital de la deuda en cesación de pagos. Nadie
esperaba una quita semejante.
Sin embargo, el anuncio contó además con otra
novedad sin precedentes. Se presentó la idea de tratar de convertir a los acreedores en socios de
los beneficios del crecimiento, lo que se denominó "cupón atado al PBI". Así también se buscó
demostrar la buena fe en el acuerdo ya que se tomaba el compromiso de que si el país crecía por
sobre cierto límite, el Estado compartiría las ganancias con aquellos que ingresaran al canje. A
todos los participantes se les garantizaba que si el país hacía más adelante una oferta mejor,
tendrían la oportunidad de formar parte de la nueva propuesta.
La propuesta estaba basada en la sustentabilidad de la
economía argentina, marcando una fuerte diferencia con los gobiernos anteriores
A esto se sumó la Ley 26.017, denominada "Ley
cerrojo", aprobada por el Congreso Nacional en febrero de 2005, que impedía la reapertura de la
operación y la imposibilidad de una nueva oferta, estrategia que ejerció cierta presión a los bonistas
para empujarlos a entrar al canje. Prohibía al Estado Nacional reabrir el proceso de canje, lo que
implicaba que la oferta no podía ser modificada o mejorada y de efectuar cualquier transacción
judicial, extrajudicial o privada respecto de los bonos sujetos al canje.
Con todos estos elementos, la operación de canje de
deuda finalmente se lanzó en enero de 2005, que tardaría unos meses en concretarse. El grado de
aceptación se conoció a principios de marzo, pero la operación se concretó el 2 de junio de 2005,
luego del visto bueno de la justicia de los Estados Unidos. El anuncio lo realizó el presidente
Kirchner junto al ministro Lavagna. Se había alcanzado un grado de aceptación muy elevado, el
76,07%. De un total de 81.800 millones de dólares, se reestructuraron deudas por un valor de
62.500 millones de dólares de valor nominal, canjeados por nuevos títulos por un nominal
equivalente a 35.500 millones de dólares. El éxito de la operación resultaba evidente. Sin embargo,
habían quedado fuera de la reestructuración unos 20.000 millones de dólares en valor nominal,
entre los que se encontraban gran cantidad de bonistas italianos, fondos de inversión de riesgo y
fondos buitre, quienes seguirán litigando en cortes internacionales.
El 13 de diciembre de 2005, el presidente de Brasil,
Lula da Silva, anuncia que su país cancelará la deuda con el FMI. Dos días después, en la Casa
Rosada, Néstor Kirchner anuncia la cancelación de la deuda con el FMI por unos 9.800 millones de
dólares a pagar con reservas de libre disponibilidad del Banco Central de la República Argentina. Ya
en el 2004 Néstor Kirchner había decidido no autorizar la tercera revisión de un acuerdo firmado
con el Fondo. Consideraba indigno de un gobierno soberano que el organismo revisara los números
del país e hiciera "recomendaciones" de política económica.
La iniciativa de pagar la deuda total con el FMI fue un
hecho histórico para nuestro país e inesperado para el sistema financiero. Los números de los
vencimientos con el FMI llegaban a 5.082 millones de dólares en 2006, 4.635 millones en 2007 y
432 millones en 2008. El pago por adelantado se tradujo en un ahorro en intereses de casi mil
millones de dólares. El 3 de enero de 2006 el gobierno argentino canceló la deuda total por 9.530
millones de dólares.
Luego de la reestructuración de la deuda de 2005, la
cancelación con el FMI fue el paso siguiente en el camino elegido por el gobierno de
desendeudamiento. Lo que se buscaba era conseguir autonomía para dirigir la economía. Las
decisiones de la Argentina y Brasil fueron muy importantes para cambiar las relaciones de fuerza a
favor de ambos estados al incorporar mayores márgenes para la autonomía nacional.
El 22 de octubre de 2009, la Argentina anuncia que
reabrirá la operación de canje, retomando una propuesta lanzada por Citibank, Barclay´s y Deutche
Bank, quienes en 2008 se comprometieron a garantizar una participación de acreedores con bonos
por unos 10.000 millones de dólares. Para lograrlo, el Congreso de la Nación debía aprobar un
proyecto que suspendiera la aplicación de la "ley cerrojo" que impedía reabrir el canje. A mediados
de noviembre, el Parlamento aprobó la norma que suspendió hasta el 31 de diciembre de 2010 la
ley que había cerrado las puertas a los acreedores que no entraron al canje de 2005.
Desde el punto de vista jurídico, debía quedar claro
que la propuesta de reapertura del canje no tenía mejores condiciones para los acreedores que en
el 2005, de lo contrario, podía disparar la cláusula RUFO (Rights Upon Future Offers) que hacía que
todos pudieran volver a entrar. La RUFO estipula que cualquier mejora voluntaria que la República
Argentina realizase sobre ofertas futuras de canje de deuda en default deberá ser reconocida a
quienes posean bonos de los entregados originalmente en el canje de 2005. La cláusula está
presente en el decreto 1735/04 de canje de deuda y fue incluida por el equipo económico para
lograr un mayor nivel de adhesión. Dicha restricción venció el 31 de diciembre del 2014.
La oferta consistía en canjear unos 18.300 millones de
dólares como monto de capital nominal y que aún permanecía en default, pero tomando en cuenta
los intereses hasta diciembre de 2001. A los grandes inversores se les ofreció bonos con una quita
del 66,3% sobre el capital, los bonos Discount. También se otorgaron cupones atados a la
evolución del PBI para los años siguientes. Además, bonos Global 2017 por los intereses caídos
desde 2003. A los minoristas se les ofreció bonos Par, sin quita nominal, y se definió un cupo
máximo de 2000 millones de dólares, con cupones atados al crecimiento. El incentivo mayor fue un
pago adicional en efectivo por los intereses devengados desde 2003.
El nivel de aceptación se anunció el 22 de junio, que
había superado el 66%. En conjunto con la operación del 2005 había ingresado al canje 92,4% de
la deuda elegible en default, que totalizaba 81.800 millones de dólares.
La argentina reestructuró su deuda en un contexto de
crecimiento y desendeudamiento, y sin la asistencia financiera del FMI, en forma sustentable y
habiendo demostrado con creces su capacidad de pago. Con voluntad política y capacidad para
conducir el proceso, se logró una marcada estrategia de desendeudamiento. La deuda pasó de
representar un 166% del PBI en 2002 a menos del 40% del producto cuando terminó el gobierno
de Cristina Fernández de Kirchner.
Habían quedado afuera de reestructuración solo el
7,6% de los acreedores, entre ellos los denominados fondos buitre, cuyo único objetivo es litigar
contra el país. Hay que dejar también en claro que los holdouts no fueron ni siquiera los
prestamistas primarios sino que compraron deuda pendiente, a precios irrisorios, con el único fin
de cobrar a la argentina el valor nominal de la deuda más los intereses acumulados.
Estos fondos compran títulos de deuda de los países
en una situación económica difícil, a precio basura para luego litigar en los foros internacionales e
intentar cobrar la totalidad del valor nominal de esos bonos más los intereses. Por lo general, se
trata de empresas constituidas en paraísos fiscales, y el foco de estos fondos han sido casi siempre
países pobres y con bajos índices de desarrollo humano como Congo, Costa de Marfil, Panamá,
Ecuador o Perú.
A partir de una serie de decisiones tomadas por la
Justicia de los Estados Unidos de América, en el marco de la demanda iniciada por NML y otros
"fondos buitre" por un supuesto incumplimiento de la cláusula pari passu, un 1,6% de los bonistas
lograron dificultar el proceso de reestructuración de los acreedores que representan el 92,4% de la
deuda total. Este ínfimo porcentaje de bonistas no quisieron llegar a un acuerdo con la Argentina
movidos por el interés especulativo de obtener ganancias astronómicas por bonos adquiridos a
precio vil.
Paul Singer fundó Elliot Management Corporation con
1 millón de dólares y hoy administra 23 mil millones. Elliot Management es, a su vez, propietario
de NML Capital, el fondo buitre que consiguió que la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos
no aceptara la apelación argentina durante la disputa. Con la sentencia de la Corte de EEUU hizo el
negocio del siglo: compró bonos por 48 millones y pretende cobrar 1300 y de contado, cosa que
está muy cerca de suceder.
La llamada cláusula "Pari Passu", que figura en la
mayor parte de las emisiones de deuda soberana, significa "un trato igualitario para aquellos
bonistas de un país que entren o no entren a un canje de deuda pública". Establece que ningún
bonista que haya participado de un canje puede recibir un pago sin que el resto, que prefirió
rechazar la oferta, también lo haga. La Argentina quedó expuesta a esta cláusula al realizar el
Canje I, en marzo de 2005, y luego el Canje II, en octubre de 2010. Los fondos Elliot, Aurelius,
Blue Angel y 13 bonistas ganaron el juicio a la Argentina con una sentencia favorable de la Cámara
de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, a cargo del Juez Thomas Griesa.
El problema fundamental es que el sistema financiero
internacional tiene un grave "vacío legal" para tratar las quiebras de los países. Por esto, la
experiencia argentina se transformó en un caso testigo para la comunidad internacional.
Es por esto que, de manera formal e informal muchos
países como Francia, Brasil o México, o expertos como el Premio Nobel de Economía, Joseph
Stiglitz, han apoyado la posición Argentina. También se plasmó el apoyo brindado a la causa
argentina en el G77 + China y en el seno de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Por 124 votos a favor, 41 abstenciones y sólo 11 en
contra, la Organización de Naciones Unidas aprobó el día 9 de septiembre de 2014 la resolución
68/304 que establece la necesidad de crear un "marco jurídico multilateral para los procesos de
reestructuración de la deuda soberana". La Argentina consiguió el respaldo del G-77 más China,
que llevó una propuesta común a la última reunión anual de la asamblea general.
La expectativa de la República Argentina y de los
países que apoyaron la Resolución es la redacción y adopción de una marco legal regulatorio para
reestructuración de deudas soberanas en forma equitativa, justa y legal. Por otro lado, que el pago
de las obligaciones de deuda externa de un país no impidan el desarrollo de su pueblo. Por último,
que se respete la soberanía de los Estados, evitando que las legislaciones de otros países
interfieran entre sí.
Un año después, el 10 de septiembre 2015, la
Asamblea General de la ONU adoptó una nueva resolución por la que establece principios básicos a
tener en cuenta en procesos de reestructuración de deuda soberana y subrayó que acreedores y
deudores deben actuar de buena fe y cooperar para llegar a un acuerdo consensuado. La
resolución, respaldada por el Grupo de los 77 más China, obtuvo 136 votos a favor, 6 Estados
votaron en contra y 41 se abstuvieron.
El texto incluye nueve principios, entre ellos el de que
un Estado soberano tiene derecho a elaborar su política macroeconómica, incluida la
reestructuración de su deuda. Señala también que acreedores y deudores deben llevar a cabo
negociaciones constructivas con el propósito de concluir el proceso de reestructuración lo antes
posible y con transparencia. La resolución establece además que los Estados no deben discriminar
entre los acreedores y alude a la inmunidad de un Estado frente a tribunales extranjeros en estos
procesos. Incluye también un principio de sostenibilidad y aboga por que los procesos de
reestructuración se completen a tiempo y con eficacia, de manera que no pongan en peligro la
estabilidad de los países deudores. Además, establece que los acuerdos aprobados por una mayoría
cualificada de acreedores no deben ser afectados, perjudicados u obstaculizados por otros Estados
u una minoría de acreedores no representativa, que deben respetar la decisión de la mayoría.
Hay que señalar que el Congreso de la Nación, por ley
número 27.207, declara de orden público los Principios Básicos de los Procesos de Reestructuración
de la Deuda Soberana, aprobados el 10 de septiembre de 2015 mediante la Resolución N°
A/RES/69/319 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Pagarle el 100% a los fondos buitre, hacen inviables
todas las reestructuraciones de deuda de los Estados soberanos. Reestructuraciones de deuda en el
futuro entran en una situación de fuerte incertidumbre.
Las reestructuraciones de deuda son un procedimiento
habitual. Desde 1950 se registraron más de 600 casos de canjes soberanos alrededor del mundo.
Con una ley de quiebras internacional como la que disponen las empresas en cualquier país,
Argentina habría puesto fin al default en 2005. Al alcanzar una adhesión del 76% de los
acreedores, el primer tramo del canje ya hubiera sido suficiente para extender las condiciones
financieras a todos los bonistas. La resolución aprobada por la ONU incorpora ese concepto.
Con la llegada al gobierno de Mauricio Macri y su
equipo económico la posición de la República Argentina cambió notablemente. Ya durante todo el
conflicto y en la campaña electoral se había declarado por parte de los actuales funcionarios que un
arreglo con los fondos buitre era necesario en los términos que impone el juez Griesa.
El viernes 05 de febrero en Nueva York ante el
mediador Dan Pollack el gobierno argentino realizó una nueva propuesta de acuerdo judicial a los
tenedores de bonos en default de la deuda pública argentina en donde ofrece pagar 6.500 millones
de dólares, lo que implica una quita del 25% del monto de la sentencia.
La cifra valida una rentabilidad del orden del 1.000%.
Si se confirma el acuerdo, el gobierno recurrirá al endeudamiento externo para obtener los fondos
necesarios para el pago a los fondos buitre.
Se incluyen dos opciones en la oferta. A los fondos
denominados "me too" y el resto de los tenedores de bonos en default, que si bien cuentan con
sentencias no fueron beneficiados por las medidas cautelares pari passu, el gobierno les ofrece 1,5
dólar por cada dólar de valor nominal de sus bonos. Si se contempla que en muchos casos
compraron esos bonos a precio de remate, la ganancia es todavía mayor.
Para el grupo de litigantes que motorizó la demanda
original, la propuesta es todavía mejor. Por los títulos públicos en litigio que obtuvieron sentencias
monetarias previas al 1º de febrero, el gobierno ofrece reconocerles el 70% del monto en
discusión. Cuando se trate de títulos públicos sin sentencia monetaria a comienzos de enero, se les
ofrece el pago del 70% del valor devengado del reclamo. Para incentivar la participación, el
Ministerio de Hacienda y Finanzas propone reducir las "quitas" a 27,5% en aquellos acuerdos de
reestructuración preliminares firmados hasta el 19 de febrero de 2016, inclusive.
Para que el acuerdo quede firme, se deben cumplir
dos condiciones. En primer lugar, la finalización del bloqueo al mecanismo de pago de los
vencimientos de la deuda argentina en el exterior (stay). Y por otra parte, es necesaria la
modificación en el Congreso de la normativa vigente para permitir un pago en mejores condiciones
que las recibidas por la mayoría y habilitar el endeudamiento necesario para concretar la
operación.
La implementación de la propuesta contempla que los
tenedores de títulos que participen de la misma deberán renunciar a todos sus derechos, sumas
adeudadas y acciones judiciales derivados de sus acreencias.
Ahora bien, se trata del pago total de unos 8100
millones de dólares, sumando los fondos buitre más los lobbistas italianos que se hará en efectivo,
ya que en la misma semana se cerró un acuerdo con el lobbista italiano Nicola Stock para la
cancelación de una demanda en el Ciadi mediante el pago de 1.350 millones de dólares, también
en efectivo.
Para obtener esos recursos el país se endeudará con el
sistema financiero internacional. El mecanismo implica emitir nuevos títulos públicos por un monto
nominal mayor que quedarán en manos de las entidades financieras compradoras, mientras que los
dólares recibidos serán entregados a los acreedores litigantes. Ningún acuerdo garantiza que los
inversores que accedieron al canje en 2005 y 2010 no reclamen el mismo tratamiento y
encuentren, como hicieron los buitres, un juez dispuesto a acompañarlos.
Con la reestructuración del gobierno anterior, por el
92,4% se pagó 40.000 millones de dólares en bonos a largo plazo. Y en un proceso de
desendeudamiento. Ahora paga mucho más caro e inició un ciclo de sobreendeudamiento. Como lo
señaló bien Jorge Gaggero " (...) De ser así, la deuda externa actuaría una vez más como el gran
reciclador de las relaciones de poder, ya que unos sectores gozan del crédito y otros lo
pagan".
Para el profesor emérito de la UBA y reconocido
economista, Aldo Ferrer, la oferta argentina debería tener los mismos términos que la de los canjes
del 2005 y 2010, como lo planteó el gobierno anterior. "Cuanto mayor sea el desvío de la próxima
oferta del Gobierno respecto de ese límite, peor será la calificación que merecerán los actuales
negociadores, en términos de la defensa del desarrollo, los derechos y la soberanía de la Argentina.
El contenido del acuerdo revelará la inspiración del actual gobierno respecto de la autonomía de la
política económica y la soberanía", escribió en una nota publicada en el diario Página 12.
Sebastián Soler es un prestigioso abogado
especializado en derecho financiero que analiza la propuesta del gobierno argentino en el litigio con
los fondos especulativos. En entrevista a Página 12, expresó: "Los tiempos de la negociación se
aceleraron porque es necesario un acuerdo para cubrir el fracaso del plan financiero. No hubo una
lluvia de inversiones extranjeras directas, lo que el ministro Prat-Gay había prometido cuando
decidió abrir los controles al dólar. Este ingreso de capitales nunca se produjo, a pesar de que se
subió la tasa de interés y se liberaron los encajes para el ingreso de fondos golondrinas, entre otras
medidas de promoción a la entrada de divisas. Ni siquiera llegaron inversores bursátiles, puesto que
el MerVal se encuentra varios puntos debajo de los niveles alcanzados en diciembre".
Y más adelante explica: "La estrategia de resistir que
llevó adelante el gobierno anterior era lo que correspondía, lo justo, y en algún momento iba a
permitir llegar a un acuerdo infinitamente mejor al que se planteó ahora. Los buitres en el último
año y medio, desde el fallo de Griesa, no cobraron ni un dólar y la Argentina no padeció ninguna
consecuencia explosiva. Incluso pudo encontrar vías alternativas de financiamiento (como los
préstamos de China y las inversiones de Rusia) en un contexto en el que la inflación era más baja
de lo que es ahora y el crecimiento, si bien no era todo lo que se esperaba, estaba por arriba del
actual".
Finalmente, el juez Griesa ha firmado una orden en la
que sostiene que está dispuesto a levantar la restricción que pesa sobre la Argentina para el pago
de la deuda reestructurada. Pero pone como condición para esto que se "se levanten los obstáculos
legislativos" y el pago a "full" con los holdouts que acuerden antes del 29 de febrero.
En lo que respecta a las condiciones para liberar la
"injuction" que se encuentra vigente desde junio de 2014, que impide el pago a los bonistas
reestructurados, pidió el levantamiento de la denominada Ley Cerrojo y Ley de Pago Soberano, y
que el gobierno argentino se comprometa a pagar en "full" bajo los términos acordados con los
holdouts hasta el 29 de febrero.
La ley 26.984 de pago soberano se promulgó en 2014
y declara de "interés público" la reestructuración de la deuda soberana realizada en 2005 y 2010,
"así como el pago en condiciones justas, equitativas, legales y sustentables al cien por ciento de los
tenedores de títulos", y apunta a "preservar el cobro" por parte de los bonistas.
Asimismo, tiene por objeto "implementar instrumentos
legales" para pagar "ante la ilegítima e ilegal obstrucción de los mecanismos de cobro de los fondos
pagados por la República Argentina con fecha 26 de junio de 2014, dispuesta por órdenes judiciales
dictadas por la Corte de Distrito Sur de la ciudad de Nueva York en el marco de la causa NML
Capital Ltd. et al v. Republic of Argentina".
De esta manera, la República Argentina se encamina
hacia un acuerdo injusto pagando a fondos especulativos en condiciones privilegiadas y muy
diferentes al 92,4% restante que aceptó las condiciones de los canjes de 2005 y 2010. Al mismo
tiempo, el gobierno lo hará en el marco de un nuevo endeudamiento externo, revirtiendo el
proceso iniciado por el gobierno anterior de desendeudamiento, crecimiento e inclusión.
Nuevamente habrá que decidir si se apuesta a la economía real, al empleo y la producción o se
elige seguir alimentando un sistema financiero global vorazmente especulativo que amenaza los
cimientos mismos de la gobernabilidad y la democracia.
La Republica Argentina ha venido desarrollando una
estrategia que ha puesto por delante la defensa de los intereses del pueblo y la nación. Es
deseable, a pesar de las señales, que esta posición, cimentada en leyes y decisiones políticas, no se
abandone. Menos aún si esta deserción se produce con el argumento "de permitir que la Argentina
regrese al mercado de capitales".
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en
el presente Proyecto de Resolución.
| Firmante | Distrito | Bloque |
|---|---|---|
| CARMONA, GUILLERMO RAMON | MENDOZA | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ |
| CASTAGNETO, CARLOS DANIEL | BUENOS AIRES | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ |
| SOLANAS, JULIO RODOLFO | ENTRE RIOS | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ |
| SEMINARA, EDUARDO JORGE | SANTA FE | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ |
Giro a comisiones en Diputados
| Comisión |
|---|
| RELACIONES EXTERIORES Y CULTO (Primera Competencia) |
| PRESUPUESTO Y HACIENDA |
Trámite
| Cámara | Movimiento | Fecha | Resultado |
|---|---|---|---|
| Diputados | SOLICITUD DE SER COFIRMANTE DE LOS DIPUTADOS CASTAGNETO, SOLANAS Y SEMINARA (A SUS ANTECEDENTES) |