Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional (PEN) que, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, informe a esta Honorable Cámara sobre la estrategia de “asistencia humanitaria” llevada a cabo por la Cancillería Argentina conjuntamente con el Gobierno de Colombia, en territorio fronterizo entre Colombia y Venezuela, comunicada en las Notas de Prensa n° 270/18, 271/18 y 274/18. En tal sentido, se solicita se amplíe información respecto de:

1. ¿Qué Estado u organismo multilateral declaró la “emergencia sanitaria” a la que el Ministerio de Relaciones Exteriores y culto alude para proceder a su acción?

2. ¿Cómo fue el proceso de solicitud de la asistencia argentina?

3. ¿El Gobierno colombiano declaró de modo formal que sus capacidades nacionales de respuesta fueron superadas ante la “reciente crisis humanitaria surgida en ese límite fronterizo” que menciona el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Argentina?

4. ¿Cuál es el contenido del protocolo documental del acuerdo entre “Los Presidentes Juan Manuel Santos, de Colombia, y Mauricio Macri, de Argentina” para “generar una estrategia de atención médica humanitaria a pacientes venezolanos de Cúcuta y Maicao, tomando como territorio piloto el área metropolitana de la capital de Norte de Santander”?

5. ¿A través de qué documentación el gobierno de Colombia expresó la necesidad de la “ayuda” a la que alude el Sr Ministro Jorge Faurie y el “impacto enorme desde el punto de vista social, educativo y de salud en la zona”? ¿En qué consistiría la misma para aquellas personas que “están sufriendo este exilio y que han quedado del otro lado de la frontera”?

6. ¿El Gobierno argentino está desplegando equipos –que incluyen- “voluntarios” con la intención de alentar la salida de su país a la población venezolana, en base a la oferta de servicios sanitarios?

7. ¿La acción en la frontera contó con la supervisión y la aprobación de los organismos multinacionales humanitarios y de salud pertinentes?

8. ¿De qué manera y ante qué autoridades argentinas y colombianas se acreditaron las competencias profesionales de los “voluntarios expertos” enviados a Cúcuta para desempeñar actividades de “medicina general y especialidades tales como pediatría, ginecología, cardiología, psicología, además de servicios complementarios como laboratorios, imágenes diagnósticas, ultrasonografía y suministro de medicamentos”, “mujeres gestantes y lactantes, y a niños/as menores a 17 años” y eventualmente “otras patologías como HIV, hipertensos, diabéticos, y demás enfermedades crónicas”?

9. ¿De qué modo el primer contingente enviado a la frontera colombo-venezolana, compuesto por “1 médico clínico coordinador, 2 pediatras, 2 tocoginecólogas con manejo de ecógrafo, 1 psicólogo, 1 enfermera, 1 coordinador de la misión y Jefe de logística, y 1 logista” pudo cubrir todas esas especialidades y absorber “una demanda de 200 pacientes por día” y “atender 3 personas por hora aproximadamente por profesional y eventualmente absorber picos de mayor demanda con la ayuda del personal de enfermería”?

10. ¿Quiénes son los “socios de Cascos Blancos del sector privado”, en qué consiste dicha “asociación”, cuál es la documentación que respalda la misma y qué puntos de acuerdo contiene incluye, cuáles son los compromisos asumidos por parte del gobierno nacional hacia el “sector”?

11. ¿Qué autoridades argentinas firmaron el acuerdo con el Ministerio de Salud de Colombia (MSC), “que proveería (al equipo argentino de) unidades móviles sanitarias y un laboratorio de derivación de análisis clínicos, además de otros medios de diagnóstico de baja y mediana complejidad”? Los voluntarios encargados de operar dichos móviles y equipos cuentan con las autorizaciones internacionales para hacerlo y están protegidos por los seguros obligatorios para este tipo de personal humanitario? Dónde quedó asentada la documentación formal correspondiente?

12. ¿Cuál es la función que cumple la “Dirección de Acción Integral del Ejército Nacional” de la República de Colombia en la relación de funcionarios civiles y voluntarios argentinos del sector humanitario?

13. ¿A cuánto asciende el costo del despliegue dispuesto por el gobierno argentino “el desarrollo del piloto, la infraestructura, médicos especialistas, medicamentos, ultrasonografía y los costos logísticos durante las primeras semanas de atención”, con una proyección en el tiempo evaluada en “seis meses, en los cuales se atenderá de lunes a sábado de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.”?

14. ¿Cuáles son los recaudos de “perspectiva de género” en base a los que “trabaja” el equipo del gobierno argentino?

15. ¿Qué tipo de seguro cubre a los miembros argentinos de los dos equipos instalados en el lugar hasta el momento?

Señor presidente:

El pasado 26 de junio los gobiernos de Argentina y Colombia iniciaron una operación conjunta llamada “Unidades de Respuesta Sanitaria Argentina”. Con la carátula de “asistencia humanitaria” a los migrantes que atraviesan la frontera venezolano colombiana. Se utiliza como base un campamento ubicado en Cúcuta, Departamento Norte de Santander (Colombia), en la base del Puente Internacional Simón Bolívar. Dicha acción se lleva a cabo bajo la supervisión de la Comisión de Cascos Blancos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de nuestro país. Tratándose se “estrategia piloto” las autoridades argentinas declararon que más adelante se podrán trasladar a otro sector del país y beneficiar a más migrantes. El propio presidente del organismo de asistencia humanitaria internacional argentino, embajador Alejandro Daneri, afirmó en suelo colombiano y en alusión a ciudadanos venezolanos que “Nosotros vinimos a estar para ellos y con ellos, porque tenemos la convicción y queremos ayudarlos” .

Sin que haya declaración formal de “emergencia humanitaria” en la zona ni tampoco hechos socio sanitarios que superen la capacidad de respuesta de los países implicados, sin pedidos ni consentimiento de parte del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela u organismos humanitarios de Naciones Unidas, el gobierno nacional dispuso un despliegue asociado a sectores privados nacionales y extranjeros sobre territorio venezolano. Allí participan organizaciones de presión política de los Estados Unidos, vinculado con la Central de Inteligencia (CIA) como el Center for Strategic and International Studies (CSIS), una organización de “análisis” internacional que ha ofrecido su cuartel general, por ejemplo, al propio director de la CIA, Mike Pompeo, para que amenace desde allí a Julian Assange y WikiLeaks. Dichos investigadores intervienen en la política interna de nuestro país, al expresar que “la Argentina no ha abandonado su peligrosa adicción al populismo” y que “a pesar del auge mundial de las materias primas (los presidentes Néstor y Cristina Kirchner), dejaron el país al borde de otro colapso, agobiado por una inflación ruinosa, un déficit gigante y reservas de divisas agotadas”, en consonancia con las descripciones del presidente Mauricio Macri y su equipo.

Puede decirse lo mismo de la “Asociación Latino Americana de Medicina Integral” (ALAMI), nucleamiento de las Asociaciones de Entidades de cobertura médica privada, de fuerte relación con la Organización de Estados Americanos (OEA). Durante la presentación que hizo Jorge Faurie rodeado de sus principales cuadros de conducción, ilustra la situación migratoria venezolana con cuadros realizados por el CSIS, en los que se afirma que la “crisis humanitaria venezolana se está ´derramando´” sobre Colombia, Ecuador, Panamá y Perú.

A partir de dos resoluciones de su Asamblea General (46/182 de 1991 y 58/114 de 2004) la Organización de las Naciones Unidas asumió cuatro principios que deben ser respetados en cualquier acción humanitaria: Neutralidad, Humanidad, Imparcialidad e Independencia Operativa. Los mismos fueron incorporados a sus protocolos de acción por la mayoría de las organizaciones no gubernamentales que operan en ese campo.

Por otra parte, la Reforma Humanitaria impulsada por los organismos del propio sistema de la ONU con el objetivo de mejorar la capacidad de la respuesta humanitaria, previsibilidad, rendición de cuentas y capacidad de asociación entre actores estatales y no gubernamentales, plantea la necesidad de que el país afectado proceda a la declaración del estado de emergencia y al reconocimiento de que sus capacidades de respuesta a los problemas derivados de la misma fueron rebasadas para, recién después de presentadas esas dos circunstancias, lanzar el llamamiento a la asistencia humanitaria internacional.

Los antecedentes muestran que el operativo argentino en la frontera colombo venezolana, dista de cumplir los principales “principios humanitarios” que deben respetar una misión definida como “humanitaria”, teniendo en cuenta, en particular que, a juicio de Naciones Unidas, “Los actores humanitarios no deben tomar partido en las hostilidades y en las controversias de orden político, racial, religioso o ideológico”. Todo lo contrario al proceso de toma de decisiones específicas del presidente Macri y su canciller Faurie. Con el agregado de utilizar en la maniobra a argentinas y argentinos que decidieron contribuir con sus saberes y su compromiso y terminaron formando parte de una acción regional, encabezada por el gobierno de los Estados Unidos, la Central de Inteligencia y el Comando Sur de ese país y de la Organización de Estados Americanos presidida por Luis Almagro, hoy fuertemente enfrentado a Venezuela.

En realidad, la operación “humanitaria” se inscribe en el compromiso de la gestión Macri con los intentos del presidente Donald Trump de avanzar incluso con opciones militares sobre Venezuela, agregando nuevos hitos a la diplomacia cañonera que llevó a su país a invadir militarmente naciones soberanas como Granada (1983) y Panamá (fines de 1989) y al jefe de su IV Flota, contraalmirante Joseph Kernan, a amenazar con navegar las “aguas marrones” de los ríos soberanos de Latinoamérica, ante el firme rechazo de los entonces presidentes de Argentina, Cristina Kirchner, y Brasil, Lula da Silva.

La vicepresidenta Gabriela Michetti, en representación de Macri, junto a los mandatarios de Brasil, Michel Temer; Colombia, Juan Manuel Santos, y Panamá, Juan Carlos Varela, escuchó de Trump en persona durante una cena realizada en septiembre del año pasado, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, el pedido de “mayor coordinación” con los “países amigos” presentes, para enfrentar a Venezuela.

La vicepresidenta avaló la postura de Trump; enmascarada en la “defensa de los derechos humanos” en esa nación hermana sostuvo que “la posición de nuestro Gobierno fue desde el inicio muy firme con la condena a la violación de derechos humanos, falta de elecciones libres y la transparencia en Venezuela”. Al mismo tiempo prometió que la gestión de Macri “va a mantenerse en la misma línea”. Ese es el marco en que el dispositivo Cascos Blancos se instaló en Cúcuta, como un paso más de las coincidencias logradas en Nueva York, de acuerdo con la propia funcionaria al reconocer que “coincidimos en todo momento con Temer, Santos y Varela”, y sostener que su gobierno “va a mantenerse en la misma línea”.

En ese contexto es difícil que la misión cumpla con otro de los apotegmas humanitarios, el de independencia operativa, que exige autonomía de los objetivos políticos, económicos, militares o de otro tipo que influyan sobre las zonas en las que se ejecuten medidas humanitarias. Antes bien, parece un ficha de los intentos permanentes de Washington, su Comando Sur y sus aliados de generar modelos de intervención subsidiarios de la “Doctrina de Seguridad Nacional” de dramáticas consecuencias para los países de Latinoamérica, una maniobra reconocida por el propio jefe del Comando Sur, Almirante Kurt Tidd, en su documento “Golpe Maestro” y refrendada en agosto del año pasado en la reunión de Lima en la que se fijaron nuevas estrategias para “enfrentar amenazas militares” y “atender” la situación venezolana y de la que participaron jefes militares argentinos.

Los aprestos se complementan con la decisión de los países encabezados por la propia Argentina, Colombia y Brasil de no reconocer las elecciones llevadas a cabo en Venezuela, el pasado 21 mayo pasado.

La situación parece presentar una acción que, lejos de formar parte de una operación de asistencia humanitaria, fraterna y latinoamericanista, constituye una herramienta injerencista decidida desde un polo de poder suprarregional, que no busca mejorar la situación de las poblaciones afectadas sino contribuir al descrédito, aislamiento y desestabilización de una Nación soberana y constitucionalmente organizada, utilizando los recursos del Estado Nacional y, lo que agrava la situación, a expertos que, de modo voluntario o profesional, se interesan por el trabajo sanitario.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto.