Su profunda preocupación ante la posible fusión de las empresas Cablevisión y Telecom Argentina, la cual -de producirse- daría lugar a un nivel de concentración mediática y de telecomunicaciones a todas luces violatoria del derecho a la comunicación y la libertad de expresión, de acuerdo a los valores establecidos en tratados internaciones con rango constitucional.

Señor presidente:

El pasado 30 de junio los directorios de las empresas Cablevisión Holding y Telecom Argentina aprobaron un Compromiso Previo de Fusión, el cual será puesto a consideración de las respectivas asambleas de accionistas y de las autoridades competentes. En caso de resultar aprobado, Telecom Argentina “absorberá” a Cablevisión Holding.

Esta fusión no puede ser comprendida en su verdadera dimensión si no se tiene en cuenta que se trata de una operación que daría lugar a la concentración de empresas de medios y telecomunicaciones más grande que se conozca hasta aquí.

La razón es que Cablevisión Holding es una firma cuyas acciones se reparten entre el Grupo Clarín (60%) y Fintech (40%), del mexicano David Martínez. Pero Fintech es a su vez la dueña de Telecom Argentina, desde que en marzo de 2016 el gobierno de Mauricio Macri aprobó la compra de la telefónica, tras eliminar las barreras legales que existían en la descuartizada Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

En definitiva, los mismos socios -Clarín y Fintech- pasarán a conformar, de ser aprobada la fusión, la primer empresa del país en condiciones de ofrecer el servicio de cuádruple play -telefonía fija, móvil, televisión por cable e internet-. Ello, además del diario de mayor tirada del país, las principales radios y canales de aire, Papel Prensa y tantas otras cosas.

Como señala el especialista Martín Becerra, esta fusión configura un escenario de “concentración extrema”. En caso de ser aprobada -algo que se da por descontado en ambos directorios-, el nuevo jugador de la escena comunicacional “será el mayor de la Argentina y concentrará el 42% de la telefonía fija; el 34 por ciento de la telefonía móvil, el 56 de las conexiones a Internet por banda ancha fija, el 35 de conectividad móvil y el 40 de tv paga. Estos porcentajes son más elevados en las zonas de mayor poder adquisitivo y concentración demográfica del país” .

Becerra sostiene que “la fusión expresa un hito en la concentración de los mercados de información y comunicación de la Argentina y supera todos los niveles previos, que ya eran elevados. La prédica del gobierno del presidente Mauricio Macri acerca de inyectar mayor competencia en los sectores de la comunicación queda así expuesta a un sonado fracaso, pues en lugar de agregar nuevos concurrentes su política estimuló la fusión de los actores industriales dominantes (que en varios de los segmentos exhiben comportamientos anticompetitivos). Los nuevos niveles de concentración serían motivo de intervención de autoridades de defensa de la competencia en cualquiera de los países europeos o de América del Norte que suelen citarse como ejemplo de políticas serias” .

En un sentido similar se expresó el destacado periodista Sebastián Lacunza, quien también alerta sobre los niveles de concentración que podría generar esta fusión, a contramano con la normativa antimonopólica de la mayoría de los países del mundo. “Si sólo la presencia de Clarín como multimedios habría estado lejos de superar las regulaciones antritrust vigentes en Estados Unidos, Canadá, Alemania o Francia, su dimensión actual [tras la fusión] llega a provocar asombro en diplomáticos extranjeros” .

El problema de fondo es que la concentración mediática representa un límite fáctico y una grave amenaza para la libertad de expresión y el ejercicio del derecho a la comunicación.

Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha dicho que "los medios de comunicación tienen un innegable poder en la formación cultural, política, religiosa, de todos los habitantes. Si estos medios son controlados por un reducido número de individuos, o bien por sólo uno, se está, de hecho, creando una sociedad en donde un reducido número de personas ejercen el control sobre la información y, directa o indirectamente, la opinión que recibe el resto de las personas. Esta carencia de pluralidad en la información es un serio obstáculo para el funcionamiento de la democracia. La democracia necesita el enfrentamiento de ideas, del debate, de la discusión. Cuando este debate no existe o está debilitado debido a que las fuentes de información son limitadas, se ataca directamente el pilar principal del funcionamiento democrático” .

En la misma línea y más específicamente, la CIDH entiende que “los monopolios u oligopolios en los medios de comunicación masiva representan un serio obstáculo al derecho de todas las personas a poder expresarse y a recibir información. Uno de los requisitos fundamentales del derecho a la libertad de expresión es la necesidad de que exista una amplia pluralidad en la información. El control de los medios de comunicación en forma monopólica u oligopólica, afecta seriamente el requisito de pluralidad en la información. Cuando las fuentes de información están seriamente reducidas en su cantidad, como es el caso de los oligopolios, o bien existe una única fuente, como los monopolios, se facilita la posibilidad de que la información que se difunda no cuente con los beneficios de ser confrontada con información procedente de otros sectores, limitando de hecho, el derecho a la información de toda la sociedad” .

Por todos estos motivos deseamos expresar nuestra honda preocupación ante la posibilidad de que el Gobierno nacional -a través del ENACOM y la Comisión de Defensa de la Competencia- aprueben esta fusión, que sería realmente gravosa para nuestro país.

No podemos dejar de mencionar que abona esta preocupación el hecho de que la gestión que encabeza el Presidente Macri ha tomado decisiones de dudosa legalidad para beneficiar al grupo Clarín. En palabras de Lacunza, “Mauricio Macri demoró días en barrer con la ley antimonopólica a través de un DNU. Sería sólo el comienzo. Al cabo de 19 meses, el Ejecutivo de Cambiemos brindó al emporio de las (tele) comunicaciones una transferencia de recursos legislativos, administrativos y monetarios que no registra antecedentes ... Al citado DNU que desbarató la reducción de su presencia se sumaron la inconsulta renovación de licencias, la compra de Nextel para acceder a una banda de 4G sin el pago de centenares de millones de dólares que había costado a la competencia, y la entrega del negocio del fútbol” .

Como se puede observar, estamos ante la posibilidad de que se concrete un nuevo perjuicio al pueblo argentino, con el sólo objeto de aumentar el ya escandaloso nivel de riqueza y poder de algunos miembros del empresariado del país.

Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de Declaración.